Mendoza y Chubut encabezan el ranking de provincias que criminalizan la protesta y mantienen presos a sus manifestantes. Los hermanos Facundo y Renzo Gollano son dos de los 13 detenidos del violento operativo de represión en la Ciudad de Mendoza, que incluyó gases y balas de goma contra quienes protestaban por el proyecto minero San Jorge. Estuvieron presos en el Polo Judicial y luego en el Penal de San Felipe durante diez días, hasta que la jueza de Garantías Mirna Montaldi ordenó su liberación, a pocas horas de la Nochebuena. En tanto, menos suerte tuvieron Mauricio Naum Vargas y Damián Díaz, cuyas condenas por su participación en el Chubutazo fueron ratificadas el pasado 18 de diciembre por la Cámara en lo Penal de Trelew. Andar repasó sendos casos de presos políticos en Argentina.

ANDAR en las provincias

(Agencia Andar) “El Chubutazo fue sostenido por pibes de barrios pobres, con trabajos precarios, esta condena es contra la población más plebeya de Rawson, la minería de uranio sobre el Río Chubut es nuestra única fuente de agua en la provincia”, dijo el periodista y activista Iván Marín en abril, cuando se conoció la sentencia contra quienes participaron de aquella jornada de protesta. En diciembre de 2021, el pueblo chubutense salió a las calles para reclamar en contra de la aprobación de una nueva Ley de Zonificación Minera, por parte de la Legislatura provincial. La misma habilitaba exploración y explotación de minerales en zonas de la meseta central. Esto fue y es repudiado fuertemente por activistas, comunidades locales y organizaciones ambientalistas debido a los riesgos que genera para el ecosistema y los recursos hídricos. Esta movilización, que se extendió por casi una semana, logró un hito: el 21 de diciembre de 2021 la ley fue finalmente derogada y su aplicación suspendida tras la presión social sostenida.

Aunque gran parte de la movilización fue pacífica, la desproporcionada presión policial y el ambiente de rechazo, derivaron en actos de violencia, incendios e ingreso a edificios públicos, como la Casa de Gobierno, el Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura y otras dependencias estatales. Aquello llevó a que la Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de Chubut inicie una investigación sobre ocho personas. Seis de ellas resultaron culpables en un primer proceso judicial, en abril de este año, y su imputación fue ratificada hace algunos días. Una de las dos personas absueltas, Lautaro Martínez, se habría quitado la vida un día antes de conocer su sentencia. El caso fue encuadrado por los jueces Alejandro Gustavo De Franco, César Marcelo Zaratiegui y Roberto Adrián Barrios en los delitos de daño agravado, incendio intencional y hurto agravado, con penas que van desde un año de prisión condicional hasta cuatro años de cumplimiento efectivo.

En su resolución, la Cámara confirmó la responsabilidad penal de todos los imputados, apoyándose principalmente en registros audiovisuales, testimonios policiales y pericias sobre la vestimenta y rasgos físicos. Lucas Espinoza Andrade fue condenado por daños agravados contra un móvil policial. Damián Andrés Díaz fue hallado responsable de daños agravados contra oficinas de la Procuración General. Lourdes Molina Leguiza recibió una condena por daños agravados tras considerar acreditada su participación en destrozos contra edificios públicos. Nicolás Alejandro Díaz fue condenado por hurto agravado por llevarse un bidón de agua del Superior Tribunal de Justicia. La Cámara descartó el argumento de estado de necesidad planteado por la defensa, al considerar que las imágenes no evidenciaban una situación de urgencia extrema ni los efectos de gases lacrimógenos. El caso de mayor gravedad fue el de Mauricio Naum Vargas, condenado a cuatro años de prisión efectiva por incendio en concurso real con hurto agravado. El fallo sostiene que su participación quedó acreditada a partir de filmaciones que lo muestran ingresando a edificios públicos durante los incendios y retirando bienes.

En el cuarto aniversario de los hechos, la confirmación de las condenas reactiva las discusiones sobre criminalización de la protesta, el uso de pruebas policiales y el rol del Poder Judicial ante conflictos sociales de alta intensidad. El viernes 19 de diciembre se procedió a las detenciones, caratuladas como caso de “crimen peligroso”, por lo que incluyeron allanamientos a cargo de una brigada especializada. Esto habla del nivel de gravedad con el que el Estado decidió encuadrar el caso desde un inicio. “En este momento están detenidos en la Comisaría Primera de Trelew con cumplimiento de pena efectiva”, comentó Noelia Silva, activista ambientalista y comunicadora social que acompañó a los imputados en todo el proceso.

Damián Díaz, a pesar de recibir una pena de un año, se vio obligado a hacer un cumplimiento efectivo porque tenía una pena en suspenso que se le caía en enero. “Ahora lo que sigue es un recurso de casación para apelar la sentencia y seguir las instancias en el Superior Tribunal de la Provincia”, contó Silva desde una asamblea extraordinaria llevada a cabo el sábado 20. “Desde lo legal, deberíamos recurrir directamente a instancias federales porque esto está claramente viciado políticamente”, apuntó Lucas Espinoza, uno de los imputados.

