En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció mediante un habeas corpus colectivo las inhumanas condiciones de alojamiento que padecen las personas detenidas en la comisaría sexta de Bahía Blanca. Durante la inspección, que dio origen a la acción judicial, se detectó también deficiente provisión de comida, falta de colchones y ropa de cama, exceso de humedad y falta de calefacción, entre otros aspectos del deterioro edilicio y las gravosas condiciones materiales en el encierro. La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca, Natalia Giombi, dio curso a la acción y ordenó medidas urgentes, entre ellas el traslado de la mayoría de los detenidos a las unidades penales 4 y 19.

Así como con la alimentación, los problemas que padecen los detenidos se extienden al resto de las condiciones del alojamiento en la comisaría: hacinamiento y sobrepoblación (hay cuatro colchones en dos calabozos y, en general, permanecen detenidas alrededor de 10 personas); no hay acceso a espacios verdes ni de recreación, padeciendo extensos e ilegales períodos de aislamiento; la ventilación y la iluminación son deficitarias o directamente inexistentes, según el sector de la dependencia.

Esa enumeración no agota el listado de problemas padecidos por los detenidos: no existe un plan de evacuación anti siniestros ni protocolos de emergencia, los servicios sanitarios son obsoletos, en muy mal estado y con pésima higiene, y en ocasiones se dificulta el derecho a recibir visitas de familiares.

En su denuncia de este escenario gravoso la CPM solicitó a la magistrada interviniente que se realice una constatación de forma personal y directa respecto a las condiciones materiales de detención denunciadas. También que se designe un perito arquitecto o ingeniero civil a fin de constatar el estado de la dependencia, y un perito trabajador social para que realice un informe socio sanitario, entre otros especialistas. Por último, que se garantice la comunicación familiar efectiva y se prohíba el ingreso de nuevas personas a la dependencia, ordenando el traslado inmediato a ámbitos habilitados y dignos cercanos a los domicilios familiares.

Finalmente, el 10 de julio la jueza interviniente -la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Bahía Blanca, Natalia Giombi- se presentó en la comisaría y constató casi todos los extremos denunciados por la CPM en el habeas corpus colectivo.

Si bien contempló que el deterioro edilicio de la comisaría sexta y de las demás dependencias policiales de Bahía Blanca no puede adjudicarse a las autoridades actuales como resultado de su propia voluntad, no puede negarse que esas condiciones “repercuten negativamente y en forma exponencial cuando existe una situación de hacinamiento”.

En este sentido, la magistrada mencionó que de la consulta a los informes diarios que remite la Superintendencia de Seguridad Sur surge que el promedio de alojados en la comisaría sexta es de diez personas y en muchos casos los detenidos están en condiciones se ser alojados en la alcaidía departamental o en el sector de población común de una unidad penal.

Como efectos negativos del estado de la comisaría enumeró la falta de recursos para asegurar un aceptable alojamiento, descanso, alimentación, higiene, salubridad, privacidad, seguridad, comunicación y visitas a los detenidos, situaciones que deben ser enmendadas mediante la vía del habeas corpus.

Por todo eso, la jueza dio lugar al trámite de habeas corpus de la CPM y ordenó el traslado urgente de dos detenidos con prisión preventiva a celdas comunes de la unidad penal 4 o la 19 de Bahía Blanca, y el traslado de otros siete a la alcaidía de la UP 4; reduciendo así drásticamente el nivel de sobrepoblación en la comisaría sexta.

También notificó al comisario que, hasta que no sean resueltos los traslados ordenados, continuaría vigente la prohibición de nuevos ingresos a la dependencia, y encomendó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires la elaboración de un plan de acción tendiente a recuperar los espacios de alojamiento de las dependencias cuyos calabozos se encuentran clausurados.

Para controlar el cumplimiento de lo dispuesto y avanzar en posibles soluciones de largo plazo, la magistrada fijó como fecha de nueva audiencia el 30 de julio a las 9:30; participarán funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otras agencias estatales provinciales y la CPM en su carácter de actora.