El martes y el miércoles de esta semana se realizaron nuevas audiencias en el juicio a los genocidas de la Armada en Bahía Blanca. Se realizó la ampliación indagatoria de uno de los imputados y declararon solamente 3 testigos; otros dos testigos no pudieron ser ubicados.

ANDAR en Bahía Blanca

(HIJOS Bahía Blanca) El  martes 21 por la mañana se realizó la ampliación indagatoria al imputado Gerardo Alberto Pazos. Pazos, al igual que los demás imputados, negó cualquier participación en los delitos que se le imputan, aduciendo que llega a Puerto Belgrano luego de cumplir con misiones en medio Oriente en enero de 1977. Dice que su unidad no tenía nada que ver con Baterías, y que se encontraba distante de la misma por varios kilómetros. A pesar de ser jefe de la Central de Operaciones de Combate y jefe de Operaciones de Inteligencia relató que su actuación tuvo que ver con el marco del posible conflicto con Chile.

Aseguró que nunca supo de ningún plan criminal, ni de acciones clandestinas o ilegales. Igualmente enmarcó sus actos dentro de la obediencia debida y el cumplimiento de su deber, y dejó sentado que según su opinión, éstos no son los jueces naturales que deberían juzgarlo, sino jueces militares. A pesar de su alto cargo en la Armada Argentina, Pazos, sin ponerse colorado, dijo que se enteraba de las desapariciones de personas, “enfrentamientos”,  etc, “leyendo los diarios de la zona”.

Por la tarde, el primer testimonio fue el de José Ítalo Gariffo, ex conscripto en la Base Naval del Batallón de Comando en el año 1976. Refirió haber recibido instrucción como soldado, en caso que se produjeran “ataques”, que consistían en ejercicios físicos variados, como también les enseñaban a “cubrirse del enemigo” y practicaban tirándose de camionetas en marcha o entrando violentamente por puertas y ventanas. Como jefes recuerda dos personas, Ferrer y Vita.

Relató varios operativos en los cuales le tocó participar, como uno muy grande en la localidad de Azul, en donde revisaron todo el pueblo, casa por casa. No sabe si hubo detenidos, pero sí que buscaban a alguien. Otro de los operativos en el cual estuvo, fue en Rio Colorado, donde también buscaban personas.

El segundo testigo fue Mario di Giorgio, citado por el caso Aedo Juárez. Di Giorgio era oficial de prefectura, conocido de Juárez y fue quien lo acompañó a entregarse a la Base Naval Puerto Belgrano, dejándolo en el Puesto nº 1. Juárez quien era Concejal en Punta Alta para marzo del 76, en su testimonio había contado que estaba siendo buscado, habían allanado sus casas y decidió ir a entregarse para que le expliquen su situación. Allí quedó secuestrado en el Buque 9 de Julio, luego lo trasladaron al Batallón 181. Posteriormente lo blanquearon pasándolo a Villa Floresta y terminó  su encierro en la cárcel UP 9 de La Plata, siendo liberado un año después de su secuestro, oportunidad en que lo acompañó Di Giorgio.

El jefe inmediato de Di Giorgio era el imputado Pila, y relató que nunca más intentó averiguar por su conocido, que no le preguntó a ninguno de sus jefes, que nunca más supo nada y que cuando liberaron a Juárez lo volvió a ver, pero nunca más hablaron del tema. Ante la reticencia a las preguntas, tanto del tribunal como de la Fiscalía, el Fiscal José Nebbia señaló  que el ocultamiento de información configura un delito y solicitó que se lo envíe al juzgado de turno para que se lo investigue y que el tribunal determine si es necesaria la detención del testigo.

Se pueden presenciar los juicios en Colón 80

El miércoles 22 por la mañana declaró un solo testigo, propuesto por la Defensa. Se trata de Eduardo Luis Lainati, un militar retirado Teniente de Navío que actualmente es docente del Instituto de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Las preguntas, como especialista en la materia, estuvieron dirigidas a especificar los alcances del sector de Inteligencia y contrainteligencia. Ante la consulta de sobre quiénes se ejercía la contrainteligencia contestó que sobre todos los actores que participaban de la Armada, quienes quisieran vincularse con ella, las visitas, tanto oficiales como comunes, etc., para proteger la defensa de la institución detectando “actividades sospechosas para la Armada”. Esta contrainteligencia se aplicaba también sobre los conscriptos en esa época, y en este juicio se está tratando de establecer el paradero de cuatro conscriptos secuestrados y desaparecido  mientras hacían el servicio militar en la Base Naval Puerto Belgrano.

Declaró conocer lo que pasaba en el país en la alegada “lucha contra la subversión” pero no estaba dentro de su ámbito, y tampoco supo señalar en el ámbito de quién estaba. Siendo que la inteligencia era prioritaria en esas operaciones, desde la querella la Dra Mirta Mantaras pidió al tribunal que se pasen las actuaciones al juzgado para investigar el falso testimonio Lainati, que el testigo estuvo 12 años en la fuerza. La Fiscalía adhirió al pedido y el tribunal deberá decidir sobre su investigación y eventual detención.

Las próximas audiencias del 5 y 6 de mayo serían las últimas en cuanto a testimoniales, y luego se procederá a hacer las inspecciones oculares en la Base Puerto Belgrano y Base Baterías de Punta Alta, donde funcionaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de personas durante la última dictadura.