Registro documental y política de memoria. Los desafíos académicos y políticos en la reconstrucción histórica de los genocidios. «Estos archivos tienen un gran valor histórico y documental, porque llevan impresa la huella y la mirada del perpetrador», comentó Sánchez Biosca tras recorrer el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), que preserva y gestiona la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

ANDAR entre archivos

(Agencia) El profesor de la Universidad de Valencia Vicente Sánchez Biosca es reconocido internacionalmente por sus trabajos académicos sobre la importancia del registro fotográfico y audiovisual para la reconstrucción histórica de guerras civiles y genocidios. Con la intención de conocer el acervo documental producido durante la última dictadura militar en Argentina, visitó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y recorrió el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

La coordinadora del área de Educación, Investigación y Archivo, María Elena Saraví, la directora del programa de Gestión y Preservación de Archivos, Magdalena Lanteri, y la directora del programa de Investigación, Samanta Salvatori, estuvieron presentes durante la visita de Sánchez Biosca.

El académico español investigó, a través del análisis de archivos audiovisuales e históricos, la guerra civil española, la Shoá,  los genocidios de Ruanda y Camboya. Sánchez Biosca cree que la imagen puede aportar algo distinto, complementario a la información que tenemos por fuentes testimoniales, bibliográficas y del espacio urbano, e identifica su interés en las “imágenes realizadas por los perpetradores donde, en la propia concepción de la imagen, hay una connivencia con el ejercicio de la violencia; este es un elemento que se distingue de la mayor parte de los documentos sobre atrocidades que son documentos no de los perpetradores sino de los liberadores o de testigos”. Y agrega: “La imagen del perpetrador es indispensable porque lleva impresa la huella y la mirada del ejecutor; esas miradas contienen odio, contienen la concepción del enemigo”.

Más allá del valor de los archivos de los genocidas como elementos probatorios en los procesos penales, Sánchez Biosca destaca la importancia que tienen para la consolidación de una política de memoria que trasciende los escenarios judiciales y la coyuntura histórica: “Es importante respetar la voz de los perpetradores porque es la voz que, dentro de 50 años, vaya en contra de los revisionismos y denegaciones”.

El próximo 24 de marzo, Argentina recuerda el 40 aniversario de la última dictadura cívico-militar reclamando la continuidad de los juicios contra los genocidas. El compromiso social con el pasado debe ser también una herramienta para la defensa de los derechos humanos en la actualidad. Para el académico español, la discusión de políticas públicas que vinculen esa historia con el presente reclama la necesidad de “crear espacios memorísticos para la colectividad, no sólo como espacio para el reconocimiento de las víctimas sino también para otras generaciones que se puedan sentir —y esto inevitablemente vendrá– ajenas a todo esto porque no se sienten partícipes de las víctimas ni tienen una conciencia o conocimiento de lo que pasó”.

DIPPBA: los archivos para comprender el genocidio

¿Se han propuesto hacer hablar a los perpetradores?, se pregunta Sánchez Biosca y recuerda otros antecedentes históricos: “En el caso nazi, periodistas e historiadores los hicieron hablar, porque la gente estaba tan dispuesta a hablar, estaba tan orgullosa de su participación en la gran historia que no sienten ningún remordimiento. En Camboya, torturadores de bajo rango han aceptado hablar de su participación porque también estaban orgullosos y porque, al mismo tiempo, se sentían víctimas del régimen, y permitieron escenificar las escenas de tortura”.

En el caso argentino, sin embargo, el pacto de silencio entre los perpetradores ha permanecido prácticamente invulnerable. Los documentos de inteligencia y el testimonio de las víctimas permitieron reconstruir el mecanismo de destrucción y las escenas de tortura en los centros clandestinos de detención.

Desde el año 2001, la Comisión Provincial por la Memoria preserva y gestiona archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Estos documentos han sido y son aportes para las causas judiciales contra los responsables de delitos de lesa humanidad; sólo en 2015, la CPM presentó 20 informes ante distintos tribunales federales que llevan adelante juicios por delitos de lesa humanidad. Esos informes han sido calificados, en reiteradas ocasiones, como fundamentales en cuanto al valor probatorio ya que contienen la palabra oficial de las agencias represivas en su accionar persecutorio sobre las víctimas del terrorismo de estado. “Me parece que hay un rigor enorme en la clasificación del material y un gran respeto por la organización primaria que es la que estableció la Policía”, valoró Sánchez Biosca.

En su último trabajo, Migración de las “perpetrator images” del genocidio camboyano, el profesor y académico español recupera las imágenes de las víctimas de los jemeres rojos a partir de las fotografías que los mismos perpetradores realizaban. La noción del enemigo interior y la documentación al servicio de los crímenes, dan cuenta de ciertas cercanías con nuestra historia y también marca algunas distancias: “La maquinaria de destrucción debe ponerse al servicio de una cadena que va desde la toma de la fotografía a los condenados hasta el exterminio; a diferencia de la dictadura argentina, hay un minucioso registro policial porque las denuncias, fichas e inventarios de las torturas deben ser exhaustivamente registrado porque son una pieza de orgullo y no de ocultación”, explica Sánchez Biosca.

Los documentos producidos por el perpetrador “migran” y se convierten en objetos no sólo para la denuncia penal de los crímenes cometidos sino también como objeto de estudio y memoria. Y como menciona Sánchez Biosca, nos ayuda a comprender la “maquinaria de destucción”; en ese sentido, con la intención de reconstruir la lógica del funcionamiento de la última dictadura cívico-militar, la CPM se presentó como querellante en la Causa DIPPBA, que busca demostrar cómo las acciones de inteligencia fueron constitutivas de la consumación del delito de desaparición forzada de personas.

“Cuando un Estado —o puede no ser un Estado— organiza todo un mecanismo exitoso de exterminio, cuando consigue implementar ese mecanismo quiere decir que ha habido una planificación: hay cerebros y administradores y hay mucho registro que no sólo hay que abarcarlos desde un punto de vista penal sino que también debemos entender esa mecánica de la destrucción. Entender la producción de archivos de perpetradores es intentar de entender cómo ha sido posible preparar ese mecanismo”, apunta el profesor español. Y agrega, al mismo tiempo, sobre el desafío de pensar y recuperar los archivos de los genocidas como elementos para la reconstrucción de una política de memoria: “La documentación de los perpetradores que siempre ha sido menos estudiada, entre otras cosas porque ellos han sido los administradores de esa documentación que bien la hacen desaparecer o la fragmentan. O bien, y este ha sido un defecto que hemos tenidos en muchas ocasiones, no hemos sabido valorarla correctamente”.