El rector de la Universidad de Mar del Plata decidió suspender un acto de conmemoración de una estudiante asesinada por la CNU en medio de una asamblea universitaria en 1971. Organismos y familiares de la joven exigieron explicaciones y se levantó la suspensión. Las tensiones que surgen al recordar a las víctimas de la violencia armada vinculada al terrorismo de estado.

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ANDAR en Mar del plata

(Agencia) Terminaba 1971 y en el Aula Magna de la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata se desarrollaba una asamblea estudiantil convocada a partir de la expulsión de dos estudiantes. Pero esa vez facciones de derecha, organizadas en la Concentración Nacional Universitaria (CNU), decidieron disolver la asamblea a los tiros y cadenazos. Allí murió Silvia Ana Filler, de 18 años, a causa de los disparos.

A 44 años de aquel 6 de diciembre un conjunto de organizaciones propusieron al Consejo Superior de la universidad realizar una conmemoración de esa estudiante colocando una placa en un contexto particular: más allá del aniversario,  actualmente se está juzgando a miembros de la CNU por crímenes de lesa humanidad.

Pero el rector de la universidad ordenó que se suspenda el acto amparándose en un detalle administrativo: en la placa no figuraba el número de la ordenanza que la autorizaba. “Hay otras placas que no tienen la ordenanza entonces se puede especular con estos motivos. La realidad es que esto demuestra que todavía en la Universidad Nacional de Mar del Plata hay sectores que temen meterse con la Concentración Nacional Universitaria”, analiza Enrique Romanin, Secretario general de ADUM, la Asociación Docente Universitaria Marplatense.

“La estudiante Silvia Filler fue asesinada en este edificio por integrantes de la CNU que irrumpieron armados en una asamblea”, dice el texto de la placa. “Esto está probado judicialmente, incluso se condenó a varios miembros de la CNU, que estuvieron detenidos en devoto”, afirma Romanin. Oscar Héctor Corres y Juan Carlos Gómez, ambos miembros de la CNU, fueron señalados, juzgados y condenados  como los ejecutores del crimen en aquel momento, aunque Corres recuperó su libertad en 1973.

Ante la reacción y el reclamo generalizado por el levantamiento de la placa, autoridades de la universidad se reunieron con representantes de ADUM, organismos de derechos humanos y docentes y autorizaron el acto de colocación que se realizará este viernes 4 de diciembre a las 18 hs en las puertas del rectorado (Diagonal J. B. Alberdi 2695). “En otro momento ya hubo presiones al rector por parte de gente vinculada a la CNU y entendemos que algo de eso también está presente. Hay cierto miedo y por eso una parte de la universidad prefiere no meterse con esto”, evalúa el representante del gremio docente.

El juicio

En el juicio por delitos de lesa humanidad a integrantes de la CNU se juzga por primera vez  a diez civiles y un militar retirado acusados de asociación ilícita y de haber asesinado a militantes políticos entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976; cuando integraban la CNU.

En el juicio, en el que llegarán a declarar alrededor de 280 testigos, están imputados: José Luis Granel, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Roberto Alejandro Justel y Marcelo Arenaza, que llegan al proceso en libertad; Mario Ernesto Durquet y Juan Pedro Asaro quienes permanecen detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán; y el ex fiscal federal Gustavo Modesto Demarchi, Raúl Rogelio Moleón, Fernando Alberto Otero y Raúl Arturo Viglizzo, quienes fueron trasladados a Batán desde el complejo penitenciario de Marcos Paz durante el tiempo que dura el proceso.

Se estima que las últimas audiencias del juicio se desarrollarán en marzo de 2016.