La Comisión Provincial por la Memoria recibió al joven de 22 años que, en el marco de una imputación infundada, pasó casi medio año privado de su libertad por un robo que no cometió. Junto a sus padres y abuela, Cristian Mallorca agradeció al equipo interdisciplinario del organismo que intervino durante los últimos meses para lograr su liberación y enfatizó que su caso no es una excepción sino que, estando en prisión, conoció “muchos casos de personas que pasan años y años de encierro, padecen injusticias diariamente y nunca se establece su responsabilidad en los hechos por los que se los acusa”. Durante el proceso, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM presentó un habeas corpus en favor del Mallorca, acompañó la estrategia de la defensa y ahora presentó un recurso de queja ante Casación para solicitar su sobreseimiento. 

ANDAR en La Plata

(Agencia) Emocionado, con una ligera mueca de alegría y tranquilidad y rodeado por su familia, Cristian Mallorca dialogó con ANDAR, luego de una reunión con los y las abogados de la CPM que intervinieron durante los últimos meses en su favor y con el objeto de lograr el cese de la prisión preventiva. Estuvo preso casi seis meses por un delito que, de acuerdo a las pruebas obrantes en la causa, no pudo haber cometido.

“Ahora, finalmente, estoy acá, libre gracias al equipo de la CPM para quien no me alcanzan las palabras de agradecimiento por lo que hicieron por mí. Lo que atravesé estos últimos meses no se lo deseo a nadie y espero que, si la justicia va a investigar un caso tan complejo como el mío, lo haga a conciencia, evaluando las pruebas y buscando la verdad”, afirmó el joven de 22 años que, pese a haber recuperado su libertad el viernes pasado a última hora, todavía tendrá que lidiar con la imputación penal hasta que el Juzgado de Garantías 7 de Saladillo -a cargo de la magistrada Patricia Noemí Altamiranda- se digne a dictar el sobreseimiento.

La historia de la imputación de Cristian Mallorca en una causa por robo agravado ocurrido en la localidad de Saladillo resulta difícil de entender, considerando la multiplicidad de arbitrariedades procesales, las condición física del joven y los registros contundentes que dan cuenta de que nunca pudo haber estado en el lugar de los hechos.

El cúmulo de contradicciones e irregularidades procesales fue advertido y señalado en muy duros términos la semana pasada por parte de la Sala 3 de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata, que revocó la resolución de la jueza Altamiranda y dictó el cese de la prisión preventiva.

“La jueza incurre en una contradicción lógica al reconocer la existencia de la discapacidad motriz del imputado (se refiere a una condición genética conocida como pie equino además de una lesión en un tobillo) y, simultáneamente, sostener la validez del cotejo fotográfico y fílmico que lo ubica en la escena del hecho”, consideró el tribunal de alzada.

En efecto, la prueba que desde el inicio fue tomada como determinante para la imputación del joven fue un conjunto de imágenes de cámaras de seguridad de la zona donde habría ocurrido el robo, en las que –a criterio de efectivos de la policía bonaerense- se habría identificado a Cristian Mallorca por la comparación de esos registros con fotografías extraídas de la red social Facebook.

Por el contrario, nunca se tomaron en cuenta los registros fotográficos y de geolocalización de telefonía celular que prueban la presencia de Mallorca en una fiesta de cumpleaños celebrada en Rafael Calzada –distante a 200 kilómetros de Saladillo- a la misma hora en la que se había producido el robo, ni el reconocimiento en rueda de personas con resultado negativo.

“Yo siempre quise que la jueza y la fiscal (Patricia Hortel) me vieran personalmente para que conocieran directamente mi discapacidad, que no podía haber sido yo el que cometió el robo que investigaban y nunca accedieron a ese pedido sino recién en las últimas semanas”, recordó Cristian.

Desde el día que lo detuvieron hasta su liberación vivió un calvario, no sólo por la injusta acusación, la privación de su libertad, los padecimientos propios de las condiciones del encierro y la falta de asistencia de su salud, sino por la incertidumbre y la impotencia que lo invadieron cuando entendió que la justicia había decidido sostener en el tiempo la farsa.

De hecho, fue tan arbitrario todo que, al comienzo, él y su familia pensaron que sería liberado algunas horas después de su detención: “Cuando allanaron mi casa, pensé que se trataba de un error de domicilio o de persona a la que buscaban”, señaló Cristian, en sintonía con lo que pensó su padre, Mario Esteban Mallorca, luego de que se llevaran detenido a su hijo a la comisaría de Saladillo: “Hasta los propios policías me decían: ‘quedate tranquilo que lo llevamos y lo traemos’. Suponía que en dos horas estaríamos juntos nuevamente”.

Según reconstruyó Mario, “a los dos meses de la detención de mi hijo mi mamá me dijo que fuéramos a hablar al Comité contra la Tortura. Y fuimos muy bien atendidos, escuchados y acompañados. Ahora logramos la liberación de mi hijo, por lo cual estamos muy agradecidos con toda la gente del Comité”.

Y describió el calvario que pasó la familia en los casi seis meses de detención de Cristian: “Cuando lo íbamos a visitar, era como si estuviéramos muertos en vida, entrar a un lugar en el que nunca nos habíamos imaginado estar. Al salir de la prisión sentía que dejaba mi corazón adentro, es algo que no se aguanta. Yo como padre trataba de no caer, de seguir adelante”.

“Ahora que recuperé mi libertad quiero volver a trabajar y vivir tranquilo”, agregó Cristian, que al igual que sus padres sólo espera recibir la notificación de que “se termine esta pesadilla” con su sobreseimiento.

Recientemente, la CPM presentó un recurso de queja ante la Cámara de Casación Penal bonaerense con el objeto de que se revise la arbitraria e infundada actuación de la fiscalía y del juzgado de garantías intervinientes -además de la falta de intervención por parte de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata sobre el fondo de la cuestión-  y se dicte el sobreseimiento de Cristian Mallorca en razón de una errónea imputación.

En este sentido, se denuncia ante el máximo tribunal penal de la Provincia un vicio estructural consistente en la sistemática omisión de valorar pruebas decisivas para acreditar la ajenidad del imputado a los hechos que se le atribuyen. “Esta omisión, reiterada y sostenida por las sucesivas instancias, genera un defecto procesal que contamina todas las decisiones posteriores, en tanto se adoptan sobre una base fáctica incompleta o directamente errónea”, amplía el recurso.

El caso de Cristian Mallorca es una muestra más de la urgente necesidad de que se reformule la política criminal en la Provincia, tal como se aborda pormenorizadamente en el Informe Anual 2024 que la CPM acaba de publicar. La desidia, la nula rigurosidad y la deficiente actuación de la jueza Altamiranda y la fiscal Hortel provocaron que una persona con discapacidad permaneciera injustamente detenida padeciendo graves violaciones de derechos humanos. Como señala la CPM en el informe esta política criminal es posible por la deserción del poder judicial como garante de derechos.