El titular de la UFI 20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, se declaró incompetente para seguir investigando la desaparición de Facundo Astudillo Castro. El planteo, que debe resolver ahora la jueza de garantías Susana Calcinelli, se presentó un día después de que la justicia federal, donde tramita la causa que investiga la desaparición forzada, dispusiera el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich. La familia de Facundo y la Comisión Provincial por la Memoria venían reclamando la inhibición de la justicia provincial y que el caso se investigara sólo en el fuero federal.

ANDAR en Bahía Blanca

(Agencia) Ayer, tras aceptar como querellantes a Cristina Castro, la madre de Facundo, y a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, a cargo de María Gabriela Marrón, dispuso las primeras medidas de prueba en la causa que investiga la desaparición forzada del joven de Pedro Luro.

Para la justicia federal, los testigos que declararon haber visto a Facundo Astudillo Castro el 30 de abril cuando era subido a un patrullero y las contradicciones en los relatos de los policías que pudieron tener contacto con Facundo Astudillo Castro eran indicios para sospechar la vinculación de la Policía de Villarino en un hecho de violencia institucional y/o desaparición forzada.

Este jueves, un día después del allanamiento a la subestación Policía Comunal de Mayor Buratovich dispuesta por la justicia federal, el fiscal Rodolfo De Lucía planteó su incompetencia para seguir investigando en la causa por “averiguación de paradero” que tramita en la justicia provincial. La presentación, ahora, debe ser resuelta por la jueza de garantías Susana Calcinelli.

El fiscal adujo que los dos trámites, provincial y federal, tienen el mismo objeto y reconoció la valoración del expediente realizada por el Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca sobre la existencia de “elementos objetivos que permiten afirmar la posible comisión del delito de desaparición forzada”.

Cabe mencionar que esos elementos de sospecha están en el expediente que tramita en su fiscalía y sin embargo, a pesar de la denuncia realizada por la madre, De Lucía durante toda su investigación avaló la versión policial y nunca indagó la vinculación de la Policía de Villarino en el caso. No sólo eso: delegó todas las diligencias investigativas en la Policía de la provincia de Buenos Aires; es decir, en la misma fuerza sospechada, e investigada ahora por la Justicia Federal, por la desaparición de Facundo.

Recién ayer, al mismo tiempo que Policía Federal realizaba el allanamiento de la comisaría de Mayor Buratovich, el fiscal De Lucía anunciaba que apartaba “preventivamente” de la investigación a la Policía bonaerense. Una decisión que llegó demasiado tarde y que tanto los abogados de Cristina Castro, mamá de Facundo, y la CPM venían reclamando insistentemente desde la semana pasada.

La CPM había solicitado que se aplique la Resolución 1390 de la Procuración General y se aparte a la fuerza de la investigación. Los abogados de la familia también habían solicitado que el fiscal De Lucía y la Ayudantía Fiscal de Villarino sean apartados; según disposición de la fiscalía general del departamento judicial de Bahía Blanca, toda causa donde se sospeche intervención policial debe ser remitida a la fiscalía general, lo que no se cumplió.

La familia de Facundo y la CPM esperan que la jueza de garantías acepte el planteo de la fiscalía provincial y la instrucción de la causa quede sólo en el fuero federal. En ese sentido, la jueza María Gabriela Marrón ya había cursado el pedido de copia certificada de todas las actuaciones realizadas por la justicia provincial.

Pasaron 70 días de la desaparición de Facundo y el tiempo transcurrido atenta contra la averiguación de la verdad. Tiempo que podría haber sido utilizado por la policía, ahora sospechada, para ocultar pruebas y desviar la investigación.