Tras casi dos años de audiencias, este jueves concluyó el juicio oral y público llevado a cabo por el Tribunal Oral Federal 8, con asiento en Comodoro Py, en el cual se ventilaron graves delitos como el de asociación ilícita, violación a la ley de inteligencia, extorsión, lavado de activos, coacción y tenencia ilegal de armas. El principal imputado, Marcelo D’Alessio, fue condenado a 13 años y 6 meses de prisión, y también recibieron condenas un comisario retirado de la Policia Bonaerense, espías y financistas que se dedicaban a armar causas penales para amenazar a sus víctimas y obtener beneficios económicos. Para la instrucción de la causa, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, había pedido colaboración a la CPM para que, en virtud de su experiencia con el archivo de inteligencia de la ex DIPPBA, analizara la documentación secuestrada en la casa de D’Alessio. Los informes elaborados por el organismo resultaron fundamentales para el avance de la causa.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) El juicio que acaba de concluir arroja luz sobre una de las causas más relevantes y paradigmáticas de los últimos años respecto a las prácticas de inteligencia ilegal, persecución política, y utilización de bases de datos oficiales de acceso restringido con fines personales e ilícitos. A instancias del TOF 8 –integrado por los jueces Sabrina Namer, Nicolás Toselli y María Gabriela López Iñiguez-, el falso abogado Marcelo D’Alessio y otros cinco imputados resultaron condenados con penas que van desde los 13 años y 6 meses a los 3 años de prisión condicional.

La asociación ilícita que quedó verificada en el debate operaba a partir de la “obtención, producción y/o almacenamiento de información sobre la vida de diversas personas”, particularmente con la utilización de bases de datos de acceso restringido a las que tenían acceso mediante la colaboración de agentes estatales.

Es esa imbricación entre particulares, estado e inteligencia ilegal la que fue examinada y analizada por parte de la CPM y por pedido expreso del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, luego de valorar la expertise técnica del organismo y su vasta experiencia de trabajo con el archivo de inteligencia de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

En efecto, el 22 de febrero de 2019 el magistrado había solicitado a la CPM que analizara la documentación secuestrada en la casa del procesado Marcelo Sebastián D’Alessio. La información remitida correspondía a material obrante en la causa.

A partir del peritaje de esa acervo, la CPM notificó al juzgado sobre las prácticas de inteligencia ilegal realizadas por D’Alessio: acceso a información sensible no pública de organismos estatales, realización de seguimientos a distintas personas sin orden judicial y las denominadas técnicas “de ablande” con el objeto de coaccionar personas para posibles actos extorsivos. El destino de esas actividades concluía con la incorporación de estos testimonios en causas que investigaban hechos de corrupción.

“De manera planificada recopiló, procesó, analizó y sistematizó información con enunciados fines tácticos o estratégicos. El ciclo de inteligencia realizado contuvo una planificación, una fase operativa de reunión informativa, un análisis de la información recolectada, su sistematización y la posterior difusión a los destinatarios de dicha actividad de inteligencia”, estableció aquél informe.

Y concluyó: “Los hechos que se investigan en la causa revisten una enorme gravedad institucional ya que muestran el funcionamiento de uno o varios grupos que desplegaron actividades de inteligencia prohibidas, que solo pueden llevarse a cabo por parte de los organismos públicos habilitados por las leyes vigentes. Cualquiera de las hipótesis que se acrediten en la causa, la pertenencia de D’Alessio a alguna agencia estatal de inteligencia o seguridad, o la posibilidad de que no pertenezca a ninguna de ellas, configuran hechos que vulneran la institucionalidad democrática y los principio republicanos del estado de derecho”.

En octubre de 2019 la CPM entregó al magistrado un nuevo informe en el que se “confirma la participación de Marcelo D’Alessio en estas tareas de inteligencia, reconoce el hallazgo de nuevos indicios sobre posibles vínculos con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), y advierte que en el esquema operativo se involucraba a actores de la justicia provincial y federal e incluso a periodistas”.

Y uno de los puntos novedosos de ese informe constataba que las actividades ilegales de inteligencia desplegadas por D´Alessio, junto a otros ex agentes, tenía entre sus objetivos principales influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación, además de la existencia de un dispositivo recurrente de publicación de la información que se obtenía de acciones ilícitas de vigilancia y espionaje.

Con respecto al juicio que acaba de concluir, cabe destacar que se ventilaron hechos ocurridos entre julio de 2016 y febrero de 2019, y en sus audiencias se produjo una gran cantidad de prueba documental además de la realización de 106 declaraciones testimoniales.

Además de D’Alessio, fueron condenados el comisario retirado de la Policia Bonaerense Ricardo Oscar Bogoliuk -9 años y 6 meses de prisión y Rolando Hugo Barreiro -6 años de prisión-; los financistas Marcelo González Carthy de Gorriti –3 años de prisión condicional-, Pablo Leonardo Bloise -3 años de prisión condicional- y Aldo Eduardo Sánchez -3 años de prisión condicional-. Los otros tres imputados -Norberto Aníbal Degastaldi, Franco Leandro Pini y Mariano Rubén Díaz Strunz- resultaron absueltos.