Un fallo histórico del Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a 14 agentes y funcionarios penitenciarios por la tortura seguida de muerte de Argentino Pelozo Iturri, ocurrida en 2008 en la Unidad Penitenciaria 9 de la provincia patagónica. “Hay ocho condenas a perpetua y otras penas muy significativas para funcionarios jerárquicos. El fallo reconoce que la tortura es una práctica sistemática, generalizada y arraigada en el servicio penitenciario”, remarcó el abogado querellante Rodrigo Borda de la Procuración Penitenciaria de Nación.

ANDAR en Neuquén

(Agencia Andar) Argentino Pelozo Iturri murió el 8 de abril de 2008, tres días después de haber ingresado a la Unidad Penitenciaria 9 de Neuquén. La primera autopsia dijo que había sido una muerte súbita. El informe médico forense presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) en 2012 reveló que Pelozo murió por las torturas recibidas: “Hemorragia severa y letal en el cerebro, combinada con cuadro asfixia mecánica, dice esa pericia. El patólogo de la primera autopsia no estudió ni la cabeza ni los pulmones”, precisa el abogado de la querella, Rodrigo Borda, tras la finalización del juicio.

Una primera autopsia adulterada, testigos que declararon con miedo y el testigo principal, el que vio cómo torturaron a Pelozo en la sala de sanidad de la UP 9, ni siquiera llegó al juicio: después de recuperar su libertad por una causa armada y de que lo retiraran del sistema de protección de testigos, apareció muerto a puñaladas en un descampado de Buenos Aires. Ninguno de los intentos por encubrir el delito pudo garantizar la impunidad.

Diez años después, el celador Carlos Vergara y los agentes de requisa Orlando John, Pablo Ángel Muñiz, Pablo Sepúlveda, Javiel Pelliza, Daniel Romero, José Lorenzo Retamal y José Quintana fueron condenados a perpetua por el delito de tortura seguida de muerte. La decisión del Tribunal Oral Federal de Neuquén coincidió con el pedido que había hecho la Procuración Penitenciaria de Nación y el fiscal federal neuquino, Miguel Palazzini.

“Es un mensaje contundente contra la práctica de la tortura en las cárceles, que es sistemática y generalizada, y el fallo lo reconoce”, dice el abogado de la PPN, al momento de evaluar la sentencia. Y agrega: “También hay penas muy significativas para funcionarios jerárquicos; eso pinta la verdadera dimensión de la tortura en el encierro: no es una conducta por iniciativa personal o por perversidad de los agentes, es una práctica arraigada y rutinizada por el servicio penitenciario”.

El director de la UP 9, Héctor Ledesma, fue condenado a seis años y seis meses de prisión, el subdirector José Roberto Sosa a seis años y el jefe de requisa Daniel Ricardo Huenul a siete años. Todos imputados por omisión de evitar el delito de tortura seguida de muerte y falsedad ideológica.

Por su parte, el jefe de la Región Sur del SPF, Gabriel Grobli, cumplirá una pena de seis años por encubrimiento doblemente agravado. Las dos condenas restantes son para el personal médico de la cárcel por omisión de denuncia del delito: el médico Juan Carlos Heredia recibió una pena de cuatro años y el enfermero Miguel Ángel Carrilao de tres años y seis meses.

De los 15 agentes y funcionarios penitenciarios que llegaron a juicio, sólo uno fue absuelto, el médico Mario Leiría.

“Esta condena debe servir para tener una verdadera dimensión de la tortura y los actores que hacen posible estos delitos primero y aseguran su impunidad después. El diagnóstico es indispensable, de lo contrario vamos a estar muy lejos de construir políticas públicas para erradicar la tortura”, cerró Borda.

La planificación de la muerte

El 5 de abril de 2008, tres días antes de su muerte, Argentino Pelozo Iturri, conocido como El Rengo, fue trasladado de la cárcel de Ezeiza hasta la UP 9 de Neuquén. El juez que tenía a cargo su causa nunca se enteró. Antes del traslado, a modo de despedida, fue brutalmente golpeado.

Pelozo llegó marcado y en Neuquén lo esperaban para cobrarse una venganza: supuestamente, había sido parte de un motín con rehenes en esa cárcel varios años antes. No había ninguna prueba sobre eso. Una comitiva de agentes penitenciarios le dio la bienvenida: cuando cruzó la puerta fue recibido con golpes y patadas; después, lo desnudaron y lo manguerearon con agua fría por un buen rato. Finalmente, lo dejaron en la celda 1 del pabellón 10.

Tres días después, el 8 de abril, fue la segunda sesión de tortura. Según quedó constancia en el juicio, a las 11 de la mañana, el celador Carlos Vergara y agentes de requisa entran a la celda de aislamiento y comienzan a golpearlo con los escudos y bastones, lo tiran contra el suelo y las paredes. Los detenidos alojados en las celdas contiguas escuchan los ruidos de golpe y los pedidos de Pelozo: “No me peguen más, me van a matar”, decía.

Entre ocho y diez agentes lo trasladan mediante golpes con puños y palos, puntapiés y ahorcamientos hasta el servicio de Sanidad. Allí continuaron con la violencia, incluso frente al médico y el enfermero. Luis Abella, un detenido que en ese momento estaba en sanidad, declaró cómo fue torturado: sobre un banco de la sala de espera continuaron pegándole con golpes de puños, patadas y bastonazos, después se pararon sobre su cuello para asfixiarlo. Abella era un testigo clave, pero no llegó al juicio.

En medio de esa sesión de tortura, Argentino Pelozo entró en paro cardíaco, intentaron reanimarlo y lo trasladaron a un hospital cercano. Murió al poco tiempo de llegar.

La impunidad que quisieron construir

“La impunidad se construye. Y es multidisciplinaria, tiene que ver con los médicos que ponen que los presos mueren solos. Con un patólogo, el de la primera autopsia, que dice que no vio nada cuando había claro signos de asfixia en los pulmones. Tuvimos que atravesar por muchos obstáculos, pero lo pudimos revertir”, sintetiza el abogado Rodrigo Borda.

La primera autopsia que se realiza sobre el cuerpo de Pelozo arrojó que murió de muerte súbita por causas no determinadas. Ese fue el inicio de una cadena de complicidades y encubrimientos. “Los testigos también fueron amenazados y eso está reconocido en el expediente. Los detenidos que rompieron ese pacto tácito de silencio recibieron algún tipo de vuelto, incluso después de haber declarado en este juicio”, remarca el abogado de la PPN.

La muerte de Luis Abella, el testigo principal, merece una mención aparte. Abella, tras testimoniar cómo mataron a Pelozo en la enfermería, recuperó la libertad e ingresó al sistema de protección de testigos. Estando protegido, le inventaron una causa en la provincia de Buenos Aires. Después de estar preso varios años, llega a juicio y reconocen que fue una causa armada. “Al tener una causa nueva, le quitaron la protección. Cuando lo liberan, después del juicio, aparece muerte en un descampado”, recuerda Borda. Ese caso sigue impune.

Una autopsia adultera, los jefes penitenciarios que garantizan el encubrimiento, testigos amenazados, uno muerto. Si la investigación avanzó, y hoy hay una condena, fue por el impulso de la Procuración Penitenciaria de la Nación y del fiscal federal Miguel Palazzani. Ellos consiguen que se realice una segunda autopsia. Esa pericia empieza a develar la verdad: Argentino Pelozo Iturri murió por las torturas que sufrió el 8 de abril de 2008.

Diez años después, la lucha por la verdad y la justicia fue más fuerte que los intentos por consagrar la impunidad.