El Juzgado de Garantías 2 de La Plata ordenó ayer la detención de los policías bonaerenses Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, imputados por los delitos de torturas y falsedad ideológica. Están acusados de haber participado, junto a otros efectivos, de una feroz represión en el interior de la comisaría 2 de Ensenada durante la madrugada del 21 de octubre de 2024. Esa noche, entre 30 y 40 policías de diferentes comisarías gasearon y dispararon a quemarropa con postas de goma a los detenidos, los golpearon salvajemente con tonfas, palos y otros elementos, los desnudaron, los patearon en el piso y los abusaron sexualmente. La investigación se produjo a partir de una denuncia de la Comisión Provincial por la Memoria, Mecanismo local de prevención de la tortura, que viene señalando graves hechos de tortura en esa comisaría desde el año 2019. Estos hechos se reiteran en otras comisarias bonaerenses donde se continúan alojando regularmente personas de manera ilegal y muestran las graves violaciones de derechos humanos que la policía despliega cotidianamente en los territorios. La práctica sistemática de la tortura es parte constitutiva de las prácticas policiales, sin que se hayan planteado erradicar las políticas de seguridad.

ANDAR en la justicia

(Por CPM) Adriana Cecilia Ponce era la titular de la comisaría 2 de Ensenada. Ángel Daniel Barrientos, el segundo jefe, ambos las máximas autoridades del establecimiento. Leandro Ignacio Altamiranda era el imaginaria de calabozo. Los tres fueros imputados por los delitos de tortura y falsedad ideológica de documento público. Ayer el juez Eduardo Silva Pelossi, del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata, ordenó la detención de Ponce y Altamiranda. Barrientos ya esta detenido por un hecho similar en la UP 26, al ser condenado en diciembre de 2024 por una feroz requisa en una comisaria de Berisso.

Los hechos por los que fueron imputados ocurrieron la madrugada del 21 de octubre de 2024. Según el requerimiento de detención presentado por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, ante una protesta de los detenidos por las condiciones de detención, los efectivos de la policía bonaerense ingresaron en la zona de calabozos y desataron una “excesiva y desproporcionada” represión.

A partir de allí se sucedieron una serie de torturas que se extendieron a lo largo de la madrugada y duraron hasta el amanecer. Tras ingresar a los calabozos, los policías dispararon a quemarropa contra los detenidos escopetas con postas de goma, detonaron granadas de gas lacrimógeno y lanzaron a corta distancia chorros de agua con alta presión y gas pimienta. Todo esto en un contexto de completa oscuridad ya que previamente les habían cortado la electricidad.

Una vez que los detenidos fueron reducidos y se encontraban totalmente indefensos, fueron obligados a pasar a la celda de contraventores. De a uno lo detenidos tuvieron que pasar en medio de dos hileras de policías (práctica de tortura conocida como «puente chino») y continuaron castigándolos con patadas y golpes con puños y objetos contundentes.

Luego los desnudaron y les sujetaron las manos por las espalda con precintos. Los colocaron boca abajo con la cara contra el piso, encimados unos con otros. Allí los efectivos policiales continuaron golpeando y amenazando de muerte a los detenidos. Llegaron incluso a apoyar y frotar la tonfa en las partes íntimas de los detenidos, los amenazaron con accederlos sexualmente con ella y los obligaron a que se besaran entre sí sus partes íntimas, incluso a un detenido que se había defecado producto de los golpes.

Tras tomar conocimiento de los hechos los equipos de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se hicieron presentes en la comisaría, entrevistaron a los detenidos, y realizaron un primer informe técnico que acompañó la denuncia penal por torturas. Previamente, el Subsecretario de Derechos Humanos del Municipio de Ensenada, Carlos Dabalioni, se había constituido en la comisaria y entrevistado a las personas a las que vio muy afectadas por los hechos padecidos. La rápida intervención del funcionario municipal fue muy importante por los aportes realizados en la investigación.

La decisión tomada ayer por el juez Silva Pelossi incluye además una imputación por falsedad ideológica de documento público. Esto se debe a que tras la feroz represión y la aplicación de torturas, los imputados falsificaron el acta en el que dejaron registro de los hechos sucedidos, “insertando aseveraciones falsas con las que pretendieron justificar sus acciones y brindar una aparente explicación a las lesiones producidas a los internos, documentando entre otras falsedades que los mismos poseían armas de fabricación casera, que tenían la intención de evadirse de la Comisaría, y que habían iniciado una reyerta entre ellos que incluyó agresiones recíprocas”.

Los hechos ocurridos en la comisaría 2 de Ensenada no constituyen un episodio aislado sino que forman parte de un sistema de gobierno que la CPM ha denunciado de manera extendida en los últimos años, que no no solamente alcanza a cárceles sino que también está presente en la comisarías bonaerenses. En ese sistema de gobierno la tortura sigue siendo sistemática.

Así lo demuestran los casos de la comisaría 3 de La Tablada, con hechos de tortura ocurridos entre 2019 y 2020, y por el cual fueron condenados 14 policías bonaerenses; y el de la comisaría del Domselaar con hechos de tortura ocurridos entre 2015 y 2016, cuyo juicio debía arrancar hace unas semanas pero fue aplazado.

En el caso de la comisaría 2 de Ensenada, uno de los efectivos policiales imputado, Ángel Daniel Barrientos, se encuentra actualmente detenido ya que fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público, por hechos cometidos en fecha anterior en la Comisaría 4ta de Berisso en marzo de 2018. Este caso muestra como la lentitud de la justicia y la falta de intervención adecuada y efectiva de la Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, permite que policías denunciados por graves violaciones de derechos humanos, continúen cometiendo los mismos delitos, amparados en la impunidad.

Sólo estos hechos alcanzan como muestra para señalar, una vez más, que la tortura en el encierro sigue siendo una práctica sistemática que es necesario erradicar con políticas especificas para prevenir, sancionar y asistir a las víctimas de estos graves delitos.