En el marco de un procedimiento policial irregular y arbitrario en Pergamino, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron por una presunta infracción a Cristina Servino, quien había llegado hasta las calles Barbazan y Almafuerte para presentar los papeles de la moto de su hijo que estaba demorado en el lugar. La mujer de 59 años fue esposada a la espalda y tirada al suelo; en ese estado de indefensión comenzó a recibir patadas, uno de esos golpes le provocó el desplazamiento de una vértebra que, hasta el día de hoy, le impide caminar. Para justificar su accionar y las torturas aplicadas sobre la mujer, la policía le inició una causa por atentado contra la autoridad. La familia radicó la denuncia penal e interviene la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

ANDAR en Pergamino  

(Agencia Andar) “Voy a cumplir 60 años ahora, ¿me voy a quedar el resto de mi vida en una silla de ruedas? Hasta hoy a las 11 de la mañana caminaba”, dice Cristina Servino en un video que publicó en las redes sociales, pocas horas después de ser golpeado por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que prestarían servicio en la comisaría 3ª de Pergamino.

El pasado 24 de julio, cerca del mediodía, Jorge, el hijo de Cristina, salió de la casa familiar hacia su domicilio ubicado en la zona rural de Pergamino; a las pocas cuadras, a la altura de las calles Barbazan y Almafuerte, se cruzó con tres policías bonaerenses motorizados que venían transitando en dirección contrario y que lo obligaron a detener el vehículo, supuestamente porque transitaba sin casco.

Enterada de la situación, Cristina fue hasta el lugar en su auto, llevó el casco y los papeles de la moto; a pesar de ello, los policías los mantuvieron demorado en la vía pública sin explicarles los motivos. Ante esa situación, Jorge se fue corriendo en dirección a la casa familiar; para ese entonces, ya habían llegado dos patrulleros y otros agentes motorizados.

Mientras la mujer continuó hablando con los y las funcionarias policiales en el procedimiento, otros efectivos a bordo de motocicletas fueron a buscar su hijo. En la entrada de la vivienda, amenazaron y empujaron al marido de Cristina, cuando estuvieron adentro recorrieron todas las habitaciones y le apuntaron con un arma al nieto de la familia, de 13 años. Jorge no estaba.

El grupo de oficiales volvió al lugar donde se inició el procedimiento policial y comenzaron a agredir verbalmente a Cristina; “rompele todo el auto”, ordenó uno de los policías, y otro se subió encima del capot para impedir que la mujer arrancara el vehículo. En ese momento, una oficial sacó a Cristina del interior del auto tironeándola de los pelos y la arrojó al suelo; en el piso, la esposó a la espalda y, en ese estado de indefensión, comenzaron a pegarle patadas principalmente en la espalda, brazos y piernas. Luego de los golpes, la subieron a un patrullero y la trasladaron a la comisaría 3ª.

Cuando la familia de Cristina llegó a la comisaría, ella seguía arriba del patrullero, no podían bajarla por los dolores que presentaba producto de las torturas recibidas. La médica policial sólo se encargó de preguntarle cómo estaba pero no la revisó ni constató las heridas. Ante la imposibilidad de moverse por sí misma, personal del SAME llegó a la dependencia policial para trasladar a la mujer al Hospital San José.

La familia salió detrás de la ambulancia pero, por protocolo Covid, no pudieron ingresar con Cristina; algunas horas después, una oficial de la Policía bonaerense les dijo que la iban a sacar por otra puerta y que vayan directamente a la comisaría 3ª. En la dependencia, le informan que será trasladada a la seccional 2ª, que aloja mujeres, donde debía quedar detenida hasta la indagatoria con el fiscal.

Sin embargo, al constatar que Cristina no podía caminar, el personal de la comisaría 2ª determinó que no podía ser alojada y notificó de la situación a la fiscalía, desde donde dispusieron la libertad de la mujer con el compromiso de presentarse posteriormente a la declaración indagatoria.

Las patadas en la espalda con los borceguíes policiales le provocaron a Cristina el desplazamiento de una vértebra que, aún hoy, le impide caminar. También tiene que enfrentar un proceso judicial por atentado contra la autoridad; según la versión policial, la mujer intentó atropellarlos. Al mismo tiempo, la familia de Cristina presentó la denuncia penal por abuso y violencia policial ante la Fiscalía N° 7 de Pergamino, a cargo de Alejandra Ghiotti.

Como documentó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su último informe anual, durante el año pasado las aprehensiones policiales en la provincia de Buenos Aires aumentaron con respecto al año anterior un 146%; en más del 90% de los casos, las personas fueron aprehendidas sin vinculación con la comisión de delitos. Es decir, aprehensiones generalizadas y rutinarias que no están relacionadas con el delito sino con la arbitrariedad policial.

Esta rutina policial se vincula con otros dos aspectos comunes del despliegue de la Policía bonaerense en el territorio: la violencia policial y el uso de medidas discrecionales de detención, como la resistencia a la autoridad, para justificar este accionar. El caso de Cristina Servino es un ejemplo más de ese despliegue policial.

Al tomar conocimiento del hecho, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la CPM se contactó con la familia de Cristina, puso en conocimiento del caso a la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense y pidió un informe de la causa a la fiscal Ghiotti, reclamando a su vez la aplicación de la Resolución 1390 para que la Policía de la Provincia de Buenos Aires no participe de las tareas investigativas.