La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un hábeas corpus ante el Juzgado de Garantías del Joven 2 requiriendo que cuando se inicie una causa por amenazas de bomba como delito de intimidación pública y haya niños, niñas y adolescentes que puedan estar involucrados se tramite inmediatamente en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La solicitud se hizo luego de varios casos donde se realizaron pesquisas y allanamientos en casas de jóvenes inimputables desde el fuero de adultos. Las amenazas continúan y la comunidad educativa está en alerta.

ANDAR en La Plata

(Agencia Andar) Los municipios de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen concentran al menos 700 instituciones educativas. Según publicó en julio el diario La Nación en los tres meses previos a esa nota se habían realizado más de mil denuncias por amenazas de bomba ante la policía provincial a través de la línea de emergencia 911.

Gabriela es mamá de un nene que va al jardín de la Escuela Normal 1 en La Plata. Hoy se encontraba movilizándose junto a otros padres y madres para exigir respuestas a la Dirección General de Escuelas. Cuando comenzaron los llamados empezaron al llegar a la decena de amenazas elevaron una nota a las distintas fiscalías que intervenían pidiendo que se unifiquen las causas y solución a la situación que vivían. Nunca tuvieron respuesta.

Como las llamadas entran a través del 911 se derivan a las fiscalías de turno. “Antes de vacaciones de invierno las amenazas esporádicas, una por semana. Ahora son todos los días y ha llegado más de una por día. La respuesta del abogado de la Dirección de Escuelas fue que el problema son los chicos, señalan como responsables a los adolescentes.  Pedimos reunión con jefa distrital de educación y tiene la misma tesitura, nosotros no estamos de acuerdo con eso”, subraya Gabriela.

J. tiene 14 años. En un video publicado en la web del diario El Día se lo puede ser sentado en su cama, aún en pijama, rodeado de decenas de uniformados, funcionarios judiciales y personas con cámaras que irrumpieron en su habitación a interrogarlo y buscar explosivos. Su mamá tuvo que intervenir para que no lo esposaran. La orden judicial sólo habilitaba a “registrar el inmueble a los fines de proceder al secuestro del celular”.

El operativo involucró toda una infraestructura que movilizó camiones, móviles, implicó cortes de calles, personal de la dirección de inteligencia, y la de explosivos con su escuadrón antibombas, un sinfín de recursos para comprobar que desde el celular del joven se había realizado una amenaza de bomba al colegio donde asiste. Un mes y medio después se repetía un despliegue similar en la casa de otro chico de 14 años del mismo colegio.

Al tomar conocimiento de estas intervenciones la CPM solicitó a la justicia que se garanticen los derechos que asisten a los y las niñas en la provincia y pidió que las fiscalías no libren órdenes de allanamiento cuando la autoría del hecho sea presumiblemente imputable a adolescentes. También se notificó a la Secretaría de Niñez, adolescencia y familia de la Nación y al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para que se pongan en funcionamiento las herramientas del sistema de promoción y protección de derechos de la niñez en el abordaje del caso.

“Nadie se hace responsable de decir ‘estamos trabajando en esto para resolverlo’ la jefa distrital dice que la responsabilidad es de la escuela”, cuenta Gabriela. Desde la escuela la respuesta también fue punitiva hacia los y las chicas individualizados sin ningún acompañamiento a ellos y sus familias frente a la desproporción de la respuesta penal.

“Como lamentablemente sucede con mucha frecuencia, el Estado provincial ha ensayado una respuesta unilateral a este conflicto diseñando una nueva estrategia de segregación punitiva”, consideraron desde el organismo que también solicitó que se corrija la situación de los niños imputados actualmente en causas que tramitan en un fuero que no les corresponde. En la CPM señalan que, una vez identificado el titular de una línea telefónica y su domicilio, en lugar de ordenar allanamientos violentos con escuadrones antibombas, gran cantidad de policías, armas y otras particularidades lesivas de derechos, puede constatarse la pertenencia del esa persona a la comunidad educativa del colegio y poner en funcionamiento los dispositivos previstos por el sistema.

Mientras tanto las amenazas siguen y se multiplican “Esta cuestión sistemática excede una logística pensada desde los chicos si en algún caso hubiesen hecho las llamadas, sólo se encontraron responsables de una decena de llamados hecho por ellos. No responsabilizamos a los chicos, no los criminalizamos, queremos a responsables reales, nos preocupa el vaciamiento en educación pública en general y en el jardín en particular, donde han llegado a quedar 10 chicos por sala, o 20 en todo el jardín” afirma Gabriela.

¿A qué se debe el crecimiento de las denuncias que implican a jóvenes en las amenazas? La Dirección General de Cultura y Educación, habría dictado un “protocolo de actuación ante situaciones de conflictos graves” que prevé la obligación de las autoridades educativas a cargo del establecimiento de formular de inmediato la denuncia a través de la aplicación “provincia seguridad” y de ratificarla por ante la Fiscalía de turno.  Éste sería uno de los motivos de la proliferación de Investigaciones Penales en curso, al menos en La Plata donde la CPM relevó 50 IPP por averiguación del delito de “intimidación pública”.

Ahora padres y madres de la comunidad educativa están organizándose y movilizados, tratando de contactarse con gente de otras escuelas que también padecen situaciones similares. Piden talleres, formación y acompañamiento para los y las niñas y jóvenes, y que la justicia acompañe con una investigación profunda de los motivos detrás de las amenazas.