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LA CPM REÚNE A MÁS DE 300 FAMILIARES EN CHAPADMALAL Violencia institucional, tortura y muerte: organizarse contra el dolor y la impunidad

Por Rocío Suárez
3 noviembre, 2015
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Entre el 6 y el 8 de noviembre, se realizará en Chapadmalal el II Encuentro nacional de familiares víctimas de la violencia policial organizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Unos 320 familiares y organizaciones de todo el país se juntarán para debatir, reflexionar y construir herramientas para la promoción y defensa de los derechos de las personas víctimas de la violencia policial, carcelaria y judicial. Las jornadas contarán con la participación del presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, y la nueva integrante, Nora Cortiñas.

Andar en la organización

(CPM) Son los olvidados, los invisibilizados, los que sufren el avance violento e ilegal del aparato punitivo del Estado. Son los que sufren por sus seres queridos víctimas del gatillo fácil o de las torturas sistemáticas que se aplican en lugares de encierro. “Somos víctimas de la policía, del sistema penitenciario y de la justicia”, dijeron los familiares víctimas de la violencia institucional, en el comunicado que elaboraron luego del I Encuentro nacional y leyeron durante la presentación del Informe Anual 2015 de la CPM en junio pasado.

Desde entonces, hemos seguido trabajando conjunta y colectivamente para hacer posible ese desafío: acompañar, pensar, encontrarse, tender puentes, construir. En ese marco, se desarrolla el II Encuentro nacional de familiares víctimas de la violencia institucional que reunirá a 320 familiares de todo el país y contará con la participación de organizaciones de la provincia y el interior, entre ellas, FAVISIC, ACIFaD, Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, Asociación Camino al Siglo XXII, Familiares de la Masacre de Quilmes, Familiares y Amigos de Florencia “la China” Cuellar, COFAM, COVIC, Xumec de Mendoza, Observatorio de DDHH de Rio Negro, Red de Organizaciones contra la Violencia Institucional de Santiago del Estero, Consejo Municipal contra la Violencia Institucional de Punta Indio, Atrapamuros. Vendran familiares desde Jujuy, Salta, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Cordoba, Santa Fe, Rio Negro, Chubut, CABA y de diversos lugares de la Provincia de Buenos Aires.

«La Comisión por la Memoria viene acompañando y trabajando desde su creación, con las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la dictadura, y también de los gobiernos democráticos. Este II Encuentro nacional expresa ese intenso trabajo, e intenta fortalecer la unidad de los familiares, compartir sus experiencias de lucha contra la impunidad y contribuir a su organización. La impunidad de los perpetradores es la regla en estos casos, y se sustenta en un sistema penal diseñado para reproducir esas violencias, torturas y muertes contra los sectores más vulnerables de la sociedad. La organización, que estructure y dé continuidad a la lucha por la igualdad y la justicia, es el único camino posible. Y a eso contribuye la CPM, ya no sólo en la provincia, sino a nivel nacional», expresó Roberto Cipriano García, miembro permanente del organismo.

Durante el programa del II Encuentro, se realizarán seis talleres sobre: Violencia policial, Violencia carcelaria, Violencia judicial, Articulación de organizaciones, Estrategias de comunicación y Políticas pospenitenciarias. Estos talleres pensados como espacios de participación y reflexión para compartir las experiencias propias, identificar problemáticas y desafíos comunes, articular redes de contención y denuncia de la violencia institucional.

En estas jornadas también se desarrollará el conversatorio Con moverse frente al dolor, con la participación de Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM, y Nora Cortiñas, flamante nueva integrante del organismo. Este conversatorio tendrá lugar el sábado 7 a las 18 horas.

Finalmente, el domingo 8, Roberto Cipriano García coordinará una mesa debate El Estado frente a la violencia del Estado: cárceles y policías que estará integrada por Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente Para la Victoria, Christian Castillo, dirigente nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas, y el juez de Garantías Juan Tapia.

“Los diversos momentos y espacios de este encuentro se constituyen como muestrario de las graves violaciones de derechos humanos que aún persisten en la Argentina y que son ejecutadas por los Estados Nacional y provinciales. Las atrocidades cotidianas, torturas y muertes ejecutadas por funcionarios públicos (policías, penitenciarios o de custodia en general), muchas veces son avaladas por un sector importante de la sociedad que alimentan la idea errónea de que con más violencia se termina con la violencia. La violencia degrada la sociedad y refuerza el autoritarismo, dañando la democracia”, sostuvo Cipriano García y agregó: “En la igualdad, la inclusión y la justicia, están los cimientos de la paz. En Argentina la desigualdad y el autoritarismo enlazan dictadura y democracia, por eso decimos que los ideales de memoria, verdad y justicia son, todavía, anhelos inconclusos que debemos seguir construyendo”.

A partir del monitoreo permanente de la CPM, sobre los sistemas de encierro a través de su Comité contra la Tortura  y sobre las políticas de seguridad, a partir de los Programas de Seguridad y Justicia democrática y Litigios estratégicos, este organismo público autárquico, ha constatado y advertido en innumerables ocasiones, las graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas por las prácticas criminales de las policías y las condiciones de detención.  Desde la declaración de emergencia, aumentó considerablemente el ejercicio de la violencia policial, que se refleja cotidianamente en prácticas como las detenciones arbitrarias y en el uso letal de la fuerza y creció —hasta alcanzar un récord histórico— la tasa de prisionalización; a esto se le suma el agravamiento de las condiciones estructurales de hacinamiento y superpoblación, y las prácticas sistemáticas de tortura. Al mismo tiempo, la gran mayoría de las causas que investigan las responsabilidades de funcionarios policiales y penitenciarios en este tipo delitos acaban sin condenas.

Así se constituye una doble victimización: primero, como víctimas de las fuerzas de seguridad y luego de la justicia. Frente a las violencias desplegadas por las instituciones del Estado y los discursos punitivistas; desde la CPM, creemos que resulta indispensable seguir trabajando en el fortalecimiento de esta red de organizaciones y en el desarrollo de herramientas colectivas para la promoción y defensa de los derechos humanos. Sólo la organización permite quebrar el desamparo y la impunidad.

 

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