Casi un centenar de familias fueron desalojadas de sus casas en el barrio Río Luján, en Pilar. El procedimiento ejecutado por la Policía Bonaerense fue muy violento y se violaron protocolos y derechos que deben estar garantizados en estos casos donde hay involucrados niños, niñas y adolescentes y se afectan necesidades básicas de las familias. Al tomar conocimiento de los hechos, que incluyeron detenciones, amenazas y golpizas por parte de la policía, la Comisión Provincial por la Memoria en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura presentó una denuncia penal ante la Fiscalía general del departamento judicial de San Isidro para que se investiguen las violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía. También interviene la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Zona Norte.

ANDAR en Pilar

(Agencia Andar) El desalojo fue a las 5 de la madrugada del 2 de enero. Aún era de noche cuando los policías comenzaron a romper las puertas de las casillas, sin identificarse y amenazando a los vecinos: “saben que es ilegal que estén acá, así que apúrense porque viene la topadora y se lleva puesto todo”. Las 266 personas que vivían en ese barrio se encontraron con un panorama aterrador: abruptamente cientos de móviles policiales y topadoras rodeaban las casas.

De hecho en el operativo participaron efectivos de 8 comisarías de Pilar incluyendo la de mujer y Familia, de 10 destacamentos de la zona, grupos GAD de una decena de localidades y más personal de diversas direcciones como Caballería e Infantería, entre otras. Sumaban en total unos 600 agentes. Actuaron violentamente con amenazas, golpes y detenciones a quienes comenzaron a exigir que les mostraran la orden de desalojo, cosa que nunca hicieron.

También había otras agencias estatales pero, de acuerdo a un relevamiento realizado por la APDH zona norte en el lugar, los funcionarios civiles que formaron parte del operativo no tomaron ninguna medida de resguardo sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes presentes, ni implementaron alguna ayuda o contención en general.

La orden se había librado a mediados de diciembre por el juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías en lo Penal N° 7 de Pilar a raíz de una investigación por usurpación que tramita en la UFI 2 de Pilar a cargo de Andrés Quintana. “El operativo fue violento, hostil y desproporcionado”, definió un testigo que suele colaborar en un comedor popular que funciona en el barrio y daba de comer a unas 150 personas por día.

La mayor parte de las personas desalojadas son mujeres, madres jefas de hogar y con un promedio de 2 hijos menores de edad, según lo relevado por la APDH Regional Zona Norte, que entrevistó a las familias. Los testimonios coinciden en que no les dieron tiempo a sacar sus pertenencias de las casillas, y denuncian que había efectivos que se llevaban sus cosas sin registrarlas adecuadamente, sustrayendo sus objetos de valor como electrodomésticos, televisores o colchones.

En la denuncia la CPM solicitó se realice una exhaustiva y rigurosa investigación sobre el despliegue de la violencia policial, se dispongan medidas de protección consensuadas con las víctimas e informó a la Auditoría de Asuntos Internos sobre el accionar de los agentes. La presentación describe cómo en varios casos los y las vecinas que sufrieron detenciones fueron golpeados, amenazados y los quisieron hacer firmar actas donde decía que ellos habían agredido al personal policial a lo que se negaron. Una de las personas detenidas denunció también que padeció malos tratos y vejaciones en las comisarías donde fueron alojados.

El acceso a necesidades básicas, tales como alimentación, agua o incluso asistencia médica y psicológica, les fue negado durante todo el operativo y los días posteriores, cuando muchas familias quedaron acampando en los alrededores del predio.

Esta última semana, aún sin respuestas y sin lugar donde vivir, los vecinos y vecinas se movilizaron a la fiscalía y ya lo habían hecho hacia el municipio mientras se sostienen apelando a la solidaridad y mediante ollas populares y donaciones.