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DEBATES: ENTREVISTA A LUIS OSLER DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE CULTURA CANNABICA “Los últimos 30 años nos dieron desinformación y ocultismo”

Por Rocío Suárez
23 julio, 2013
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El Centro de estudios de cultura cannábica nació en el año 2006 para dar respuesta a las consultas que llegaban a la redacción de la revista THC, sobre todo de personas detenidas por consumo de drogas. “Nos vimos desbordados y decidimos separar la cuestión periodística de la revista y generar un núcleo de acción propio para los casos de detenidos y para cuestiones académicas”, dice Luis Osler, abogado del Centro, que acota que hay 7000 detenidos por año por consumo. Además del asesoramiento, el centro tiene como objetivo generar debates públicos sobre el tema e impulsar una legislación adecuada: “Los últimos 30 años nos dieron desinformación y ocultismo”, señala Osler, que habla sobre la corrupción que genera la prohibición y la existencia de leyes amplias y difusas.

¿Por qué está penado en la actualidad el consumo?

Todas las prohibiciones surgen por intereses específicos. Las prohibiciones de este tipo, como en su momento fueron el alcohol, el tabaco y ahora con las drogas incluidas en el listado de prohibidas, surgen como consecuencia de grupos de poder que quieren generar negocio. Antes el cáñamo era una sustancia de lo más común con un uso industrial difundido en todo el mundo, luego vino el algodón y luego las fibras sintéticas.

Una vez instalada la prohibición, claramente se constituye un nicho de negocios ilegales. La prohibición genera corrupción. La matriz de las leyes que prohíben el consumo es difusa, amplia.

La ley que nace originariamente con López Rega dice por ejemplo, “escasa cantidad” de sustancia, ¿cuánto es “escasa cantidad”? Es difícil que se cuantifique el consumo personal, pero al poner “escasa cantidad”, las leyes amplias y difusas penalmente generan arbitrariedades y son absolutamente contrarias al respeto de las garantías. Le abren un abanico al “portero” del ingreso al sistema penal que es la policía, porque tiene el control territorial.

Las estadísticas penales se basan en lo que la policía elije que entre. El resto, por distintas cuestiones de selectividad penal quedan afuera. La estadística del 2012 dice que la mayoría de las causas por consumo son en Constitución, Barracas. Porque en Barrio Norte el policía te dice: “Nene, andá a fumar a tu casa”. En otras zonas te agarran, te piden plata, te llevan detenido. Eso se llama “selectividad penal” y es jurídicamente un problema.

La mayoría de las personas que aparecen legalmente con problemas con el consumo son de clases humildes. No podemos creer que la gente con plata no consume. También hay muchas detenciones por portación de cara, porque ser morochito, porque vas con capucha. No hace falta aclarar que esto es ilegal. Esto genera la mayoría de las causas, hay una selectividad en buscar personas con determinadas características. Lamentablemente se ve en otras cuestiones, los delitos de “cuello blanco” generalmente no tienen sentencia. Y vemos la cantidad de pibes que llenan las cárceles por hurto o robos menores.

¿Por qué habría que despenalizarla?

Cuando hablamos de despenalizar el consumo, hablamos de garantías que están definidas en el artículo 19 de la constitución. “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.” Esto desde la perspectiva de los derechos individuales.

Socialmente, encontramos que la penalización del consumo sostiene la corrupción. Por lo que decíamos que las leyes son amplias y difusas. Esto genera nichos de corrupción fuertes, corrupción pseudolegal, corrupción legal. Esto a nivel más bajo, entre los consumidores y las fuerzas de seguridad.

¿Cómo podríamos diferenciar a los usuarios de los narcos?

Yo haría la distinción entre narcotraficantes, transas y el “menudeo”. Y así dejar de lado a los consumidores. Para la policía todos son lo mismo, no por ignorancia, sino por conveniencia. Es fundamental establecer esta distinción porque en base a eso se deberían orientar las políticas sobre drogas, aunque no es lo que sucede actualmente.

Narcotráfico es una asociación ilegal, global, con una logística especial que va desde una cadena de producción, un marketing, una distribución que muchas veces cruza el mundo y por último un reingreso financiero de los sistemas que requiere de profesionales, sociedades, un circuito de lavado, que dista mucho de la rusticidad del transa. Necesitan abogados, contadores, bancos. Y en este último eslabón es muy difuso lo legal o ilegal. El dinero que ganan lo tienen que reingresar en el sistema para que se alimente otra vez el circuito.

El transa opera para el consumo interno. El narcotráfico pasa por Argentina, el transa no. El transa adquiere la mercadería de alguien a quien conoce del país de origen donde se produce, muchos son países limítrofes. Cruza la frontera por medios mucho menos sofisticados. Para parar los narcos hay que poner radares, controlar vuelos. El transa cruza en mula, en bote por el río. Y viene directo a la distribución interna. No hay un sistema de lavado de dinero. Es mucho más fácil de investigar, por eso marco las diferencias en políticas criminales. Un transa actúa solamente en base al resguardo que tiene por la corrupción policial. No puede ser que la señora de la esquina sepa dónde está la cocina de paco y no lo sepa el jefe de la brigada de calle. La cámara de seguridad filma una transa y el policía no lo ve. Cosas que pasan todos los días.

