Durante la jornada del lunes 28 continuó la audiencia de debate oral y público que se realiza a instancias del Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata -bajo la modalidad de juicio por jurados- y que tiene a 9 agentes penitenciarios de la Unidad Penal 1 como imputados. Se ventilan las responsabilidades por las torturas seguidas de muerte de las que resultara víctima el joven Gastón Ayala Aquino. La CPM representa a los padres de la víctima en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, y considera fundamental y esclarecedora la prueba producida durante el debate, que da cuenta de la injustificada y brutal golpiza y tortura a las que fue sometida la víctima mientras padecía un ataque de epilepsia.

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(Agencia) Con la dirección técnica a cargo del magistrado Ezequiel Medrano, el debate oral y público bajo modalidad de juicio por jurados busca determinar qué participación específica tuvo cada uno de los 9 agentes penitenciarios imputados por el asesinato a golpes del joven Gastón Narciso Ayala Aquino ocurrido en la madrugada del 1 de agosto de 2016 en las inmediaciones de sanidad de la UP1 de Olmos.

Desde el lunes 21 de octubre hasta hoy se produjo la totalidad de la prueba, que contó –entre otros- con el testimonio de un perito arquitecto que dio detalles y precisiones de los lugares por los que fue trasladado Ayala Aquino, primero por sus compañeros sobre una manta y luego a la rastra por los penitenciarios; personal de sanidad de la unidad, como la médica de guardia que constató la muerte de Gastón y las lesiones en distintas partes del cuerpo.

También declararon los detenidos que al momento de los hechos eran compañeros de celda o de pabellón de Gastón Ayala Aquino, varios de los cuales llevaron a la víctima sobre una manta hasta la puerta de sanidad para que recibiera atención médica por un nuevo ataque de epilepsia.

Todos ellos, profundamente conmovidos al reconstruir la experiencia vivida, contaron a los jurados la injustificada y brutal intervención de un grupo de penitenciarios que golpeó y redujo violentamente a Gastón en medio de un episodio convulsivo.

En ese sentido, describieron la irrupción intempestiva del jefe del penal, Herrera, que lo tomó por la fuerza y lo arrastró hasta su oficina (situada en planta baja, a metros de la redonda o puesto de control que comunica con sanidad, entre otros destinos administrativos), ordenando que los compañeros de Gastón volvieran a subir a las celdas. De esa manera se evitaría la presencia de eventuales testigos del castigo que sufriría la víctima entre cuatro paredes y a manos de tres altos jefes de la unidad penal.

Sobre los penitenciarios, hay que destacar las notorias diferencias entre sí expuestas por las defensas particulares, en consonancia con los grupos que circunstancialmente actuaron aquella madrugada: el de los de mayor jerarquía (Herrera como jefe del penal, más Vallejos y Tocci) que ingresaron a la víctima a la oficina del primero y allí lo golpearon y maltrataron casi hasta provocarle la muerte, y el resto de penitenciarios, de menor jerarquía y que no ingresaron a esa oficina, y cuya su participación habría sido especialmente hasta que Herrera decide “hacerse cargo de la situación”.

La mayoría de los imputados hizo uso del derecho a declarar en juicio sin juramento de decir verdad, y fue allí donde quedaron expuestas aquellas profundas diferencias entre ellos. El exjefe del penal, Rafael Herrera, fue acusado por los agentes de haber tergiversado los contenidos de los informes elaborados en la unidad penal aquella mañana de agosto de 2016 para mejorar su propia situación en detrimento de sus subalternos, además de ser el responsable directo de la muerte de Gastón.

En efecto, varios de los imputados describieron cómo Herrera irrumpió en el pasillo cercano al puesto de control donde tenían a Gastón Ayala reducido en el piso y, arrastrándolo como “un trapo de piso”, lo llevó al interior de su oficina, donde lo habría ahorcado y torturado hasta casi producir su muerte, la que ocurriría minutos después.

Por su parte, en un desordenado e inverosímil relato, el propio Herrera pretendió defenderse y dijo que a Gastón Ayala lo había llevado a su oficina “para mantener una audiencia e intentar tranquilizarlo mediante el diálogo, comprender los motivos de sus gritos y de su estado de excitación. En vez de ahorcar y golpear a la víctima, aseguró que sólo lo acostó en el piso y lo tomó por la mandíbula preguntándole su nombre e invitándolo a dialogar.

Su versión de los hechos contrasta con la de todos los testigos del juicio –tanto detenidos como penitenciarios-, que vieron a Herrera sacando a Gastón de la oficina del jefe del Penal en un estado de debilidad y falta de aire absolutos.

De acuerdo al cronograma previsto, el juicio terminaría el miércoles 30 con la lectura de veredicto, quedando para más adelante la fecha de audiencia de cesura que determinará, en caso de culpabilidad, el dictado del monto de las penas.

Cabe recordar que el hecho que se juzga durante estos días ocurrió entre las 8 y las 9:10 hs del 1 de agosto de 2016, cuando Gastón Ayala Aquino, de 36 años, sufrió un ataque de epilepsia en su celda de la Unidad Penal 1 de Olmos. Esos episodios surgieron a partir de un accidente doméstico sufrido en su adolescencia, y para evitarlos debía tomar todas las mañanas la medicación correspondiente.

Los imputados por el delito de imposición de tortura agravada por el resultado de muerte son nueve: Rafael Ezequiel Herrera (jefe del penal de aquel momento), Juan Ignacio Tocci, Santiago Barrios Rivero, Mariano Oscar Silva Urbieta, Matías Wernicke, Mario Abel Ardiles, Emanuel Vallejos, Eliseo Oriel Porta y Sergio Ariel Ceballos.

El bloque acusador está integrado por la fiscal de juicio Leila Aguilar y por el programa de Litigio Estratégico de la CPM que, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura, patrocina a Ricardo Ayala y Elvia Aquino, los padres de Gastón; el otro particular damnificado es el de la pareja de Gastón, Natalia Pachiello, que está siendo representada por la abogada Betina San Martín.