Por Marilé Coseano Angelelli – Luis Miguel Baronetto*

A pocos días de iniciarse la primera audiencia en el esperado juicio a los asesinos de Mons. Angelelli, una nueva voz de alerta despierta nuestra preocupación como querellantes, ante la amenaza de nuevos obstáculos para que el juicio se desarrolle con normalidad y sin sobresaltos.

Ya hemos tenido que esperar treinta y siete años para llegar a esta instancia. Las demoras en esta larga y lenta marcha de la justicia ya se han llevado a la tumba con impunidad a varios de los imputados y procesados. Desde que la causa fue elevada a juicio en diciembre de 2012 fallecieron Jorge Rafael Videla, Albano Harguindeguy y en forma más reciente el Comisario Juan Carlos “La Bruja” Romero.

En el tramo del último año debimos sortear las demoras en la conformación definitiva del tribunal que tendrá a su cargo el juicio, debido a la carencia de jueces titulares en el Tribunal Oral Federal de La Rioja. Finalmente quedó constituido con la concurrencia de los jueces Juan Carlos Reynaga, de Catamarca y Carlos Lascano, de Córdoba con la presidencia del juez de La Rioja José Camilo Quiroga Uriburu. Cada impedimento debe soportar la burocracia judicial que se resuelve en las instancias superiores de Buenos Aires. A mediados de este año advertíamos “que los obstáculos reverdecerán ahora para dilatar la sanción penal definitiva mediante maniobras que buscarán la impunidad de los criminales.”

[pullquote]Argumentando escasez de recursos, se pretenden limitar los testimonios de quienes deben ser citados[/pullquote]

Y no nos equivocamos. Ahora las trabas son puestas por los responsables del Consejo de la Magistratura que deben proporcionar lo necesario para garantizar la concurrencia de testigos y otros requerimientos del proceso judicial. Argumentando escasez de recursos, se pretenden limitar los testimonios de quienes deben ser citados y concurrir para ratificar ante la justicia las pruebas que fundamentan las acusaciones. Nadie desconoce que después de treinta y siete años, así como varios de los imputados no podrán ser juzgados por fallecimiento, de igual modo ha sucedido con numerosos testigos. Pero además muchos de los testigos vivientes están radicados hoy en diversas provincias del país o del extranjero. Y el Estado debe garantizar su concurrencia y protección para que declaren ante el Tribunal.

No dejan de despertar graves sospechas estas nuevas trabas para el normal desarrollo de este juicio. Diversos y poderosos son los intereses que persisten tratando de impedir llegar a la verdad de los hechos; y ahora a la palabra definitiva de la justicia que condenará a los responsables del crimen. La palabra de muchos testigos seguramente pondrá en evidencia la coautoría de civiles que fogonearon la difamación y las amenazas al obispo riojano y su pastoral a favor de los pobres. Y de sectores de la clerecía, que en el furor de la persecución abandonaron a su hermano en el episcopado. Unos y otros fueron beneficiados por el brazo criminal de “las fuerzas de seguridad”.

Parece un despropósito que desde el Consejo de la Magistratura, – donde conviven amigos del olvido y la impunidad -, se argumenten carencias que parecieran excusas para obstaculizar un juicio de honda trascendencia en la vida nacional. Y si no es un despropósito, peor aún porque se estaría ratificando la extendida sospecha que reverdeció cuando se proyectaron reformas judiciales, que despertaron enseguida reacciones corporativas para mantener cotos de privilegios, cuyas consecuencias en la práctica son el retardo y la negación de justicia, como lo estamos avizorando.

Reclamamos a las máximas autoridades del Poder Judicial de la Nación las garantías imprescindibles para el normal desarrollo del juicio por el homicidio del Obispo Enrique Angelelli.

Córdoba, 29 de octubre de 2013

*Querellantes en la causa por el homicidio a Mons. Enrique Angelelli