La Comisión por la Memoria (CPM) aportó un voluminoso compendio documental del archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que resultó fundamental entre el material probatorio con el que fueron condenados 6 de los imputados a prisión perpetua, además de otros 7 que recibieron penas de entre 4 y 18 años.

ANDAR en la justicia

(Agencia) El 15 de septiembre concluyó uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad más importantes de los realizados hasta el momento, no por la cantidad de imputados o de víctimas, sino por el contexto histórico de los hechos ventilados. Tal como lo definió el fiscal de juicio Pablo Camuña antes de la lectura de la sentencia, “el Ejército se instaló en Tucumán de la misma manera que se ocupa una nación extranjera” durante la antesala del golpe de estado de 1976.

El 15 de septiembre se conoció la sentencia del histórico juicio por los crímenes del accionar clandestino de las fuerzas conjuntas en Tucumán

De gran relevancia para el esclarecimiento de las responsabilidades penales resultaron los documentos aportados por la Comisión Provincial por la Memoria a través del programa Justicia por delitos de lesa humanidad, relativos a 10 de los imputados, de los cuales 4 de ellos -Roberto Albornoz, Luis de Cándido, Miguel Moreno, Jorge Omar Lazarte- resultaron condenados a la pena de prisión perpetua.

También se aportó material sobre el seguimiento y persecución realizado por las fuerzas que actuaron en Tucumán, así como información y análisis sobre los modos de funcionamiento, organización y ejecución del llamado Operativo Independencia. En este sentido, cabe recordar que ese circuito represivo del norte argentino tuvo como origen el decreto firmado por la ex presidenta María Estela Martínez de Perón el 5 de febrero de 1975 bajo el argumento de “neutralizar y/o aniquilar el accionar de elementos subversivos en la provincia de Tucumán”.

El comando superior del operativo –primero, al mando del coronel Acdel Vilas y, luego, de Antonio Domingo Bussi- tenía la coordinación del accionar del Ejército, las policías federal y provincial, las fuerzas penitenciarias y la Gendarmería nacional asentadas en Tucumán desde poco más de un año antes del golpe de Estado.

Por primera vez en Argentina, y 40 años después de los hechos ventilados, se  condenaron crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 24 de marzo de 1976, con 266 casos de víctimas, 17 imputados y más de 400 testigos que se escucharon en el juicio durante los 16 meses que duró el debate.

Para esta megacausa, desde la CPM se aportaron legajos del año 1974 que demuestran la acción represiva previa que se venía llevando a cabo por las fuerzas de seguridad en Tucumán. Ya en el marco del Operativo Independencia se rastrean cruces de información que tienen como origen el Batallón de Inteligencia 601, distintas delegaciones de la DIPPBA, Prefectura Naval Argentina y Destacamento de Inteligencia 142 de Tucumán.

Asimismo, hay un documento en el que se consigna que a un matrimonio se le iba a realizar “una exhaustiva investigación” y que “resta consignar” sobre el “interrogatorio a que fue sometido”. Cabe aclarar que, en el marco del terrorismo de Estado, “interrogatorio” es un eufemismo para nombrar a la tortura.

Dentro del acervo documental se encuentran también legajos de la Prefectura Naval Argentina con declaraciones públicas de Acdel Vilas, quien fuera reemplazado en la acción de la dirección represiva por Antonio Domingo Bussi, y que no dejaba de jactarse de la “lucha silenciosa de los hombres de inteligencia que siguen la huella del delincuente subversivo”; o “desde el inicio del Operativo Independencia todo se centró en la ciudad de San Miguel de Tucumán y Concepción, fueron cuatro meses de lucha urbana intensiva”.

También Vilas sostenía por aquellos meses de acción clandestina que “planear una operación contra la subversión en forma convencional no es aconsejable, dado que el planeamiento convencional de las operaciones no concuerda con el oponente enfrentado. En la guerra convencional el oponente es visible, tiene uniforme y se rige por las normas de la Convención de Ginebra; mientras que en la lucha contra la subversión se enfrenta con un oponente invisible que convive con la propia población”; “diezmada la estructura celular de apoyo en la ciudad resultó una ventaja para operar posteriormente en el monte”.

Acerca de las víctimas incluidas en el juicio, se aportó documentación de prueba sobre la persecución de 269 de ellas. Las persecuciones que padecieron se extienden, por ejemplo, hasta el año 1980 cuando, a través del Batallón de Inteligencia, se informa de una víctima que fuera maestra en una escuela de la localidad de Yerba Buena: “Estuvo afiliada a la Juventud Peronista”.

Sobre otra de las víctimas, el inicio de la persecución se remonta a 1972 cuando las fuerzas de seguridad detectaron que participaba de campamentos de veraneo en los límites de Tucumán y Catamarca pero que no podían determinar “las actividades desarrolladas”. De otra persona dan cuenta de que en abril de 1975 era “activista y agitador” y que “recibió adoctrinamiento marxista” en la zona del ingenio San José.

Entre las víctimas también se identificaron mujeres que figuran en listados de Abuelas de Plaza de Plaza de Mayo: “jóvenes que fueron secuestradas estando embarazadas y cuyos bebés nacieron en cautiverio”.

Todos estos materiales documentales extraídos del archivo de la exDIPPBA –que administra y gestiona la CPM- señalan la importancia del acervo histórico y demuestran que la tarea de inteligencia de la DIPPBA no se limitó a las fronteras de la provincia de Buenos Aires sino que se extendió a todo el país, y que la última dictadura cívico-militar planificó y sistematizó la información a nivel nacional entre las fuerzas armadas y de seguridad en pos de la consumación del plan genocida.