En la ciudad de Mercedes el lunes comenzó el juicio oral contra tres policías federales por el asesinato de Carlos Abregú y Emanuel Ojeda Aníba, ambos de 17 años, el 17 de marzo de 2013 en Moreno. Los acusados son: Alejandro Aguirrez Manzur, por el doble homicidio, y sus colegas Juan Leonel Segovia y Martín Adrián Olguín, por encubrir el crimen.

ANDAR en Mercedes

(CORREPI)  Desde temprano, la familia y amigos de Carlitos Abregú, junto a CORREPI, otras organizaciones populares y familiares y víctimas de la represión estatal, se presentaron en el tribunal, para seguir las instancias de la audiencia, pero los jueces resolvieron que el debate, aunque oral, no fuera público. Negaron el acceso a la sala incluso a la familia directa, con la única excepción de tres trabajadores de prensa.

Después de la lectura de las acusaciones, el policía Aguirrez Manzur dio su versión del “enfrentamiento”, y alegó legítima defensa frente a Emanuel. Atribuyó la muerte de Carlitos, que agonizó tres meses en el hospital, sin recuperar la conciencia, a una malapraxis médica.

Tras la jornada Ismael Jalil, militante y abogado representante de la familia Abregú en el juicio, señaló: “los tres testigos que declararon aseguraron que no vieron arma alguna en las manos de Emanuel, que trató de cubrirse frente al fusilamiento con sus dos manos libres, como lo demuestra también la autopsia.” Respecto de Carlitos, añadió: “Aducen un problema médico pero, como testimonió la madre, los disparos que recibió su hijo estaban alojados en zonas vitales”. Y concluyó: “el arma de Aguirrez Manzur se encontraba lista para disparar al momento del homicidio, lo que fue reconocido por el propio policía, que dijo que es la misma institución la que los obliga a tener el arma siempre lista para disparar”. Esto ayuda a entender que cuando aducen error, fatalidad o simplemente que no lo quiso hacer, en realidad lo que tienen es una instrucción concreta de tirar a matar”.

Gloria y Carlos Abregú están representados por la CORREPI mientras la defensa de los policías es ejercida por cinco abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos – División de Asuntos Penales del Ministerio de Seguridad de la Nación. “Como lo hemos visto desde Walter Bulacio a Mariano Ferreyra, en la represión del 20 de diciembre de 2001 y en infinidad de otras causas, el gatillo fácil es una política de estado, y por eso los gobiernos proveen a sus ejecutores de defensa institucional”, analizaron desde la CORREPI.

El caso llegó a juicio después de que pasaron más de tres años de los asesinatos de Carlitos y Emanuel, con Aguirrez Manzur detenido recién un año y dos meses después de los hechos. “La demora en llegar a la instancia del debate oral es un elemento más que aporta a la impunidad institucionalmente garantizada, frente a la que cobran importancia los vecinos que desde el primer momento se animaron a contar lo que vieron”, analizaron desde la organización que acompaña a la familia de las víctimas.

“Cuando los juicios se retrasan tanto, las declaraciones y los recuerdos empiezan a ser más difusos, los testigos ya no tienen una mirada tan precisa como la de los días posteriores al hecho; pero como son testigos del pueblo y no policías, han venido. No es lo mismo el razonamiento de alguien que está todo el día con un tipo que llega a la casa y le desarma un arma delante de los ojos, que aquel que lo único que sabe es laburar, y cuando vuelve ve una persona sangrando que pide por su madre, y que lo único que puede hacer es volcar su número de teléfono. La impresión que tiene esa gente es una impresión que no la tiene todo el mundo, es una impresión que nada más la tiene la gente de bien, el laburante”, remarca Jalil.

El martes 30 de agosto continuarán declarando los testigos, y, posiblemente, los peritos.