Al igual que en la jornada de apertura, el abogado defensor del exmilitar Juan Manuel Giraud, Guillermo Fanego, volvió a acusar de mentiroso –una vez más, sin fundamentos- al abogado de las querellas Pablo Llonto, y el presidente del TOF 5 de San Martín ya advirtió sobre posibles sanciones a nuevas faltas de disciplina durante el debate. En general, las defensas usaron la instancia de planteos preliminares para insistir con la prescripción de la acción penal, la violación al principio de legalidad y el carácter político de los juicios de lesa humanidad, dejando de lado la posibilidad de desarrollar la defensa técnica de sus defendidos mediante argumentos precisos.

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(Agencia) A instancias del Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, se llevó a cabo este jueves 28 de octubre la segunda jornada del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 29 de marzo y los días posteriores en la Quinta La Pastoril, situada en la calle Monsegur 1863 de Moreno, donde se iba a realizar una reunión de varios días entre los miembros de la conducción del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y militantes de organizaciones de países vecinos pero que se vio frustrada por un violento e ilegal operativo de fuerzas conjuntas.

Cabe recordar que, de acuerdo a la causa que hoy se juzga, las fuerzas dispararon al ingresar a la quinta con el objetivo de aniquilar a los militantes del PRT-ERP y llevarse secuestrados para interrogar a la mayor cantidad posible. Cuatro de ellos resultaron asesinados por los disparos de fuego que recibieron. A su vez, otras tres personas fueron asesinadas mientras intentaban huir en un vehículo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas. En ese vehículo iba un menor, que sobrevivió y que luego daría testimonio sobre la masacre.

Por otra parte, al menos siete personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, siendo llevadas a distintos centros clandestinos. “Los hechos de los que fueron víctimas los familiares de los aquí querellantes se enmarcan en el proceder genocida descripto previamente y fueron el resultado de la implementación del plan de represión. Muchos de los militantes secuestrados fueron llevados a centros clandestinos que venían operando desde antes del golpe”, destaca la acusación de las querellas.

En esta segunda jornada se realizaron los planteos preliminares de las defensas y las querellas, además de los planteos del Ministerio Público Fiscal, como paso previo a las declaraciones indagatorias que se llevarán a cabo el próximo lunes 1 de noviembre, y las declaraciones testimoniales que comenzarán desde el jueves 4.

“Considero que nada de lo que pueda decir, yo o mis colegas, va a modificar un ápice la constitución del tribunal ni tendrá mayor trascendencia. Estamos ante un tipo de proceso muy especial porque acá hay un apartamiento total y absoluto del régimen jurídico que debiera aplicarse. Nos encontramos frente a lo que algunos estudiosos han llamado juicios de venganza”, arrancó el defensor particular del imputado Giraud, Guillermo Fanego, para quien el TOF 5 es incompetente para juzgar a su asistido por hechos ocurridos en otro momento histórico y con otras autoridades constituidas.

“Desde 2003, con Kirchner y en acuerdo con ciertas organizaciones de derechos humanos y un ideólogo nefasto que aún transita por las calles del país –mencionado como colaborador del gobierno militar y de integrante de organizaciones terroristas-, surge el revivir de las causas que se encontraban finalizadas por el juzgamiento de los militares en la actuación en defensa de la sociedad contra las organizaciones terroristas que asolaron nuestro país”, volvió a insistir Fanego, para quien los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de comienzos de la década pasada “falsearon  la historia e inventaron una doctrina”.

La andanada de provocaciones y frases con pretensiones ostentosas continuó durante varios minutos hasta que el presidente del tribunal, Matías Mancini, le solicitó ser breve y ceñirse a los hechos que se ventilarán en el debate. Allí, antes de cerrar sus planteos, Fanego desempolvó “una frase de un filósofo griego, plenamente aplicable a este momento: ‘Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla’”.

Sin la verborragia de Fanego, pero con el mismo espíritu general y abstracto, se manifestó el defensor Ibañez para quien “es evidente que el inicio de estos juicios en 2003 obedece a una razón política que ni siquiera formó parte de una demanda social sino de una demanda de un grupo determinado que decidió que estos juicios debían hacerse nuevamente. El principio de legalidad es lo que ha distinguido al mundo civilizado y este mecanismo de hacer los juicios a como dé lugar es lo que estamos denunciando”. El resto de las defensas –excepto la ejercida por Miño- siguió girando sobre estas abstracciones y presuntas argumentaciones históricas.

Por su parte, el abogado de las querellas, Pablo Llonto, se mostró sorprendido por la escasa precisión de las posturas de los defensores y enfatizó: “Vamos a ratificar que hay tres columnas en este juicio, como en todos estos juicios por crímenes de lesa humanidad: Memoria, porque no olvidamos, como tampoco olvida la sociedad argentina; Verdad porque, como nos han enseñado las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, venimos a contar y demostrar la verdad, con prueba, testimonios, documentos, y no mentimos como pretende el abogado defensor Fanego; y Justicia, porque estos no son juicios políticos sino juicios que se basan en una realidad que ocurrió en Argentina, en Latinoamérica y en gran parte del planeta”.

“Los hechos que aquí se ventilarán fueron repudiados por la comunidad internacional, no por el expresidente Kirchner. Tal vez el único punto en el que no hay grieta en la sociedad argentina sea el repudio a los crímenes y el aval a los juicios. Entonces todo lo otro que se dice no es la verdad histórica, como se afirma desde la defensa. Lo único que hay que preguntarse en este juicio es si al momento de los hechos, el 29 de marzo de 1976, estaba permitido internacionalmente secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas. Si la respuesta fuera que sí, los imputados serán considerados inocentes. Nuestra visión histórica es que la comunidad internacional repudiaba estos hechos y trasladaba a los estados la obligación del juzgamiento de esos hechos”, agregó el reconocido abogado.

La fiscal María de los Ángeles Ramos abundó sobre los argumentos que echan por tierra el  pedido de prescripción de la acción penal, entre otros, formulado por las defensas: “En la época en la que se cometieron estos hechos el derecho internacional de los derechos humanos ya los condenaba como crímenes de lesa humanidad. No se trata de una categoría que haya sido creada hoy. Y estos hechos que aquí se ventilan fueron siempre cometidos por funcionarios estatales”.

“Esta categoría ya estaba penada por la comunidad global por lo que no hay afectación ni vulneración al principio de legalidad. Estos crímenes están incluidos en esta categoría y por eso son imprescriptibles. Hubo un plan de acción sistemático que ejerció un poder de manera arbitraria”, manifestó la fiscal, quien destacó también la importancia para la sociedad de conocer lo que sucedió por sobre cualquier interés que pudiera existir, como el de los imputados para tratar de evitar el enjuiciamiento.