Tras el apresurado fallo del juez Lleral que decidió cerrar y archivar la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, desestimando así la posible responsabilidad de Gendarmería en el hecho, la familia del joven y todas las querellas pidieron ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia la reapertura de la causa. En su rol de querellante, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que la decisión de Lleral se funda en una arbitraria valoración de la prueba y que, más grave aún, cercena el derecho a la justicia y la verdad. La Madre de Plaza de Mayo—Línea fundadora e integrante de la CPM, Nora Cortiñas, estuvo presente en la audiencia.

ANDAR en Comodoro Rivadavia

(Agencia Andar) Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia escucharon, durante más de cuatro horas, los fundamentos de las querellas para sostener el pedido de reapertura de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado. Además de la familia del joven, son querellantes la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el CELS, la APDH y la Asociación de ex detenidos desaparecidos. Las cinco querellas coincidieron en cuestionar la decisión apresurada y arbitraria del juez Gustavo Lleral que, el 29 de noviembre pasado, decidió cerrar la causa y dictar el sobreseimiento del único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú.

Santiago Maldonado desapareció el 1º de agosto en el marco de una violenta represión de Gendarmería a los integrantes de la lof de Cushamen. Su cuerpo fue encontrado 78 días después en el río Chubut, muy cerca del lugar donde fue visto por última vez Santiago y en un sector que ya habría sido rastrillado previamente. Esa es una de las tantas incógnitas que tiene la causa.

Durante la audiencia de apelación, la CPM cuestionó la decisión del juez Lleral que se funda en una arbitraria valoración de las pruebas y, fundamentalmente, en el desprecio de cualquier otra hipótesis de investigación para el esclarecimiento del hecho.

Sobre este punto, por ejemplo, y en consonancia con el aporte de todas las querellas, se remarcó que en ningún momento de la investigación judicial Lleral hizo una profunda valoración del contexto de violencia en el que ocurrió la represión del 1º de agosto a la comunidad mapuche de Cushamen. Operativo que se realizó con un gran despliegue de gendarmes y con la presencia, además, de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Ese día la Gendarmería ingreso al territorio sin orden judicial en una suerte de cacería, destruyendo una casa mapuche, quemando las pertenencias de miembros de la comunidad y disparando con sus armas reglamentarias. Todo esto, junto con las vainas servidas 9mm recogidas en el lugar, se encuentra acreditado a partir de fotografías y vídeos en los que se observa el accionar de los gendarmes. Sin embargo, en su decisión de cerrar la causa, el juez Lleral desconoce esa concatenación de actos represivos.

Más allá de estos cuestionamientos puntuales a la investigación judicial, la CPM en particular fundó el pedido de reapertura de la causa en el derecho a la verdad y el consecuente derecho al acceso a la justicia que le asiste tanto a la familia como a la sociedad en su conjunto. “Es necesario que esta Cámara reponga el carácter de violación de los derechos humanos que esta causa tiene y avance en la investigación sobre la eventual responsabilidad del Estado”, cerró.

Por su parte, el abogado de Gendarmería, Mauricio Castro, en consonancia con la resolución de Lleral reclamó que quede firme el sobreseimiento de su representado y único imputado, Emmanuel Echazú.

Una postura similar adoptó el fiscal de Cámara Norberto Bellver. A pesar de los extensos planteos realizados por las querellas, Bellver avaló sin fundamentación alguna el dictamen del juez Lleral. Esta actitud, tan impropia de un funcionario del Estado que tiene la obligación de investigar, generó el rechazo explícito de todas las querellas que manifestaron su preocupación por el desapego del Ministerio Público Fiscal por contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia en un caso de esta gravedad institucional.

Ahora, los integrantes de la Cámara de Apelaciones deberán resolver si ellos también avalan la investigación del juez federal o, en cambio, ordenan la reapertura de la causa y permiten a los familiares de Santiago Maldonado y a toda la comunidad saber qué pasó el 1º de agosto de 2017 durante la represión a la comunidad de la lof de Cushamen.