La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, llamó a prestar declaración indagatoria a diez ex militares acusados de torturar a soldados pertenecientes al Regimiento de Infantería 5 del Ejército Argentino. Las audiencias se harán por videoconferencia desde los domicilios de los imputados entre el 16 de junio y el 7 de julio. En las semanas previas, también se realizarán las audiencias indagatorias de otros cinco ex militares que fueron reprogramadas a principio de mes. La semana pasada, el General de Brigada Omar Parada se negó a declarar pero presentó un descargo en el que pretendió cuestionar la prueba testimonial del expediente, se amparó en la justicia y el código militar y negó que se tratarán de crímenes de lesa humanidad, a pesar del reciente fallo de la Cámara Federal que confirmó los primeros tres procesamientos.

ANDAR en Río Grande

(Agencia Andar) Tras años de dilaciones, el llamado a indagatorias de los militares argentinos acusados de torturar a sus propios soldados durante la guerra de Malvinas comienza a completarse. Entre el 16 de junio y el 7 de julio, diez ex militares deberán declarar en calidad de imputados por los crímenes cometidos en las islas. Con estas audiencias se llegarán a concretar 20 de las 26 indagatorias que fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal hace más de tres años.

Este lunes 26, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto fijó las fechas de audiencia que se realizarán por videoconferencia y le permitirá a los imputados declarar desde sus domicilios. Se trata de Luis Alfredo Manzur, Ramón Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín y Ramón Desiderio Leiva.

Los diez ex militares, que revestían cargos superiores durante la guerra, están acusados de imponer torturas contra soldados del Regimiento de Infantería 5 del Ejército Argentino. Entre las torturas citadas en el expediente se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada y deliberada falta de alimentación.

Cabe recordar que, en las semanas previas a estas nuevas audiencias, también se realizarán las indagatorias de los ex militares Jorge Cadelago, Emilio Samyn Duco, Horacio Francisco Vlcek, Jorge Raúl Masiriz y Jorge Díaz. Inicialmente, estas cinco audiencias iban a realizarse entre el 13 y el 22 de abril pero, pocos días antes, la jueza Borruto hizo lugar a un planteo de la defensa y decidió posponer hasta junio su realización.

Por otra parte, el General de Brigada Omar Parada —que se descompensó el 13 de abril cuando se dirigía a la sala de videoconferencias judiciales e institucionales de la Policía Federal— finalmente se presentó ante la jueza la semana pasada: Parada se negó a declarar, en cambio presentó un descargo.

En el escrito, la defensa del General de Brigada se ufanó de haber participado en dos guerras, Malvinas y contra la subversión, pretendió cuestionar la prueba testimonial del expediente y se amparó en haber sido investigado y absuelto por la justicia y el código militar. Omar Parada también negó que los hechos que se le imputan se traten de crímenes de lesa humanidad y sostuvo que, si esos delitos existieron, deberían considerarse crímenes de guerra.

En su descargo, la defensa del ex militar llegó a pedir que se investigue a los soldados conscriptos por el robo de ovejas, como el delito precedente a las torturas. Cabe recordar que en su resolución, la jueza federal sostuvo que los imputados impusieron tormentos para “castigar de manera cruenta y desmedida las presuntas infracciones disciplinarias”.

Ahora, tras la realización de este acto procesal, la Mariel Borruto deberá decidir si procesa o no al General Parada.

La causa se inició en 2007, tiene a 95 militares imputados y más de 120 víctimas de distintas unidades militares que participaron en el conflicto. En 2018, el fiscal federal de Río Grande Mario Rapoport y la Procuraduría de crímenes contra la humanidad había requerido que se llamara a indagatoria a 26 militares.

Hasta el momento, sólo se realizaron cinco indagatorias: antes de Parada, lo hicieron Miguel Gardé, Eduardo Gassino, Gustavo Calderini y Belisario Affranchino. Estos cuatro ex militares fueron procesados en primera instancia y, a principios de este mes, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó el procesamiento de Gardé, Gassino y Calderini, mientras que dispuso el sobreseimiento por falta de mérito de Affranchino.

En esa misma resolución, la Cámara ya se pronunció sobre la calificación de estos delitos como crímenes de lesa humanidad: “Una gran cantidad de hechos similares características, cometidos por el personal superior de distintos regimientos que intervinieron en la guerra de Malvinas, permite considerar que en el caso se encuentra presente el requisito de generalización en cuanto hace referencia a la dirección del accionar a gran escala, exigiendo como elemento de tales crímenes. Es decir, que las conductas investigadas, no habrían sido un ‘hecho aislado o aleatorio’”.

Asimismo, aseguraron que estos hechos se produjeron con la aquiescencia del Estado: demostrada, por un lado, en la “pasividad deliberada de las autoridades” ante la comisión de estos delitos y, por otro lado, en la “posterior actuación que habría consistido en constreñir a las víctimas a no denunciar tales actos”.

Con las 15 audiencias que quedan por realizarse entre el 8 de junio y el 7 de julio, se habrá llegado a 20 de las 26 indagatorias requeridas por el Ministerio Público Fiscal. De estos 26 militares, Emilio Terán ya falleció; la defensa de Óscar Luis Contreras presentó una declaración de insania, que la jueza Borruto desconoció y libró oficio para que el imputado sea evaluado por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia; a Jorge Luis López lo instó a designar un defensor para avanzar con la citación indagatoria. Todavía queda por resolver la situación de Jorge Óscar Ferrante, Jorge Eduardo Taranto y Jorge Reynaldo Lugo Oliver.

A 14 años del inicio de la instrucción judicial, a tres de la requisitoria y citación de indagatorias, es indispensable que la justicia actúe con mayor celeridad para impedir que se consagre la impunidad, para respetar los compromisos internacionales del Estado Argentino y para garantizar el derecho a la justicia de las víctimas: los ex combatientes que vienen impulsando desde el 2007 esta causa y por la cual vienen trabajando, como querellantes, el Centro de ex combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la subsecretaría de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires.