Organizaciones de familiares de detenidos se encuentran movilizadas y sosteniendo una vigilia frente al Congreso para pedir una mesa de diálogo previa a la sanción de cualquier reforma en las leyes penales. La Comisión Provincial por la Memoria presentará un informe ante la comisión de justicia y asuntos penales del Senado en el que advierte sobre el impacto negativo que un paquete de leyes de este sesgo pueden tener sobre un sistema de encierro ya colapsado.

ANDAR entre leyes

(Agencia) En diciembre pasado la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca, entre otras medidas regresivas, acotar la progresividad en el acceso a la libertad para los condenados por distintos delitos, cercenando figuras como el régimen de semi-detención o las salidas transitorias. Algunos casos de resonancia pública y mucha cobertura mediática volvieron a avivar el debate sobre la necesidad de una reforma de las leyes penales y de endurecerlas. Ahora la comisión de justicia y asuntos penales del Senado trabajará sobre el tema; de ser aprobado en esta instancia el proyecto iría directo al recinto.

Frente a este inminente tratamiento, la Red de organizaciones de familiares contra la violencia institucional comenzó a movilizarse e instaló una mesa informativa frente al Congreso, justo al lado de la escuela itinerante. “El problema de la ley 24660 es que nunca se cumple como corresponde, al menos en la provincia de Buenos Aires”, asegura Elvira Meza, integrante de la red y madre de un joven detenido en el sistema penitenciario provincial. “No están tratando bien el tema; como no encuentran soluciones hacen estas leyes que van a ser peor”, agrega Cristina Almeyda.

Los y las familiares en la mesa informativa frente al congreso

Desde Comisión Provincial por la Memoria (CPM) rechazaron las reformas, en primer lugar porque no se debatieron con la participación de actores políticos, sociales, culturales, académicos ni con un tiempo y plazos razonables. Una reforma de esta magnitud implica una política de mediano y largo plazo, pero tiene un impacto social inmediato sobre los sectores más vulnerables y desprotegidos por el sistema político. La CPM respalda a los familiares en su preocupación y sostiene también la necesidad de un debate profundo a la hora de pensar cualquier reforma en la política criminal del país. “No es así como se deben pensar las leyes –acuerda Elvira-, tienen que ser debatidas y trabajadas con las personas afectadas y con toda la comunidad”.

En la misma sintonía, Cristina cree que si los legisladores conocieran realmente la situación en que se encuentran los detenidos en los penales del país abordarían el problema con otros ojos. “Ellos no saben lo que viven los pibes adentro. Esto se está yendo de las manos, y por los últimos casos más graves -y sin pensarlo- van a votar algo que va a empeorar la situación. Si no le damos batalla esto termina con bolsas negras en las puertas de los penales”, dice preocupada. Luego de la jornada informativa de hoy los familiares volverán mañana al mediodía a la plaza esperando que alguien los reciba para solicitar una mesa de diálogo sobre el tema.

La CPM enviará a los integrantes de la comisión pertinente del Senado un informe detallado analizando el proyecto y sus posibles consecuencias, pero sobre todo alertando a los y las legisladoras que estas reformas adolecen, desde sus orígenes, de un grado patente y grave de inconstitucionalidad. El informe repasa punto por punto los proyectos de reforma y los cruza con jurisprudencia y legislación nacional e internacional en función del respeto de estándares de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos.

Desde el organismo advirtieron que las violencias que aquejan a nuestra sociedad deben ser tema prioritario de cualquier agenda de gobierno, y debe involucrar a toda la política pública. El costo de elegir estas políticas es la consolidación de los entramados de violencia y la sistemática violación a los derechos humanos con el consecuente debilitamiento del sistema democrático.

En diciembre la CPM ya había presentado sus objeciones a los diputados: Rechazo a la reforma de las leyes penales: la promesa de seguridad con mano dura es falsa