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Home›Noticias›Con o sin autorizaciones, la destrucción inmobiliaria crece en el norte de Tigre

Con o sin autorizaciones, la destrucción inmobiliaria crece en el norte de Tigre

Por Sole Vampa
11 abril, 2018
1903
0

A principios de abril el municipio de Tigre clausuró las obras del barrio privado Santa Ana, en la salida de Villa La Ñata, en el campo conocido como La Bellaca. El lugar contiene por lo menos tres sitios arqueológicos de pueblos originarios y muchos vecinos reclamaban se preserve como lugar natural. Este freno a las obras llega tarde: el predio de 60 hectáreas está completamente rellenado. Para peor, según el acta de infracción, la empresa trabajó ilegalmente un año completo, ya que violó una clausura municipal de marzo de 2016.

ANDAR en Tigre 

(MDP – Punta Querandí) Al mismo tiempo se corroboró que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Autoridad del Agua, otorgó al emprendimiento inmobiliario un permiso para el movimiento de suelos, en marzo de 2017, por el plazo de un año. Varias fuentes y publicaciones atribuyen un vínculo familiar directo entre el vicepresidente de la Autoridad del Agua con varios abogados de EIDICO, la empresa constructora, de apellido Sánchez Sorondo. A lo que se suma el nombramiento al frente de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano al ex directivo de Nordelta, Dante Galeazzi.

La empresa EIDICO no pierde tiempo y ya anunció el lanzamiento de un nuevo proyecto, San Pedro, que también formará parte del Complejo Villa Nueva y se encuentra entre el barrio privado San Isidro Labrador, el Río Luján y los parajes preexistentes La Beatriz e Isla Verde, cada vez más afectados por inundaciones debido a los rellenos.

“Todo esto es posible no sólo por la complicidad estatal sino también por el fuerte lobby de la corporación inmobiliaria que logró desarticular con éxito -al menos por ahora- dos fallos de la justicia federal: uno de San Isidro y otro Zárate Campana emitidos en julio de 2016”, dicen desde el Movimiento en Defensa de la Pacha. Esos juzgados habían ordenado la prohibición de autorizar nuevos movimientos de suelos en todos los municipios de la Cuenca del Río Luján hasta que se realice una investigación para determinar el impacto acumulado de estos emprendimientos en las inundaciones de los últimos años.

 

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