Durante muchos años el debate por la baja de edad de punibilidad y los proyectos que se presentaban carecieron de estudios serios y rigurosos, de datos confiables y análisis complejos sobre un fenómeno que nos preocupa a todos.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria advertimos reiteradamente que bajar la edad de responsabilidad penal, juzgar y encerrar a niños y jóvenes cada vez más pequeños no resuelve el problema de la inseguridad ni combate o previene el delito. Esto sólo profundiza la criminalización de la pobreza y elude una responsabilidad central del Estado: garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las niñeces.

La violencia que crece en nuestra sociedad se produce por múltiples causas, de las que el Estado es el mayor responsable. La desigualdad afecta y profundiza la vulnerabilidad de muchos de nuestros pibes y los somete a múltiples violencias que los gobiernos no sólo no resuelven con políticas adecuadas sino que profundizan con más violencia de sus organismos de control.

Implementar políticas de niñez efectivas implica dotarlas de presupuesto suficiente para sostener los dispositivos de contención y acompañamiento previstos por el sistema de promoción y protección de derechos de las niñeces. La ley provincial y la nacional fueron muy buenas al sancionarse pero nunca, desde su puesta en marcha hace casi 20 años, se las dotó de los recursos necesarios para hacerlas operativas y efectivas. Sin recursos para la promoción y protección de derechos se incrementaron los presupuestos y fondos para las fuerzas de seguridad, que lejos de prevenir los delitos los regulan pactando con las redes del narcotráfico y otros delitos complejos que crecen en los territorios.

La justicia penal juvenil también tiene su parte de responsabilidad en el agravamiento de esta situación al no garantizar derechos. En lugar de profundizar la especialización del fuero se asemeja cada vez más a las prácticas judiciales de los adultos.

Los lugares de encierro para niños y jóvenes son cárceles donde el régimen puede incluso ser más grave que el de las cárceles de adultos. Lo venimos denunciando desde hace 20 años. Hemos monitoreado cómo el sistema de justicia y encierro para jóvenes se adultizaba y carcelizaba sin que ninguno de los tres poderes del Estado revirtiera este camino.

Los datos rigurosos que dan cuenta del fenómeno delictivo juvenil fueron ignorados completamente por el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación que se tratará esta semana en la Cámara de Senadores.

En la provincia de Buenos Aires (que representa casi la mitad de hechos delictivos del país) en 2025 los menores de 18 años cometieron 88 homicidios dolosos. De estos sólo 25 fueron realizados por menores de 16 años, los que hoy son no punibles. En el mismo año ingresaron a las cárceles de jóvenes 1.236 menores de 18 años, de los cuales 276 (22%) eran no punibles, es decir menores de 16 años.

Los menores de 16 años que cometieron homicidios ya son detenidos hoy en la provincia de Buenos Aires a partir de la aplicación de una “medida de seguridad” que los jueces utilizan en estos casos. Y no sólo están detenidos los 25 jóvenes que cometieron homicidios, sino que estuvieron también detenidos otros 225 jóvenes que cometieron delitos de abuso sexual o robo agravado y pasaron por el sistema de encierro. Si el gobierno declama que la solución es la cárcel, estos datos muestran claramente que este proyecto no lo resolverá.

En la mayoría de estos casos, los jóvenes cometieron delitos anteriores y tienen problemas de consumo problemático de drogas; en otros, fueron captados por redes delictivas. ¿El Estado no puede pensar en políticas para trabajar sobre este pequeño universo y prevenir que llegue a cometer esos delitos graves? Políticas de salud mental y de prevención y asistencia frente al consumo de estupefacientes, políticas educativas que incluyan y generen verdaderas oportunidades y alternativas para evitar el ingreso al mundo del delito, políticas que eviten que lleguen a esos delitos graves, que limiten el acceso a las armas.

Políticas sociales que garanticen derechos, no políticas punitivas que los restrinjan sin fundamentos.

Bajar la edad de punibilidad sólo redundará en más detenciones por delitos menos graves; los imputados se alojarán en cárceles juveniles donde está probado que la reeducación y responsabilización no existen: tiempo de aislamiento que supera las 18 horas diarias, deficiente o nulo acceso a la educación o formación laboral, torturas y malos tratos para castigarlos, falta de abordaje con la familia y el entorno de los jóvenes para acompañar su reinserción.

A partir del monitoreo desarrollado en los centros cerrados de la provincia de Buenos Aires que se registra en el Informe Anual 2025 de la CPM, 531 jóvenes entrevistados denunciaron 1.416 hechos de tortura y/o malos tratos: agresiones físicas, agresiones verbales o psicológicas, falta o deficiente asistencia de la salud, falta o deficiente acceso a la justicia, aislamiento extremo, afectación del vínculo familiar y social, falta o deficiente acceso a actividades deportivas, culturales, recreativas y/o laborales, falta o deficiente acceso a educación, malas condiciones materiales, falta o deficiente ejercicio de la participación, falta o deficiente alimentación, requisa vejatoria y/o violenta, traslados violatorios de derechos, falta o deficiente acceso a pertenencias, amenazas y violencia policial.

Esta reforma consagra el fracaso de las políticas de niñez. No mejorará nada la seguridad de la ciudadanía y, por el contrario, producirá más violencia y más inseguridad.

La CPM ha expresado la urgencia en derogar el decreto ley 22.278/80, Régimen Penal de la Minoridad, impuesto por la última dictadura militar y la necesidad de sancionar una ley de responsabilidad penal juvenil que actúe como subsidiaria de la ley 26.061 y acorde a las normativas internacionales con rango constitucional en nuestro país. Pero estas normas deben reformarse para mejorar el sistema, no para empeorarlo.

Debemos insistir en que los problemas sociales ocasionados por la desigualdad no se resuelven con el sistema penal, menos aun tratándose de niños y niñas con quienes el Estado tiene una especial obligación de proteger derechos y estar presente mediante instituciones que promuevan su ejercicio: hay que fortalecer y dotar de más presupuesto a las escuelas, los centros comunitarios, los dispositivos de salud, los clubes de barrio.

De más está decir que la reforma atenta contra la Constitución nacional y los pactos internacionales de derechos humanos, como la Convención de Derechos del Niño. Esta ley crea un sistema de persecución juvenil que es más grave que el que se aplica a los adultos y es, a todas luces, inconstitucional.

La retórica y los discursos utilizados para promover este proyecto apelaron a un imaginario social racista y clasista. Segregan a un otro diferente presentado como el enemigo social al que se debe controlar, reprimir, expulsar, encerrar y torturar. Incluso matar. Discursos para la tribuna que no van a resolver los problemas que se plantean.

Múltiples actores que trabajan con niñeces y organismos han señalado éstos y otros argumentos contra este proyecto que baja la edad de punibilidad. Parece que el Congreso no escucha ni debate seriamente.

Una vez más, la democracia se achica y el autoritarismo crece.