El jueves 15 se llevó a cabo una audiencia a instancias de la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata para tratar la solicitud del excomisario de la Policía bonaerense, Luis Ponce, con vistas a obtener una medida de prisión domiciliaria. Prófugo durante dos décadas y alojado durante todo ese tiempo en la casa de Neuquén de quien hoy sigue siendo su esposa, Ponce considera que el beneficio le correspondería por su buena conducta en la UP 9, problemas de salud y los 13 años de encarcelamiento ya cumplidos. Tanto la fiscalía interviniente como la Defensoría 1 de La Plata que representa al particular damnificado –en esta causa, Mirna Gómez, compañera de Andrés Núñez- se opusieron al pedido por considerar la posibilidad de una nueva fuga así como por su eventual injerencia en favor de otro policía prófugo que, por ese motivo, aún no fue juzgado.

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(Agencia) El excomisario Luis Ponce fue condenado en 2010 a la máxima pena por graves delitos: el secuestro, la tortura, el homicidio y la desaparición de Andrés Núñez ocurrida en 1990 en La Plata.

El cuerpo de la víctima fue hallado después en un campo de General Belgrano, provincia de Buenos Aires, pero el extitular de la Brigada de Investigaciones de La Plata pasó más de 20 años fuera del alcance de la justicia, habitando con su mujer una casa en Neuquén.

Ahora, a poco más de 13 años de haber comenzado a cumplir su condena, Ponce pretende acceder a un beneficio respecto a la modalidad del cumplimiento de la pena privativa de su libertad: el arresto domiciliario.

De acuerdo a su petición formulada semanas atrás, el condenado considera que ya ha pasado mucho tiempo encerrado, que tiene buena conducta en la UP 9 donde se encuentra alojado y que una serie de cuestiones médicas podrían ser atendidas de mejor manera estando en un domicilio particular, además de tener más de 70 años de edad.

En ese sentido, sus abogados defensores, Christian Romano y Juan Pesquera, alegaron durante la audiencia del jueves llevada a cabo a instancias de la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata que el arresto domiciliario redundaría en el mismo cumplimiento de la pena pero en condiciones dignas y sin comprometer la seguridad pública.

Un rato antes, los jueces Claudio Bernard, Silvia Oyhamburu y Eduardo Raúl Delbes habían escuchado a la mujer de Ponce en cuya casa de Neuquén -donde el excomisario permaneció prófugo durante 20 años- pretende alojar nuevamente a su marido.

Del lado de la acusación, tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría 1 de La Plata a cargo de Raquel Ponzinibio –que representa al particular damnificado, en este caso Mirna Gómez, la compañera de Andrés Núñez- rechazaron los argumentos de la petición y señalaron el riesgo evidente tanto para una nueva fuga por parte de Ponce como para su eventual accionar en favor de otro policía que permanece prófugo hasta hoy, en un pacto de silencio y encubrimiento que se extiende por más de 35 años.

La pertenencia a la fuerza de seguridad bonaerense desde un cargo de poder como el de comisario de la Brigada de Investigaciones de La Plata torna evidente el riesgo de que Ponce pretenda nuevamente mantenerse lejos del alcance de la justicia, perpetuando su impunidad y privando del derecho a la justicia a la familia de la víctima que nunca ha dejado la lucha.

De acuerdo a lo que prevé la ley, los camaristas tienen hasta cinco días hábiles desde la realización de la audiencia para resolver sobre el otorgamiento o rechazo de lo solicitado por Ponce.

Cabe recordar que Andrés Núñez fue secuestrado en su casa de Villa Elvira por un grupo de policías que lo redujeron y trasladaron a la Brigada de Investigaciones, donde fue sometido a torturas y luego asesinado. Su cuerpo fue quemado en un campo de la ciudad de General Belgrano.

Durante cinco años la familia no pudo hallar sus restos. En marzo de 2017 la justicia condenó a Ponce –prófugo dos décadas y cuatro años y medio detenido- por hallarlo responsable directo de la detención arbitraria e ilegal de Núñez y habiendo probado durante el juicio su coparticipación y responsabilidad en las torturas sistemáticas impartidas sobre él (submarino seco, golpes, ataduras de manos y pies), el asesinato y enterramiento clandestino.