Desde comienzos de abril el país vecino atraviesa una renovada fuente de tensión en materia de memoria, verdad y justicia a medida que se conocen las diversas iniciativas del gobierno nacional, el Congreso y la administración de justicia, todas ellas tendientes a beneficiar, en el marco de la pandemia del coronavirus, a los detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1990. La avanzada en este proceso de impunidad la protagoniza, hasta ahora, la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Santiago que, el pasado jueves 9 de abril, dio a conocer su sentencia respecto a la revisión de un fallo de 2017 por el que habían sido condenado 17 represores. La nueva sentencia absuelve a 8 condenados y rebaja las penas a los 9 restantes. “Esto es un nuevo piedrazo directo a la cabeza de los familiares de las víctimas”, afirmó a ANDAR Alicia Juica, hija de Mario Jesús Juica, uno de los casos tratados en la causa.

ANDAR en Chile

(Agencia) Los 17 condenados que acaban de resultar beneficiados por la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile habían recibidos penas de prisión en la sentencia de primera instancia dictada el 21 de julio de 2017. En aquella ocasión se los había declarado culpables, en distintos grados de responsabilidad, por 16 casos de secuestros y un homicidio ocurridos en Villa Grimaldi.

Ahora, la nueva sentencia absuelve a 8 de ellos (Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Hermon Alfaro, Pedro Betterlich, Claudio Pacheco, Orlando Torrejón, Orlando Altamirano y Eusebio López) y le baja las penas de prisión al nuevo plazo de 3 años y un día a Ricardo Lawrence, Jorge Andrade, Juan Morales Salgado, Ciro Torré, Sergio Escalona, Juvenal Piña, Jorge Díaz, Gustavo Guerrero y Gladys Calderón. Todos integraron, durante la última dictadura chilena, la Dirección de Inteligencia nacional (DINA).

La decisión, tomada por el ministro Juan Cristóbal Mera, la ministra Mireya López Miranda, y el abogado Cristian Lepin Molina, de la sala 8, será llevada a la instancia superior, el tribunal de Casación, tal como adelantó uno de los abogados de las querellas, Francisco Bustos, para quien “esto es muy parecido o causa una sensación de impunidad”.

Este retroceso en la búsqueda de justicia, memoria y verdad en Chile se enmarca en una serie de iniciativas que tienden a consagrar la impunidad de los autores de los crímenes de lesa humanidad que ya recibieron penas o que todavía cursan procesos penales. Desde las últimas semanas se intenta aprobar una ley que permita el dictado de prisión domiciliaria o alternativas de morigeración a la pena de prisión para aquellas personas que estén próximos a cumplir condena o integren grupos de riesgo frente al Coronavirus.

Esa discusión permanece trabada porque un grupo de legisladores oficialistas reclaman, para su aprobación, la inclusión de detenidos por crímenes de lesa humanidad, algo que no sólo es rechazado por organismos de derechos humanos y familiares por la naturaleza de los delitos sino que también, señalan, carece de fundamentos sanitarios: las únicas dos cárceles en la que hay represores alojados no tienen problemas de sobrepoblación.

El presidente Sebastián Piñera ha tomado partido, manifestando que los condenados por delitos contra la humanidad tienen “derecho a la muerte con dignidad” y autorizando a su ministro de Justicia a revisar las solicitudes de indulto presidencial. De allí que el escenario en el que se inscribe la sentencia de la Sala 8 de la Corte de Apelaciones de Santiago preanuncia un grave retroceso en materia de justicia y derechos humanos, más aun con las condiciones adversas que la pandemia y las medidas de distanciamiento social generan para la movilización popular y el reclamo frente a la impunidad.

Cabe destacar que en Chile aún permanecen detenidas -pero sin causas penales en curso- centenares de personas que fueron capturadas por las fuerzas de seguridad en el marco del estallido social iniciado en noviembre de 2019. De allí que los reclamos de organizaciones sociales y de derechos humanos para la liberación de esas personas están siendo utilizados por los genocidas condenados para recibir la excarcelación o, en todo caso, la prisión domiciliaria.

En diálogo con ANDAR, Alicia Juica, hija de Mario Jesús Juica Vega -una de las víctimas de la causa penal sobre la que se acaba de pronunciar la Corte de Apelaciones de Santiago- manifestó que “ya la sentencia de primera instancia, dictada en 2017, había generado nuestro rechazo por el monto de las penas, por la carátula de los delitos que se juzgaron y por la demora de tantos años para la obtención de justicia por los crímenes padecidos por nuestros familiares. Ahora, esta nueva sentencia representa, directamente, un piedrazo a la cabeza, un golpe demoledor que no es sólo para nosotros sino para todos los pueblos latinoamericanos, para toda la humanidad”.

Mario Jesús Juica fue un dirigente gremial y trabajador municipal de una comuna de Santiago y militante del Partido Comunista. Tenía 34 años cuando fue secuestrado por la DINA y trasladado a Villa Grimaldi. Sin embargo, de acuerdo a la investigación realizada por Alicia y la familia, no está del todo claro dónde fue la última vez que alguien lo vio con vida: “Hay un testimonio judicial de un hombre ligado a la DINA que, cuando le exhibieron fotos de mi padre, lo identificó como a uno de los que estuvieron en el centro de exterminio Simón Bolivar, por donde pasó la mayoría de la dirigencia del PC”, detalló Alicia.

“Estamos viviendo un nuevo deterioro emocional con esta sentencia que absuelve a la mitad y le baja las penas a los otros. Son penas insignificantes y que se cumplirán en sus propios domicilios. Es un shock tremendo porque además se produce en este contexto de cuarentena total en el que no podemos ni siquiera salir a protestar, movilizarnos, y la sensación es terrible. Pero como siempre hicimos y hacemos, nos volveremos a levantar para que no prospere la impunidad”, concluyó.

Por su parte, la titular de la Unidad de Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, Francia Jannet Pizarro, afirmó a ANDAR que el el proceso de impunidad en Chile atraviesa un renovado impulso y describe como “cómplice de los crímenes que se cometen desde la fuerzas del estado a un sector importante de la Justicia. Desde el estallido social de fines del año pasado, se persigue y castiga a los jueces que absuelven y liberan a chicas y chicos que participaron en las revueltas populares. Los habeas corpus y las medidas de amparo no prosperan, en general” señala.

Y concluye: “Los nietos de los perseguidos, ejecutados y detenidos durante la última dictadura están luchando hoy en las calles por una sociedad más justa, y han sido detenidos y torturados, mientras que los asesinos de sus padres y sus abuelos están siendo liberados por esa justicia cómplice y su pacto soterrado para la impunidad de los genocidas”.