Este viernes y sábado la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que gestiona el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires desde el 2001, realizó en su sede el Encuentro internacional sobre archivos de la represión para pensar justamente la relación entre archivos y derechos humanos y los riesgos para la preservación y gestión de estos archivos ante la institucionalización de gobiernos de extrema derecha. ¿Están en riesgo estos archivos? Mientras se realizaba el encuentro internacional, dialogamos con Mariana Arruti, una de las trabajadoras despedidas del Archivo Nacional de la Memoria desde el 2023 cuando asumió la actual gestión del gobierno nacional.

(Agencia Andar) Argentina se convirtió en lo que va del gobierno de Javier Milei en un claro ejemplo del desastre que implica una administración de extrema derecha en la relación entre archivos y derechos humanos. Mientras se realizaba el encuentro internacional sobre archivos de la represión, organizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en diálogo con Andar la cineasta y antropóloga Mariana Arruti describió los riesgos que afronta el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) –que funciona en la ex ESMA– para su misma subsistencia, dado que los recortes presupuestarios ya lo han reducido a apenas una oficina. La preservación de documentos, la respuesta a la consulta pública y las actividades de promoción de los derechos humanos han quedado congeladas.

El ANM es la institución encargada de preservar la documentación sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Tiene en custodia fondos y colecciones de origen público y privado, en su mayoría vinculados con la última dictadura cívico-militar (1976-1983), que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad, son sostén de las políticas de reparación a las víctimas y están a disposición para ser consultados por toda la comunidad.

La directora del documental Trelew, la fuga que fue masacre fue una de las tantas personas despedidas de la ex secretaría de Derechos Humanos de la Nación el 31 de diciembre de 2024. “Trabajé 21 años en el área audiovisual, despidieron a más de la mitad del Archivo, unos sesenta trabajadores y trabajadoras, en el Registro Unificado de Víctimas echaron a la mitad del personal, es decir que todo lo que significa el trabajo de investigación sobre las víctimas del terrorismo de Estado está totalmente desmantelado”, detalló. “En el sector audiovisual quedamos afuera los que más años llevábamos ahí, los que teníamos más experiencia de los fondos para la gestión y para la consulta; despidieron a todas las personas que hacían edición y digitalización de archivos audiovisuales, esa tarea no se puede hacer más, y la respuesta a la consulta pública está tremendamente afectada porque los que estábamos ahí conocíamos las colecciones del Archivo, hacíamos la tarea de catalogar”, agregó.

Arruti se mostró preocupada también por la imposibilidad de crecer del Archivo en esta dura etapa. “No hay gente en investigación ni en producción, se está atendiendo lo que se puede de la consulta pública pero no se avanza en la digitalización de las colecciones audiovisuales ni en la consulta porque no hay nadie que pueda cortar el material”, destacó con un tono de pesar en su voz. En términos más específicos mencionó que “los trabajadores y trabajadoras que fuimos despedidos somos gente que trabajó con archivos audiovisuales en distintos ámbitos como la dirección cinematográfica de documentales, la producción y la fotografía, es decir, echaron a profesionales que poníamos nuestro propio capital de experiencia, el ingreso de fondos y colecciones muchas veces vino de la mano de quienes trabajábamos allí, pusimos toda la carne al asador en esos años para que los acervos crecieran en el ANM”.

Con este panorama queda en evidencia que la institución, que dependía de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, no está pudiendo cumplir las funciones que describe en su sitio web, “preservar las huellas de la memoria institucional, ser fuente para la investigación del pasado reciente y garantizar el ejercicio de derechos individuales”.

“El ANM fue degradado a una oficina operativa, no tiene más rango de secretaría por lo cual tampoco el presupuesto es el que tenía antes, desde que asumió Milei no hubo una conferencia, ni capacitaciones, ni ingreso de colecciones, no hubo nada desde el principio, y desde diciembre fue una debacle”, detalló Arruti. En cifras, la ex secretaría de Derechos Humanos tenía 1500 empleados y quedaron solamente 500, el Centro Cultural Haroldo Conti estuvo cerrado desde diciembre hasta hace dos semanas, no hay muestras ni actividad, eran 90 y quedaron 30. “No hay ninguna posibilidad de hacer actividades de promoción de los derechos humanos, y la consulta pública se trabaja cómo se puede porque son pocos”, indicó la cineasta y ex empleada del ANM.

Un punto que pone en evidencia la crisis que atraviesan todas las dependencias es que bajó la demanda de materiales hacia el Archivo. “Como el arrasamiento masivo ocurrió en todas las áreas del Estado, no hay canales públicos, no hay Instituto de Cine, no hay producción, eso baja el nivel de consulta”, precisó Arruti. Consultada sobre la posibilidad de que algún material esté el peligro por el vaciamiento, respondió que “los back up de resguardo no se hace más, en los fondos de documentación en papel que están en el Anexo solo Conadep está digitalizado, lo demás es todo soporte papel que requiere de una gestión que esté todo el tiempo cuidando la temperatura y la humedad sean las adecuadas, que los cuidados ignífugos estén en condiciones, de todo eso no hay back up”.

El edificio del ANM es el primero que se ve llegando por la calle Comodoro Rivadavia, donde funcionaba la Escuela de Guerra Naval, y detrás está lo que en esa época era la “panadería” donde ahora está el sector anexo donde está la documentación fílmica, los negativos fotográficos y los fondos en papel cuya preservación corre riesgo.

En el marco de una mirada global, Arruti afirmó que el desprecio por la preservación de la memoria es una constante en los gobiernos de ultraderecha. “Un espacio como la ex ESMA si una cierra los ojos se acuerda que en 2013 al 2015 estaba lleno de pibes, de escuelas mirando muestras, haciendo talleres y participando en distintos programas incluso con programas de la provincia de Buenos Aires y otras provincias del país”, evocó. “Los archivos tienen una lectura nueva en cada momento de la historia, las preguntas que les hacemos son otras, y esos gobiernos apuestan a que eso no exista, no les interesa”, indicó.

A la administración libertaria tampoco parece interesarle la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “La subsecretaría de Derechos Humanos ya no puede ser querellante en esos procesos porque no tiene más abogados, y las fotografías y los documentos del ANM también nutrían esos juicios, todo es un mismo círculo desde el pibito de la primaria que viene y puede tener un diálogo con trabajadores para repensar lo que tenemos entre las manos hasta las pruebas para los juicios de lesa, pero no hay nadie para atender ninguna de esas demandas y se vuelve una rueda trágica”, aseguró.

Mariana Arruti fue el primer contrato del ANM pero desde que la despidieron no pudo volver a pasar ni siquiera por el frente en la avenida Del Libertador. “Me cuentan que los pasillos son un desierto, que la mayoría de las oficinas están cerradas, no hay gestión, no viene nadie nunca, no hay autoridades, solamente quedan pocos compañeros que están tratando de sostener sus puestos y que el Archivo siga existiendo, pero fue degradado a una mera oficina, es muy triste, la sensación es estar en un barco que se hunde”.

La página web sigue diciendo: “Preservamos el patrimonio documental sobre la violación de los derechos humanos en la Argentina, como parte de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”. Sin embargo, nada de eso parece tener correlato alguno en la práctica cotidiana.