A una semana de la condena al policía bonaerense Pablo Nicolás Moresco por el asesinato de Ulises Rial y Ezequiel Corbalán, sus compañeros de fuerza convocan a una movilización en San Nicolás para rechazar el fallo del Tribunal Oral Criminal N° 2. Los policías llaman a marchar con vestimenta azul, el color característico de la fuerza, en una clara muestra de corporativismo. En su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Auditoría de Asuntos Internos para que intervenga en lo que considera una grave intromisión en la resolución del poder judicial por parte de una fuerza armada del Estado.  

ANDAR en San Nicolás  

(Agencia Andar) El jueves pasado, el TOC N° 2 de San Nicolás condenó a la pena de 17 años de prisión al policía bonaerense Pablo Nicolás Moresco por el homicidio de Ezequiel Corbalán y Ulises Rial ocurrido en 2020. La noche del hecho, a bordo de una patrulla con la sirena y balizas policiales apagadas, Moresco cruzó su móvil hacia el carril de circulación contraria -a contramano- para forzar la detención de la moto en la que viajaban los dos jóvenes. Fue esa maniobra la que derivó en un violento impacto de la moto sobre el lateral del patrullero que provocó la muerte de Corbalán y Rial.

A menos de una semana de la condena, y mientras Moresco continúa en libertad, sus compañeros de fuerza convocan a una movilización para repudiar el fallo de la justicia. En una clara muestra de corporativismo, los organizadores proponen marchar con vestimenta azul, el color característica de la fuerza policial, justificando la actuación del policía.

Al tomar conocimiento de esta convocatoria, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, envió una nota al ministro de seguridad Sergio Berni expresando su preocupación por el hecho que, de concretarse, significaría una grave intromisión en la resolución del poder judicial por otro poder del Estado que, más grave aun, se trata en este caso de una fuerza armada.  

La CPM, que patrocinó a las familias y fue particular damnificado institucional en la causa, también advierte que la movilización policial revictimiza a las familias de Ulises y Ezequiel y, en ese sentido, representa también una afectación flagrante a lo establecido en la ley de víctimas.  

En la nota además se solicita la intervención del Ministerio ya que la participación de los policías en una manifestación contra una sentencia legalmente impartida, por un hecho que constituyó una grave violación a los derechos humanos, constituye una falta grave en los deberes del funcionario público y amerita su investigación y posible sanción.  

Al mismo tiempo, la CPM solicitara al Tribunal Oral Criminal N° 2 de San Nicolás que tenga en cuenta esta convocatoria para resolver la situación de Moresco y hacer efectiva su detención, acorde a la condena a 17 años de prisión por por el delito de homicidio con dolo eventual y en concurso real.