Tras una denuncia y posterior inspección a la comunidad terapéutica Libres para Vivir de Ituzaingó, la Comisión Provincial por la Memoria presentó un habeas corpus colectivo a favor de las personas allí alojadas, una denuncia penal ante que tramita ante la Fiscalía N° 1 de la localidad y requirió la intervención de los órganos estatales responsables. A raíz de estas acciones, realizadas en el marco de su tarea como Mecanismo local de Prevención de la Tortura, la Municipalidad clausuró el establecimiento y aplicó una multa a su dueño. La justicia además hizo lugar al habeas corpus al constatar que la comunidad no contaba con habilitación legal ni condiciones básicas para brindar un tratamiento adecuado para adicciones.

ANDAR en Ituzaingó

(Agencia Andar) Ejercicios físicos como forma de castigo, trabajo esclavo, interrupción de planes farmacológicos y ausencia de cualquier abordaje terapéutico; un establecimiento sin habilitación, sin elementos básicos de seguridad ante emergencias, en malas condiciones y con las personas hacinadas.

Con esos datos relevados previamente a través de distintas denuncias y solicitudes de información, la Comisión Provincial por la Memoria realizó una inspección a la comunidad terapéutica Libres para Vivir. Allí constató, a través de entrevistas personales privadas, que varias de las casi 40 personas internadas habían sido sedadas y llevadas a la institución de manera ilegal, en contra de su voluntad, y que eran sometidas a un régimen de vida autoritario, violento y vejatorio: se relevaron situaciones de violencia física, simbólica y verbal y retención de documentación y pertenencias. Sin abordaje integral de su salud, su permanencia en la institución no respondía a ningún criterio justificado terapéuticamente.

El organismo presentó inmediatamente un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías del Joven N° 5 de Morón, que hizo lugar al planteo y ordenó medidas. La CPM también demandó la intervención de los órganos de revisión (local y de Nación), de la Subsecretaría de salud mental del Ministerio de Salud de la Provincia y formuló la denuncia penal ante la fiscal general interina Karina Serafina Iuzzolino.

A partir del monitoreo, la Municipalidad también intervino: clausuró el establecimiento por tiempo indeterminado y aplicó una multa a su dueño, Federico Peña. Desde el Ministerio provincial intervinieron con posterioridad.