En la madrugada del 14 de marzo del año pasado Francisco Cruz, persona con padecimiento mental que se encontraba bajo tratamiento en el Hospital de Melchor Romero, fue detenido por policías del Comando de Patrulla de Florencio Varela. Fue la última vez que se lo vio con vida. Tres días después de estar desaparecido, su cuerpo fue encontrado en una tosquera, semicubierto de brea. Desde el primer momento, la instrucción judicial estuvo plagada de irregularidades, acciones ilegales y dilaciones en la producción de medidas de prueba. A 15 meses de su muerte, la madre de Francisco Cruz viajó mil kilómetros desde su Corrientes natal para pedir explicaciones por la falta de avances en la investigación. Esta semana será recibida por el Procurador General Julio Conte Grand, el fiscal general de Quilmes Marcelo Dragui y el Fiscal Provisionatto. La Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocina a la familia de Francisco.

ANDAR en Florencio Varela  

(Agencia Andar) Este lunes 14 de junio, cuando se cumplan 15 meses de la desaparición y muerte de Francisco Cruz, el Procurador General Julio Conte Grand, recibirá a la familia de Francisco.

“La desesperación me obligó a viajar, llevo un año y tres meses y no tengo ninguna respuesta del fiscal, cada vez que preguntamos en la fiscalía no tenemos nada. Como madre, ya no puedo confiar en este fiscal, vine específicamente a pedir que sea apartado de la causa”, dice la madre de Francisco, Ramona Espinoza, quien viajó desde Corrientes para que le expliquen por qué la causa, donde se sospecha la participación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no tuvo prácticamente ningún avance.

Francisco Cruz era albañil, tenía 29 años y estaba en recuperación por sus problemas de adicciones. El 13 de marzo del 2020, fue atendido dos veces en el Hospital de Melchor Romero y medicado con lorazepam. En estado de vulnerabilidad e inestabilidad por los psicofármacos, esa misma noche se escapó de la casa que compartía con su hermana en Ingeniero Allan.

Pocas horas después, en la madrugada del sábado 14, Francisco ingresó al patio de una vivienda; estaba alterado y desorientado, los vecinos lograron reducirlo y llamar al 911. Cuatro policías del Comando de Patrullas de Florencio Varela llegaron al lugar; Francisco tenía un andar errático y no se entendía lo que decía, ante el evidente estado de descompensación, los vecinos no radicaron ninguna denuncia por que a simple vista observaron que se trataba de una persona con padecimiento mental.

Una cámara de seguridad y los vecinos que declararon en la causa confirman que Francisco fue aprehendido y trasladado en uno de los patrulleros. Esa fue la última vez que alguien lo vio con vida. Estuvo casi cuatro días desaparecido: el 17 de marzo, al mediodía, su cuerpo apareció semicubierto de brea en una tosquera.

En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompaña y patrocina a la familia de Francisco Cruz. Desde el primer momento, el organismo advirtió irregularidades en las primeras diligencias investigativas que estuvieron a cargo de la misma Policía bonaerense; recién cuando encontraron el cuerpo de Francisco Cruz, se aplicó la resolución 1390 y separó a la policía de la investigación.

La falta de celeridad en la actuación fiscal también es una marca de la instrucción judicial. En diciembre pasado, nueves meses después de la muerte, el fiscal Provisonatto recibió por primera vez a las hermanas de Francisco y se comprometió a realizar algunas medidas de pruebas, que deberían haberse resuelto mucho antes, entre ellas el secuestro de los celulares de los policías que intervinieron en la aprehensión de Cruz. Los teléfonos se secuestraron pero todavía hoy, a casi seis meses, los resultados no están disponibles. Tampoco el fiscal interviniente investigó la actuación de la policía bonaerense que incluyó testigos falsos en la causa e incluso levantó un acta de una declaración diferente a la brindada por una persona que debió firmar sin poder leerla.

Las preguntas sobre las razones de su muerte tampoco fueron esclarecidas. Según la autopsia, Cruz murió por asfixia producto de la inhalación de la sustancia, simil brea, que cubría la tosquera; sin embargo, el cuerpo fue encontrado boca arriba y en un charco donde era imposible que pudiera ahogarse. La autopsia también indicó que el rostro presentaba heridas post-mortem producto de la posible participación de terceras personas, pero todavía no pudo determinarse cómo fueron realizadas esas lesiones.

“Hasta este año, la investigación se centró únicamente en determinar el estado de salud de Francisco al momento en que fue aprehendido, pero no se buscó determinar quiénes fueron esas terceras personas que podrían haber intervenido en su muerte. En ese sentido, a pesar de los reiterados pedidos, hubo que esperar casi un año para obtener el secuestro de los teléfonos de los policías que, de acuerdo al expediente judicial, son los últimos que lo vieron con vida”, señalaron desde  la CPM.

“El fiscal no está haciendo su trabajo, durante meses nos negó información a nosotras siendo familiares y todo este tiempo tuvimos que reclamarle para que nos escuche. Necesitamos un fiscal que asuma su responsabilidad de investigar, porque necesitamos creer en la justicia”, agrega Celeste Cruz, hermana de Francisco.

Además de las dilaciones e irregularidades en esta causa, el fiscal Provisionatto -titular de la UFI N° 1 de Florencio Varela- también investiga la muerte de un hombre con epilepsia y leve retraso madurativo, Carlos Ibáñez. En este caso, antes de ingresar en el Hospital había sido interceptado por efectivos de la comisaría 6ª de Florencio Varela y luego personal del SAME. Fue llevado al Hospital y enterrado como NN, pudiendo la familia encontrar el cuerpo varios meses después. Esta causa estuvo plagada de irregularidades y por ambas actuaciones la CPM lo denunció, ante la Procuración General.

La actuación fiscal en estas causas devela un problema de fondo: la ausencia de fiscalías especializadas en violencia institucional en el departamento judicial de Quilmes. Un problema aún mayor si se tiene en cuenta que, de acuerdo al Registro de Violencia Institucional, entre el 2018 y el primer semestre del 2020, es el 5° departamento judicial con más causas iniciadas por este tipo de delitos.

La ausencia de una agencia judicial especializada impide la realización de investigaciones con la perspectiva de derechos humanos que requieren estos casos. La causa de Francisco Cruz es un triste ejemplo de esas limitaciones, que navegan entre la impotencia, la desidia y la complicidad.

A la grave actuación judicial, debe agregarse la falta de protocolos que limiten la actuación policial en estos casos. Frente a una persona en crisis por padecimiento mental, debe intervenir personal de salud para brindar una atención adecuada y no la policía para detenerla. El año pasado en otro caso similar de actuación policial y judicial sin cumplir con la ley nacional de salud mental N° 26.657, murió Cristian Moreno Garzón, veterinario colombiano que estaba realizando un posgrado en La Plata; frente a una crisis, fue detenido y golpeado por la policía, y finalmente trasladado a la unidad penitenciaria N° 34 donde fue asesinado.