“El proceso fue agotador”, comentó Espinoza y agregó: “Era evidente la corrupción judicial. Incluso un perito presentado por la propia fiscalía dijo que no era totalmente verificable que fuéramos las personas acusadas. Teníamos expectativas en la última audiencia porque los jueces parecían indignados frente a las irregularidades”, contó Espinoza. “Allanamientos ilegales, problemas con la cadena de custodia, prendas que estaban dentro de cajas que nunca se abrieron y que incluso algunas estaban rotas como si las hubiesen manipulado. Pero finalmente, también fallaron en nuestra contra”, sentenció.

Como si todo esto fuera poco, los manifestantes iniciaron acciones legales porque la persecución que padecieron llegó a hechos de tortura. El 29 de octubre, se conoció el fallo de la jueza penal de Rawson, Karina Breckle, respecto a otra causa en la que se investigaban vejaciones perpetradas por policías contra manifestantes ambientalistas en el marco de una acción realizada a comienzos de diciembre de 2019 frente a la legislatura. Según Breckle, en esta causa “todo se encontró contaminado de ideología. Todo”. Y abundó en sus insólitos argumentos: “Existe una enemistad ideológica de las personas que defienden derechos colectivos con las fuerzas de seguridad”. En noviembre de 2023, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que venía acompañando a las organizaciones territoriales frente a la creciente violencia institucional y su legitimación judicial, cuestionó la absolución de los policías y la orden de juzgar a los ambientalistas.

Arde Mendoza

Los ecos de la protesta contra el proyecto Minero San Jorge en la zona de Uspallata se siguen sucediendo en marchas casi cotidianas en la capital provincial, encabezadas por el Movimiento de Defensa del Agua en Mendoza. Tras una represión y 13 detenciones del jueves 11, la mayoría de los manifestantes fueron liberados a excepción de los hermanos Gollano, que fueron acusados por el fiscal Federico Giunta de “reiterancia”. La estrategia es aplicar el artículo 194 del Código Penal que es la interrupción del tránsito terrestre, por eso hacen hincapié en cuáles son las líneas de los colectivos afectadas por las marchas. Al abrir procesos por cada manifestación, los denunciados quedaban a tiro para que les apliquen la polémica figura.

La protesta frente a la Casa de Gobierno el jueves 11 fue parte de una serie de acciones que se vienen realizando en distintos puntos de la provincia desde hace al menos 20 días, incluyendo caravanas y concentraciones en departamentos como Lavalle, Valle de Uco y el Este de la provincia. Las asambleas que organizan las marchas dijeron que seguirán promoviendo actividades públicas y debates comunitarios sobre la gestión del agua y el desarrollo de la minería en Mendoza.

El abogado de los Gollano, Maximiliano Villarreal, explicó que “usan ciertas herramientas legales como la reiterancia para detener, y haberlos mandado al Penal es una forma de disciplinamiento, para decir ‘mirá, si vos seguís protestando y manifestándote te va a pasar esto’”. Y marcó al fiscal Federico Giunta como el artífice de varias de las resoluciones que criminalizan la protesta en esa provincia. “Desde 2022 él viene siendo una herramienta política fundamental en la persecución a los opositores acá en la provincia, todas las causas relacionadas a piqueteros y sindicalistas recayeron en su fiscalía, principalmente una causa contra ATE y otros sindicatos, y las causas contra el Polo Obrero y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha), en la cual estuvo detenido Martín Rodríguez, Lorena Torres, Víctor Dávila y otros imputados, en total siete”, describió Villarreal. A pesar de una serie de impugnaciones que fueron presentadas en el Senado, Giunta acaba de ser ascendido a un cargo superior.

En un comunicado, la Asamblea de de Las Heras por el Agua pura y la Asamblea por Necesidad y Urgencia denunciaron “la represión salvaje e injustificable desatada contra quienes ejercían su derecho constitucional a protestar. Lo que ocurrió no fue un operativo de control: fue un ataque directo, cobarde y premeditado contra la ciudadanía, ejecutado por un gobierno que ya no gobierna: castiga. Mientras el pueblo reclamaba pacíficamente, las fuerzas desplegaron gases y golpes, demostrando, una vez más, que para este poder político la respuesta ante cualquier disenso es el garrote y el miedo. No lo lograron”. Además, exigieron “el cese inmediato de la violencia institucional, la liberación de las personas detenidas, atención médica urgente para quienes fueron heridas y la identificación y sanción de los responsables políticos de esta brutalidad. A quienes ordenaron y habilitaron esta represión les decimos claro: el pueblo no olvida, no perdona y no retrocede.
La calle tiene memoria. Y también tiene límite: ya no les cree, ya no les teme.
Invitamos a la comunidad a mantenerse informada, acompañar a quienes han sido agredidos y continuar defendiendo EL AGUA que nos pertenece a todos”.

“Van 20 días consecutivos de protestas masivas contra el Proyecto San Jorge: la minería contaminante del corrupto dictador Cornejo que amenaza el Río Mendoza. 20 días censurados en la televisión. 20 días sumando fuerzas en cada barrio, ruta y localidad”, dijo el docente y militante del PTS Lautaro Jiménez.

El poder político se mostró ajeno a lo que ocurrió en las calles, y así la Legislatura aprobó la explotación del cobre en la provincia, a través del proyecto minero San Jorge, que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo. La protesta de las agrupaciones ambientalistas, que se hacen eco de la falta de consenso social para el extractivismo bajo la consigna “el agua no se negocia”, denuncia que la megaminería implica riesgos para los recursos hídricos de la provincia, sobre todo en Mendoza donde el agua es un recurso clave, en un contexto de sequía y fragilidad hídrica.