Los y las vecinas se organizaron a partir de la expulsión que sufrían los vecinos en las playas del sur, linderas al faro. Hicieron volanteadas, sombrilleadas y movilizaciones donde informaban a los veraneantes respecto a sus derechos sobre la estadía y permanencia en las playas. Este año la indignación subió cuando los tractores que trabajaban para la concesión de un balneario destruyeron un monumento en memoria de los asesinados en la masacre de Luna Roja. Qué lograron y qué falta hacer para disfrutar del derecho al mar.

ANDAR en Mar del Plata

(Agencia Andar) Mar del Plata, la ciudad más visitada por el turismo interno para veranear en la provincia. Tiene casi 50 kilómetros de playa, un recurso fuertemente explotado que a la vez se encuentra muy poco protegido y con un acceso restringido. Los vecinos y la comunidad, sobre todo de la zona sur, se organizaron hace años y trabajan para ir instalando el tema del cuidado y acceso a los recursos naturales y turísticos en la ciudad.

Empezaron juntándose para llegar a la playa en grupos grandes de varias familias y poder instalarse, en un lugar que es público, sin que quienes lo concesionan los saquen. Avanzaron en organización, hoy se nuclean en el grupo Espacios Públicos que forma parte del colectivo Faro de la Memoria. “Venimos con una serie de presentaciones como siempre respecto a los accesos a la playa y el espacio de la orilla. La situación no cambió mucho”, se lamenta Karina Huarte, una de las integrantes y fundadoras del grupo que tiene la lupa puesta en el derecho a nuestras playas.

#tenemostodo es el hashtag con que se promociona el turismo para la ciudad que tiene la posibilidad de ofrecer distintas alternativas playeras desde el centro hasta los acantilados, el problema es el acceso. Los y las vecinas intentan que el estado se haga cargo de sus funciones de control sobre las concesiones que administran los balnearios.

En diciembre el conflicto estalló cuando una topadora que trabajaba para la concesión de la playa Luna Roja destruyó el monumento que recodaba la masacre ocurrida en esas playas durante la dictadura militar. “Lo que pasó detonó el enojo de los vecinos, con esa situación se despertó una memoria latente en la comunidad y saltaron a la vez muchas irregularidades de una concesión que está hace 10 años y que le está faltando el respeto a los vecinos”, dice Huarte.

Los puentes que unen diversos sectores de playa pública en Luna Roja.

Mediante una nota al Concejo Deliberante y a la directora general de Recursos Turísticos se denunciaron estas situaciones y al movimiento de tractores en la reserva forestal sumaron que las entradas a la playa pública son precarias y sin accesibilidad universal, los puentes que unen sectores de la playa peligrosos y sin normas de seguridad, hay cables eléctricos a la vista, los baños públicos están cerrados y abandonados y se construyeron sobre la arena cabañas para alquiler.

“Los turistas deben conocer sus derechos y si no tienen que tener un lugar donde poder hacer estas denuncias”, señala Huarte. Por eso desde el grupo de Espacios públicos pasaron de ser una asamblea a conformarse como una asociación civil con el objetivo de promover y proteger derechos.

A partir de las denuncias que realizan y reciben pudieron ir trabajando algunas situaciones, y si bien lograron instalar la defensa del espacio en la comunidad y muchos turistas consideran que desde la gestión estatal y la explotación privada no hubieron buenas respuestas ni mejoras.  Hay más boliches y fiestas sobre la playa sin seguridad ni control, hubieron muertes por derrumbes en sectores peligrosos sin señalizar, hay deforestación, y no se cumplen requisitos mínimos para la explotación del recurso, enumeran desde el grupo. “El estado tiene que tener un control más profundo sobre los recursos y mas rígido respecto de las concesiones y de los usurpadores del espacio”, sentencia Huarte.