Presentada a fines del año pasado, la denuncia tiene por objeto el esclarecimiento y el reconocimiento por parte del Estado argentino de los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 9 y 10 de junio de 1956 en el partido de San Martín durante la autodenominada Revolución Libertadora y que se conocieron popularmente como los fusilamientos de José León Suárez. La causa la impulsa la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín -integrada por familiares, amigos y compañeros de las víctimas- y la representación de la querella está a cargo del abogado Alberto Palacios, quien en comunicación con ANDAR anunció que a fin de año podría comenzar el juicio.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) “Pretendemos lograr una condena al estado dictatorial que fue responsable de los fusilamientos de los compañeros, cinco de ellos fallecidos y otros siete que sobrevivieron. Por ahora la causa está en etapa de instrucción y recibiendo las primeras declaraciones testimoniales. Esperamos que durante la segunda mitad del año se produzca la elevación a juicio y que antes de diciembre comience el juicio”, afirmó a ANDAR el abogado de la querella unificada, Alberto Palacios.

Se trata de una causa paradigmática en términos de crímenes cometidos desde el Estado y que, a pesar del paso del tiempo –casi 70 años-, la justicia federal aceptó dar curso a la denuncia presentada en diciembre pasado por la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de San Martín.

A instancias del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín a cargo de la jueza Alicia Vence, esta semana comenzó la etapa de producción de prueba con la recepción de las primeras declaraciones testimoniales, entre las que se prevé la de uno de los sobrevivientes a los fusilamientos y el único con vida hasta este momento: Juan Carlos Livraga, quien se presentaría ante la jueza Vence el próximo miércoles 14.

Las testigos que ya prestaron declaración son Berta Josefa Carranza –integrante de la Comisión de San Martín e hija de Nicolás, uno de los asesinados en el descampado de José León Suárez durante la noche del 9 de junio de 1956- y Delia Beatriz Garibotti –hija de Francisco, militante peronista y trabajador ferroviario, también víctima fatal de aquel operativo clandestino-.

Cabe destacar que el proceso judicial en marcha se resolverá eventualmente a través de un juicio por la verdad, procedimiento alternativo al juicio con efectos penales ante la imposibilidad de adjudicar, hasta ahora, los crímenes investigados a quienes lo cometieron –entre ellos, el por entonces jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires, teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, muerto en 2001-.

En caso de que en los próximos meses surjan imputaciones sobre personas que aún estén con vida, el proceso legal se sustanciaría con un juicio ordinario con consecuencias penales en función de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, y allí están puestas las expectativas y energías de la querella.

No obstante, admiten que el juicio por la verdad serviría para una reparación histórica y para el establecimiento de una verdad oficial con reconocimiento estatal respecto a uno de los crímenes del terrorismo de estado más resonantes de la historia argentina.