En representación de la Asociación Civil Red Corrientes de Derechos Humanos, la abogada Andrea Vilalta interpuso, al comienzo de esta semana, una acción de habeas corpus correctivo colectivo y un pedido de no innovar en favor de todos los varones privados de su libertad que aún estén alojados en la UP 1 de la Capital –cuyo edificio será próximamente desafectado de su función carcelaria- y de aquellos que ya hayan sido relocalizados –de forma desorganizada y sin planificación- en la nueva sede de la UP 1 que lleva por nombre Complejo Penitenciario de San Cayetano. El escrito aclara que no se cuestiona la construcción de la nueva unidad penitenciaria sino las formas y condiciones en que se está llevando a cabo el traslado “desconociendo por completo las causas que motivan la urgencia”.

ANDAR en Corrientes

(Agencia) Lo que debía representar un mejoramiento en la infraestructura y condiciones de detención con la nueva Unidad Penal 1 de Corrientes (construida en la ciudad de San Cayetano y en reemplazo del viejo edificio de la capital provincial), terminó siendo un factor de denuncia por parte de la Asociación Civil “Red Corrientes de Derechos Humanos” en favor de los detenidos que ya fueron trasladados y los que están próximos a ser relocalizados.

Se estima que, desde comienzos de septiembre, fueron “depositadas” en la nueva unidad penal unas 200 personas cuando no todos los pabellones se encuentran habilitados.

No se produjo, entonces, la distinción de delitos por los que fueron condenados, las calificaciones de conducta y concepto, ni la fase en la que se encuentra cada detenido en función del régimen de progresividad penitenciaria.

“Esta convivencia forzada por largas horas ociosas en ese espacio de alojamiento, ya que por el momento no hay funcionamiento de ninguna de las áreas educativas, productivas ni de acompañamiento y contención (psicológica, religiosa o social), afecta a la dignidad de las personas, genera irritabilidad”, señala el habeas corpus, que advierte por el surgimiento de un foco de conflictividad importante que debe ser corregido a la brevedad.

La intervención de la asociación civil surge por la urgencia injustificada y la falta de previsión para el respecto de los derechos de los detenidos con los que se está llevando a cabo la relocalización.

De allí que al habeas corpus correctivo colectivo no solo denuncia el agravamiento de las condiciones en la nueva unidad penal sino que también exige la prohibición de innovar para que los detenidos que aún permanecen en la vieja sede de la UP 1 no sean trasladados hasta tanto se organice la nueva cárcel.

“La reubicación de la población penal se está llevando delante de manera IMPROVISADA, INTEMPESTIVA y DESARTICULADA (…) y no se ha resuelto el funcionamiento de áreas esenciales como educación, trabajo y accesibilidad al lugar, desconociéndose por completo las causas que motivan la urgencia”, afirma el escrito.

Entre las cuestiones problemáticas, se destaca: condiciones generales de alojamiento, con el cese de actividades favorables al fin resocializador de la pena como los regímenes laborales y educativos; la falta de alimentación suficiente y adecuada, con denuncias de personas que pasan hambre desde hace varios días; la rotura, por parte del personal penitenciario, de las cámaras de los teléfonos celulares de los detenidos, imposibilitando así las video llamadas y afectando severamente el derecho a la vinculación familiar en tiempos de pandemia.

También señala la prohibición, dispuesta por las autoridades de la nueva unidad penitenciaria, para el ingreso de visitas bajo el argumento de falta de organización del dispositivo de control; imposibilidad que enfrentan los familiares para entregar mercadería apta para cocinar o alimentos ya elaborados; y la falta de medios de transporte, que generará mayor aislamiento y ruptura de lazos sociales y familiares.

“Este panorama así descripto configura un horizonte de aislamiento e invisibilidad respecto al resto de la ciudadanía, y representa un peligro cierto ante situaciones de conflicto”, afirma el habeas que agrega, en torno a las distancias, la necesidad de que el estado garantice la defensa de derechos fundamentales a través de la labor profesional de abogados y abogadas en el nuevo predio.

En sus peticiones, la Asociación Civil Red Corrientes de Derechos Humanos solicita la realización de la audiencia –prevista en el artículo 10 de la ley provincial 5854- en las dependencias de la nueva unidad penal 1, a fin de que el tribunal interviniente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional realice directamente la inspección del lugar y la entrevista con los internos.

Para la producción de prueba, se propone el pedido de información al Ministerio de Seguridad provincial –del que depende el Servicio Penitenciario de Corrientes- respecto a los certificados de finalización de obra, así como el funcionamiento de suministro de alimentos a través de la empresa Shonko, especialmente las comunicaciones remitidas a esa empresa respecto a la actualización de la cantidad de raciones de comida.

También el requerimiento de “la nómina actualizada de personas ya trasladadas (con indicación del área o pabellón donde hayan sido instalados, su calificación en concepto y conducta, la fase del régimen de progresividad penitenciaria en que se hallan, y el delito por el cual cumplen condena) y como también el programa detallado (fecha, hora, identidad del interno, calificación, delito, fase, pabellón de destino) a implementar hasta la reubicación total de la población de varones condenados”.