La Comisión Provincial por la Memoria solicitó a la justicia federal que se investigue la realización de tareas de inteligencia ilegal durante la manifestación del pasado viernes en el sitio de memoria ex ESMA en reclamo por el vaciamiento a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. En el marco del monitoreo de la represión a la protesta social que el organismo realiza en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura, se observó ese día la presencia de personal policial de civil sin identificación y agentes de las fuerzas de seguridad realizando videofilmaciones de las y los manifestantes tanto en el interior como en el exterior del edificio. La denuncia fue asignada por sorteo al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.

ANDAR en CABA 

(CPM) El pasado viernes 27 de diciembre, durante la convocatoria bajo el lema “Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría y a sus trabajadores”, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió la presencia de personal policial no identificado (de civil) que deambulaba entre las y los manifestantes y realizaba comunicaciones telefónicas.

De acuerdo a la denuncia presentada por el organismo, este personal de civil deambulaba entre los convocados en las inmediaciones del sitio de memoria Ex Esma y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar. Sin embargo al requerir información a los encargados del operativo sobre esta situación respondieron que “todo el personal de la Policía de la Ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo”.

La CPM también agrega en su denuncia que durante toda la jornada hubo personal policial filmando tanto en el interior como en el exterior del edificio de la Ex ESMA.

En la denuncia presentada ante la justicia federal, que recayó por sorteo en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10, el organismo adjuntó como material de prueba las fotografías y videos realizados por la CPM que dan cuenta de la presencia de personal de civil y de policías realizando filmaciones de los y las manifestantes.

Además requirió el registro y secuestro del material fílmico y todo otro registro gráfico o auditivo obtenido en el marco de la intervención policial realizada en el contexto de la convocatoria.

“La actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social, en el contexto de una manifestación pública realizada por los trabajadores de la Ex Esma y las organizaciones sociales que los acompañaban”, señalaron desde la CPM en la denuncia donde agregaron que esto podría encuadrarse en las disposiciones y prohibiciones de la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia para proteger los derechos y libertades de las personas. “Más aún si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación”, agregaron.

En un reciente informe sobre las tareas de monitoreo de la represión a la protesta social, la CPM advirtió que de lo relevado a lo largo del 2024 puede desprenderse que la represión de la protesta presenta rasgos de sistematicidad que dan cuenta de una política planificada que busca limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación pública de determinados sectores.

Con datos hasta el 30 de noviembre de 2024, el informe detalla en particular que en 34 de las 60 manifestaciones monitoreadas se registraron prácticas asociadas a prácticas de inteligencia ilegal, como las relevadas en la convocatoria del último viernes de diciembre.

Cabe recordar que, en su calidad de Mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Buenos Aires, y desde la aplicación del protocolo antipiquetes, la CPM viene realizando el monitoreo de la represión de la protesta social en el marco de un trabajo conjunto con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Mecanismo local de CABA.

Estás acciones de inteligencia son un elemento más en el cercenamiento no solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y derechos humanos que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti.