El fiscal Nelson Mastorchio requirió que la causa por la masacre de la Comisaría 1ª sea elevada a juicio. Los elementos probatorios recolectados dan cuenta de la responsabilidad de los policías imputados en la muerte de los 7 jóvenes, ocurrida el 2 de marzo del año pasado. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destaca la importancia de la lucha de los familiares y señala la necesidad de avanzar sin dilaciones en el proceso judicial. Asimismo, la CPM reclama que se profundice la búsqueda del comisario Donza, prófugo desde hace más de un año, y reitera el pedido de investigar las responsabilidades de los funcionarios.

ANDAR en Pergamino

(Agencia – CPM) En base a las pruebas obrantes en la causa por la masacre de Pergamino, el fiscal Nelson Mastorchio requirió la elevación a juicio, y sostuvo la imputación contra los agentes policiales Sergio Rodas, Brian Carrizo, Matías Giulietti, Carolina Guevara y Alexis Eva por abandono de persona agravado por el resultado de muerte con multiplicidad de víctimas. En el caso del ex comisario Donza, quien se encuentra prófugo, el fiscal decidió en marzo pasado extraer copias certificadas de la causa para continuar la investigación por él. La CPM vuelve a exigir que se profundice su búsqueda y se arbitren todos los recursos necesarios para detenerlo.

Frente a la gravedad del hecho, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) señala que esta medida obliga a avanzar en la realización del juicio y evitar demoras innecesarias que sólo revictimizan a los familiares y pretenden consagrar la impunidad de los responsables.

En líneas generales, el pedido de elevación a juicio mantiene el relato de los hechos ya descritos en el requerimiento de prisión preventiva sobre la pasividad o directa omisión de los policías imputados para apagar el fuego y proteger la integridad de los jóvenes que se encontraban allí alojados. No sólo el personal policial no dio el auxilio inmediato y adecuado que la situación exigía, sino que demoraron el llamado a los bomberos y luego obstaculizaron su acceso y las tareas de rescate. Estos policías, que tienen responsabilidades por ser funcionarios públicos, incumplieron con el deber de cuidado y garantía de seguridad de las personas encerradas bajo su custodia. Por esta razón ya fueron exonerados de sus cargos por el Estado provincial.

El 2 de marzo de 2017, los agentes policiales Brian Carrizo, Alexis Eva y Matías Giulietti decidieron encerrar a los internos en las celdas 1, 2, 3, 6 y contraventores, adoptando una medida que agravaba aun más las condiciones de aislamiento y hacinamiento extremo que padecían los detenidos. Los policías no hicieron nada para prevenir el foco ígneo que se inició en las celdas, desoyeron los pedidos de auxilio, no abrieron ninguna de las puertas de los calabozos o del patio trasero de la comisaría, no llamaron de inmediato a los bomberos y obstaculizaron su accionar, a pesar del deber de garantizar la integridad física de las personas encerradas bajo su custodia.

Esta reconstrucción se basa no sólo en las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes sino también en la información que se desprende de las distintas pericias. Entre ellas, el fiscal destaca el informe de acústica forense que confirma que era imposible que los imputados no escucharan el pedido de auxilio a viva voz de los detenidos. Además se suman las pericias que dan cuenta del humo tóxico que emanaba de los colchones, como así también de la propagación del fuego que alcanzó temperaturas tan altas que llegaron a producir la “ondulación de los barrotes de la celda”.

La CPM, querellante en la causa en representación de las familias de cuatro de los siete jóvenes, venía sosteniendo que existían elementos probatorios suficientes para determinar la responsabilidad de los funcionarios policiales. El pedido de elevación a juicio así lo confirma y es una oportunidad para avanzar significativamente con el proceso de justicia. Asimismo es indispensable avanzar en la investigación de las responsabilidades de los funcionarios del Ministerio de Seguridad y del Poder Judicial que avalaron y generaron las condiciones de posibilidad para que se produjera la masacre.

En ese mismo sentido, la creación de un sitio de memoria en la comisaría 1ª, que también fue centro clandestino de detención durante la dictadura militar, es también un acto reparatorio. Al cumplirse un año de la masacre, la CPM presentó un proyecto de ordenanza al intendente Javier Martínez y a concejales de los distintos bloques políticos. Recientemente, durante la apertura de las sesiones del Concejo Deliberante, el intendente de Pergamino anunció la creación del espacio de memoria.

Hacinamiento, ausencia de condiciones de seguridad y una cultura institucional que menosprecia la vida de las personas detenidas en comisarías de la provincia de Buenos Aires son las condiciones de posibilidad que hoy existen para que se produzcan nuevas masacres como la de Pergamino.