Son distintos niveles, no digo que no sean importantes todos. Porque si desde las políticas públicas se quiere cuidar la salud de la población hay que ir a buscar a los transas, porque son los que venden las sustancias malas, adulteradas, rebajadas a los consumidores.

Por otro lado está el menudeo, que es otra cosa porque ahí nos encontramos con algún consumidor de hace muchos años, que por sus conocimientos hizo relación con los dealers, consigue precio y calidad. Puede pasar que revenda en un grupo diminuto que lo rodea, amigos, conocidos. Con lo cual sostiene su consumo.

Una pena de prisión igual para estos tres niveles es una locura. La policía no hace esta distinción que planteamos. Para la policía una causa por un porro fumado en la calle, la “Operación Langostinos” o dos plantas en tu terraza, todas son causas de narcotráfico. Saben la diferencia, pero no la toman, porque así generan las estadísticas sobre su trabajo “contra el narcotráfico”: de 20 causas de narcotráfico, 18 son de consumo, otra de plantación y una de venta. Pero para las estadísticas de la policía son 20 causas contra el narcotráfico, aunque ninguna es de tráfico. Eso genera subvenciones, ascensos, equipamiento, etc. Además de todos los gastos de la justicia. Los jueces también pueden mostrar una estadística de trabajo, que también le genera invitaciones a congresos, etc. Esto es corrupción. No es inocente que todas sean tomadas como causas de narcotráfico.

Ahora si realmente querés tener una política de drogas o de salud orientada a consumo problemático, tenés que hacer esta división. Si no, se mete en la misma bolsa a todo el mundo. Y lo único que se genera es este sistema de preventa para las fuerzas de seguridad, que terminan siendo las que deciden si entrás o no en esta estadística. En esta confusión quedan liberados los peces gordos.

¿Cómo está la legislación a nivel nacional?

En el panorama nacional estamos estancados absolutamente. Hay 5 proyectos de ley desde hace mucho tiempo. Muchos de ellos son interesantes, porque borran estas figuras difusas. Pero están parados en el Congreso. Al no haber una reforma legislativa y el fallo despenalizador de la Corte Suprema, genera una situación negativa, contrariamente a lo que parece. Cada fallo se aplica para un caso particular, el “fallo Arriola” es para Arriola, nada más. Se difundió como que ahora se puede consumir y cultivar, pero no es una ley para todos. Pero así surgieron más detenidos, porque la ley dice que si tenés sustancias para consumo, tenés que ir detenido. La situación no es buena y para la marihuana es peor todavía. Porque se fuma al aire libre o porque las plantas se ven, no es lo mismo que cocaína o pastillas que se esconden más. Esto genera que, paradójicamente, una de las drogas más inofensivas, más que el tabaco y el alcohol, sea la más reprimida a partir de un fallo que la despenaliza.

El proyecto que presentó Aníbal Fernández avanzaba, pero tenía grandes falencias. En los fundamentos proponía algo que luego no era tal en la letra chica. Seguía estando la figura de “tenencia simple” de una manera encubierta, pero estaba. Esa es una figura desastrosa, porque te condenan sólo por tener sustancias, sin que sea para consumir, ni para vender. Hasta que se discuta para qué la tenés o cuánto tenés, eso tiene una prisión de dos años.

¿Y cómo está el panorama internacional?

Se han hecho mínimos avances, sobre todo partiendo de las zonas de plantaciones aquí en Latinoamérica, el cannabis y la coca. La ONU lo ha tomado hace poco en un comunicado donde se dan distintas posibilidades de qué hacer con esto. La gran mayoría del espectro pasa por la despenalización. Recordemos que Estados Unidos es el mayor consumidor de sustancias y uno de los grandes productores de cannabis. Y nunca hubo un narcotraficante estadounidense preso.

¿Cómo fue el caso de Pablo, un muchacho que estuvo un tiempo preso por que encontraron plantas en su domicilio?

Yo fui su abogado. El juez Federico Xavier Tuya se ganó el premio al peor juez del año. Durante el juicio se probó que sus plantas eran para consumo personal, inclusive por los dichos de la misma policía. Después de eso, el juez a instancias del fiscal Claudio Scapolan, interpreta que esas plantas debieran encuadrase en el artículo 5 que habla de la producción de estupefacientes, que tiene una pena de 4 años. Estamos hablando de 10 plantas y lo llevaron detenido. Estuvo 15 días detenido, fue excarcelado. La Cámara de Casación anuló todo diciendo que era una aberración. El juez no tenía jurisdicción para dictar esa pena, porque la federalización se toma para delitos pequeños y esto se tomaba como un delito de tráfico. Ahora estamos esperando que se sortee el nuevo juzgado. Y no hay sanciones a los jueces que hacen este tipo de fallos.

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