En su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura y como representante de la familia de Lautaro Morello, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un pedido de enjuiciamiento y apartamiento preventivo contra la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 descentralizada de Florencio Varela, Mariana Dongiovanni. La solicitud se basa en la posible comisión de delitos dolosos y faltas en el ejercicio de sus funciones por su actuación en la investigación penal que procura el esclarecimiento del homicidio de Lautaro Morello y la búsqueda de Lucas Escalante, aún desaparecido. “La fiscal hizo un uso ilegal e ilegítimo de las facultades delegatorias a la Policía de la Provincia, incumpliendo los principios rectores de actuación legal del MPF”, señala la denuncia.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) Dirigida al titular de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, Ulises Alberto Giménez, la solicitud de la CPM para iniciar el procedimiento de enjuiciamiento y apartamiento preventivo busca la indagación y esclarecimiento de la actuación de la fiscal Mariana Dongiovanni respecto a los primeros meses de la investigación por el homicidio de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante.

De acuerdo a la denuncia, la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 2 descentralizada de Florencio Varela habría cometido delitos dolosos y faltas en el ejercicio de sus funciones que ocasionaron el entorpecimiento y la desviación del curso de la causa.

Cabe recordar que durante la noche del 9 de diciembre de 2022 Lucas Escalante y su amigo Lautaro Morello, ambos de Florencio Varela y de 24 y 18 años respectivamente, se dirigieron a la casa quinta de Francisco Centurión, en ese momento comisario de la Policía bonaerense y jefe del Enlace Interpol de la fuerza, para encontrarse con el hijo del funcionario policial. Los jóvenes habrían ido en busca de vales policiales de nafta que les habría prometido Cristian Centurión, hijo de Francisco. Además de Cristian, en la quinta –situada en La Capilla de Florencio Varela- estaba su primo Maximiliano. Fue la última vez que Lucas y Lautaro fueron vistos con vida, y el cuerpo de Lautaro apareció días después calcinado en una zona rural de Guernica, partido de Presidente Perón. El joven Escalante aún permanece desaparecido.

La actuación de la fiscal que se cuestiona a través del pedido de jury se enmarca en los dos meses que Dongiovanni tuvo la causa penal a su cargo, momentos iniciales de la investigación en los que se cometieron una serie de irregularidades y faltas, principalmente las vinculadas a la delegación de las tareas investigativas en la policía Bonaerense en la que ejercía una gran influencia el entonces comisario Centurión.

En efecto, de acuerdo al escrito de la CPM “la Dra. Dongiovanni debía cumplir la Resolución 1390 de la Procuración General bonaerense” que obliga a los fiscales a no utilizar como personal auxiliar de una investigación penal a los agentes de una fuerza de seguridad sospechada de estar involucrada en un determinado delito.

Sin embargo, “incumpliendo sus deberes de la función pública y violando la letra de la ley, liberó y delegó en las fuerzas policiales la mayoría de las actuaciones judiciales que asumen su exclusiva dirección, ejecución y responsabilidad”, advierte la denuncia. El incumplimiento de aquella norma resultó más gravoso respecto a la investigación si se considera la trascendencia y el deber de cuidar la indemnidad de la escena de los hechos y los primeros pasos de la causa.

En aquellos primeros momentos de la investigación la totalidad de los actos procesales vitales fueron efectuados por la Policía Bonaerense: “Actuaciones complementarias y testimoniales fueron tomadas en sede policial, las delegaciones de búsquedas efectuadas fueron dirigidas y ejecutadas por la policía provincial, y no solo eso, sino que contando con información de la posible reunión entre Lucas y Lautaro con Cristian Centurión en los momentos previos a la desaparición del primero y el homicidio del segundo, el comisario Argañaraz convocó al mencionado Centurión a brindar declaración testimonial el 14 de diciembre de 2022, permitiéndole no solo brindar una versión exculpatoria (falsa por cierto) sino incluso anoticiarse de su mención e investigación en el expediente”.

Por otro lado, el primer allanamiento en la casa quinta del excomisario Francisco Centurión en procura de evidencias para dar con el paradero de Morello y Escalante fue realizado íntegramente por la Policía bonaerense bajo la dirección del comisario Sergio Argañaraz, luego detenido e imputado por el delito de encubrimiento agravado, y sin el control y supervisión de la agente fiscal ni personal judicial a su cargo.

Una de las irregularidades más notorias ocurrió también durante ese primer allanamiento, cuando uno de los perros de la policía –que en la finca de Centurión buscaba rastros de las víctimas en base a prendas de vestir- se detuvo y mostró interés en una puerta que daba a una habitación en particular.

El comisario Argañaraz, en ese momento, llamó telefónicamente a la fiscal Dongiovanni y sorpresivamente el procedimiento de allanamiento se interrumpió hasta el día siguiente, dejando la escena bajo control absoluto de uno de los imputados y dueño de ese inmueble, Francisco Centurión.

“De más está decir que la interrupción de un allanamiento no es usual, sino que suelen ser procedimientos largos y tediosos que duran toda la noche y terminan al día siguiente o cuando sea necesario, porque justamente se busca evitar que en esa interrupción puedan borrarse elementos del delito, pruebas o que los imputados tomen alguna medida para encubrir su accionar”, detalla la CPM en su escrito.

Y es que hasta en el propio requerimiento de elevación a juicio se establece que “no es una expresión exagerada cuando nos referimos a las influencias y poderío que ejercía Francisco Centurión sobre la fuerza policial sino que se trata de una consideración sobreabundantemente corroborada que nos permite entender que la génesis de tantas falencias en la primera etapa de la investigación se debían a la necesidad de proteger los intereses de Francisco Centurión”.

También se cuestiona a la fiscal Dongiovanni haber derivado la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Lautaro a la policía bonaerense, entre otros puntos de máximo interés para el desarrollo de la causa sobre los que la representante del MPF tuvo un rol central.

Por todo esto, el escrito presentado ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios concluye que la agente fiscal “hizo un uso ilegal e ilegítimo de las facultades delegatorias a la policía de la Provincia de Buenos Aires en la investigación criminal, le permitió realizar prácticamente la totalidad de las medidas de prueba iniciales y vitales para la investigación, incumpliendo los criterios rectores de actuación legal de los funcionarios del ministerio público”.

Además del ofrecimiento de pruebas y de la solicitud para que la CPM sea aceptada como parte en el proceso administrativo contra Dongiovanni, se pidió el apartamiento preventivo de la fiscal y que, una vez valoradas las circunstancias y dictada la culpabilidad de la denunciada, se ordene su desafectación en el cargo y su consecuente inhabilitación. Cabe señalar que la CPM, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, participa desde los primeros momentos como particular damnificado institucional en la causa que investiga estos hechos y, recientemente, también representa a la familia de Lautaro Morello.