La masacre de Pergamino es responsabilidad del estado provincial
La CPM responsabiliza al gobierno provincial por las muertes de 7 jóvenes privados de su libertad sucedidas esta tarde en la comisaría primera de Pergamino. Las únicas causas de este lamentable hecho son el sobrencarcelamiento y el hacinamiento en el que se encuentran los lugares de encierro en la Provincia, producto de una política criminal largamente denunciada desde la CPM. El colapso del sistema penal que vulnera sistemáticamente los derechos de las personas es evidente y exige un contundente cambio de rumbo. Hacen falta reformas institucionales urgentes: democratización de las fuerzas de seguridad, implementación de la policía judicial, creación del mecanismo provincial de prevención de la tortura, autonomía de la defensa pública y una reforma legal profunda que adecue la normativa procesal penal a los estándares de derechos humanos.
ANDAR en comisarías
(CPM) Frente a la muerte de siete jóvenes en la comisaría primera de la localidad bonaerense de Pergamino, la CPM exige a la autoridades provinciales asumir su responsabilidad, ordenar una investigación profunda de los hechos y clausurar, de forma inmediata, todos los calabozos de las comisarías de la Provincia. Estas muertes son muertes anunciadas. No son las primeras y se repetirán si no se adoptan medidas urgentes.
Todas las personas detenidas están bajo custodia del estado. Esto quiere decir que la muerte de cualquiera de ellas es responsabilidad directa de las instituciones que las tienen a su cargo. Esto es lo que ha sucedido aquí, agravado aún más porque lo que condujo a este lamentable hecho es una situación de deterioro generalizado ya conocido por las autoridades.
Desde hace años la CPM viene denunciando esta situación ante la justicia argentina y en los organismos internacionales. A principios de 2015, la CPM presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el estado de hacinamiento y superpoblación y la práctica sistemática de la tortura en las comisarías bonaerenses. Esta presentación fue avalada por el organismo que ordenó al estado provincial una inmediata respuesta. En diciembre de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia avaló estas denuncias en un informe contundente sobre la situación.
Según las cifras presentadas en el X informe Anual de la CPM, El sistema de la crueldad, durante el año 2015, la superpoblación en comisarías alcanzó, en algunos casos, un 500%. La situación general hoy para toda la provincia indica que sobre un total de 1060 camastros hay más de 3.000 detenidos.
Cuando en diciembre de 2015 el nuevo gobierno provincial, a pocos días de asumir, declaró la emergencia penitenciaria y en materia de seguridad, una vez más la CPM volvió a advertir que lo que estaba realmente en emergencia en la provincia eran los derechos humanos. Algo similar había hecho el gobierno de Daniel Scioli un año antes y también los gobiernos que lo precedieron.
De emergencia en emergencia, la cuestión de fondo sigue sin ser considerada seriamente en la Provincia. Es necesario reconocer las causas reales que han llevado a este estado calamitoso a todos los lugares de encierro, sean cárceles, comisarías o centros para menores. Es este estado de cosas el que habilita la violación sistemática y cotidiana de los derechos humanos y no produce ningún aporte serio al mejoramiento de la seguridad para nadie.
No es posible hablar de motín intentando de este modo responsabilizar a quienes clara y evidentemente son víctimas. Por eso, estas muertes son responsabilidad del estado y las causas no pueden buscarse en otro lado que no sea una política criminal que durante años ha insistido, y lo sigue haciendo, en políticas regresivas que vulneran los derechos de las personas y no han aportado ninguna solución a las demandas de mayor seguridad.
Estos hechos son responsabilidad del Poder Ejecutivo provincial que no pone en marcha las políticas institucionales que hacen falta: hay que democratizar las fuerzas de seguridad que violan sistemáticamente los derechos humanos; implementar la policía judicial para que la policía deje de detener arbitrariamente, armando causas judiciales en su accionar de regulación del delito en los territorios; darle verdadera autonomía a la defensa pública para que pueda intervenir en igualdad de condiciones con las fiscalías y crear, de una vez por todas, el mecanismo provincial de prevención de la tortura, a fin de controlar externamente a las fuerzas. A esto debe agregarse que deben modificarse las leyes penales regresivas que constituyen herramientas para esta inflación del sistema penal. También los jueces, con el uso indiscriminado de la prisión preventiva, contribuyen a este cuadro grave de violencia institucional.
La CPM exige una urgente y profunda investigación de lo sucedido y advierte, una vez más, a las autoridades provinciales, a los funcionarios judiciales y a todos los sectores políticos que avalan estas políticas regresivas, que es indispensable repensar seriamente el rumbo que han tomado para revertir de manera urgente sus efectos. Nuestra sociedad se merece políticas de seguridad que respeten los derechos humanos de todas y todos.
