La CPM expresa su repudio y preocupación ante el violento desalojo de cientos de  familias ocurrido en la localidad de Abasto y la privación del acceso a la justicia de las víctimas y de las organizaciones e instituciones intervinientes.

ANDAR en La Plata

(CPM-Agencia) Se trata de un hecho de inusitada gravedad institucional en que se evidencia la criminalización de la pobreza y la violencia institucional ejercida tanto por las fuerzas policiales como la justicia.

Durante el desalojo no se garantizó el acceso a la defensa ni el derecho a la asistencia consular de ciudadanos bolivianos, ni se dio intervención a la asesoría de menores e incapaces

Como ya fue expresado por la CPM, las decisiones tomadas tanto por la fiscalía, el juzgado de garantías y la cámara de apelaciones omitieron el respeto de derechos humanos fundamentales priorizando intereses económicos particulares por sobre el sentido social de la tierra y habilitaron la intervención represiva.

Incurrieron en serias irregularidades. No se garantizó el acceso a la defensa ni el derecho a la asistencia consular  de ciudadanos bolivianos, ni se dio intervención a la asesoría de menores e incapaces. Al mismo tiempo se desconoció la decisión del juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Dr. Luis Arias, quien ordenó la suspensión del desalojo.

En el marco del brutal represión del día de hoy fueron detenidas 13 personas, entre ellas uno de los abogados que estaba interviniendo en defensa de las familias.  La CPM a primera hora del día presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata y se dirigió a la comisaría Nº 7 de Abasto para constatar la situación de los detenidos. Lo cual fue impedido arbitrariamente. En ese contexto resulta inadmisible que el Juez de Garantías no haya dispuesto medidas elementales de protección de los detenidos, puesto que ni siquiera dispuso la audiencia para conocer su situación.

Resulta particularmente alarmante la carencia de incidencia de las modalidades políticas de resolución de los conflictos mediante el diálogo y el acuerdo, y que haya primado la violencia y represión por parte del Estado, en particular de la Justicia.

Creemos imprescindible una investigación a fondo sobre el accionar de la justicia, plagado de irregularidades, y de las fuerzas de seguridad, que sin ninguna duda vulneraron los derechos humanos elementales.