Este martes 27 de marzo llegó a su fin uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad más extensos de los realizados hasta acá bajo la jurisdicción de la justicia federal de La Plata: desde octubre de 2020 hasta ayer. En 140 jornadas de audiencia se produjeron 468 declaraciones testimoniales en torno a más de 600 casos de víctimas por las cuales terminaron dictándose las condenas. Hubo 10 penas a prisión perpetua, que llegan en un contexto propicio frente al avance de los discursos que desde  los estamentos gubernamentales bregan por el otorgamiento de privilegios procesales.

ANDAR en la Justicia

(Agencia) La jornada empezó temprano, a las 8 de la mañana, cuando se escucharon las últimas palabras de los imputados Roberto Balmaceda, Jorge Bergés, Jorge Di Pasquale y Alberto Julio Candioti frente al Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. La lectura de las condenas recién comenzó a las 13:30 tras un cuarto intermedio y llevó varias horas por la magnitud que tuvo el proceso, uno de los más grandes de la región al abarcar tres Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense: Quilmes, Banfield y Lanús (esta última con sede operativa en Avellaneda).

Así se conoció que Roberto Armando Balmaceda, Jorge Antonio Bergés, Jorge Héctor Di Pasquale, Guillermo Alberto Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Federico Antonio Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Horacio Luis Castillo y Juan Miguel Wolk fueron condenados a perpetua; la pena para Alberto Julio Candioti fue 25 años de prisión y Enrique Augusto Barre fue absuelto. El tribunal declaró que los hechos de los que fueron acusados constituían crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles.

El juicio inició con 18 imputados pero quedaron sólo 12 a la hora de las condenas, ya que los otros seis murieron en el proceso que se extendió por tres años y medio: Miguel Ángel Ferreyro (en 2021), Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz (en 2022), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (2022), Emilio Herrero Anzorena (2022) y Eduardo Samuel De Lio (2023).

“Para mí los días de sentencia son como días agridulces, porque por un lado se vive algo impresionante, una cosa de latido colectivo muy grande, pero también se hacen presentes las ausencias que tenemos de aquellas personas que tanto pelearon para lograr estos momentos de justicia. Pienso en este caso en Adriana Calvo, en Nilda Eloy, en Cristina Gioglio, y cómo estuvieron trabajando para esta causa”, señaló Guadalupe Godoy, representante de la querella por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, sobre la histórica sentencia.

Agregó que las primeras actuaciones judiciales sobre los delitos cometidos en el Pozo de Banfield comenzaron en 1984 con la causa conocida como Agüero, hace casi 40 años, por lo que la mirada de la abogada está atravesada por ese largo proceso de búsqueda de justicia que “condiciona un poco la mirada que uno tiene sobre este tipo de sentencias”.

Entre lo agridulce Godoy distinguió distintos aspectos del proceso: “Fue el primer juicio que hicimos prácticamente en su totalidad desde la virtualidad, con lo que para nosotros se diluyó la escena judicial que habíamos construido, que tiene una potencia particular. De todos modos es cierto que la virtualidad permitió ampliar la visualización de los juicios que antes sólo quedaba reducido a la sala de audiencias”.

A la vez subrayó que en este volver a encontrarse durante una sentencia, además de los familiares, sobrevivientes y militantes fue muy significativa la presencia de los colectivos que se constituyeron en torno a los ex CCD como sitios de memoria y que trabajaron para sostener el juicio.

Por su parte Rubén Schell, sobreviviente del Pozo de Quilmes y testigo en este juicio, manifestó que “por la marcha del domingo (por la conmemoración del 24 de marzo) y por todo lo que está pasando, la sentencia fue muy movilizante. Frente a un panorama difícil como el que avizoramos, esta resolución fue como un bálsamo. Fue muy especial poder abrazarnos con los compañeros afuera del tribunal, especialmente porque fueron muchos años de espera”.

Cabe recordar que este juicio comenzó en octubre de 2020, en plena pandemia, con virtualidad plena y en total se llevaron a cabo 140 jornadas de audiencia con 468 declaraciones testimoniales y más de 600 casos de víctimas por las cuales terminaron dictándose las condenas.

En 2022 se produjo la incorporación de nuevas imputaciones, entre ellas las correspondientes a 8 personas trans que fueron víctimas de delitos sexuales y otros durante su cautiverio en el Pozo de Banfield. En este sentido, en la sentencia de ayer fueron reconocidas como víctimas de crímenes de lesa humanidad las sobrevivientes trans Valeria del Mar Ramírez, Carla Fabiana “La Cañito” Gutiérrez, Paola Leonor Alagastino, Julieta Alejandra “Trachyn” González, Analía Velázquez, Marcela Viegas Pedro, Judith Lagarde y Claudia.

Este juicio también ventiló las responsabilidades por los delitos cometidos durante la “Noche de los lápices”, el brutal operativo realizado en septiembre de 1976 en La Plata cuando fueron secuestrados un grupo de estudiantes secundarios.

Otro aspecto particular es que en este juicio se incorporó el año pasado un conjunto de delitos cometidos en la Brigada de San Justo (sobre la cual se realizó un juicio años atrás) con un único imputado.