El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que reformó la ley de migraciones, había sido declarado inconstitucional por la Cámara Contencioso Administrativo Federal y denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Estos años de vigencia del DNU impusieron un grave retroceso en materia migratoria y ocasionaron un enorme daño en familias que fueron separadas de sus hijas e hijos, en personas que fueron expulsadas sin el debido proceso. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañó el reclamo de las comunidades migrantes y denunció desde el primer momento su inconstitucionalidad. La decisión del Gobierno Nacional de derogar el DNU 70/2017 es un paso hacia la igualdad y la defensa de los derechos de las personas migrantes.

ANDAR en la protesta

(CPM/Agencia Andar) La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) celebra la decisión del gobierno nacional de derogar el DNU 70/2017, que impulsó la gestión anterior y que modificó de manera regresiva la política migratoria. Desde el primer momento, comunidades migrantes, la CPM y organismos de derechos humanos denunciaron que el decreto de reforma era inconstitucional, contrario a estandares internacionales en derechos humanos y tenía un sesgo xenófobo y criminalizante, que vinculaba la condición de inmigrante a la de delincuente y establecía un procedimiento sumarísimo para la expulsión de migrantes.

En 2018, en el marco de una acción de amparo presentada por la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Cels, la sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal reconoció estos argumentos y declaró la inconstitucionalidad de la reforma. La Procuración General también emitió un dictamen en estos mismos términos y ahora restaba el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

A pesar de estos cuestionamientos, el gobierno anterior siguió aplicando los preceptos del DNU 70/2017; durante estos años de vigencia, se multiplicaron los casos de expulsiones de migrantes y residencias canceladas a partir de procedimientos sumarísimos que no garantizaban el debido proceso. Estas decisiones implicaron enormes daños en el seno personal, familias desvinculadas, padres e hijos e hijas separadas.

Peor aún, esta reforma también significó un enorme daño para las comunidades migrantes, que fueron estigmatizadas y criminalizadas, que se convirtieron en víctimas de la persecución arbitraria e ilegal de las policías y autoridades judiciales y administrativas.

En todo este tiempo, la CPM mantuvo una línea de trabajo con estas organizaciones para difundir los alcances regresivos de este decreto y también para articular acciones de protección y promoción de derechos. En ese marco, el organismo señaló con preocupación la consolidación de discursos xenófobos que vienen articulándose desde hace un tiempo, y alientan la persecución de la comunidad migrante.

En ese momento, la CPM también advirtió que la modificación a la Ley de Migraciones y criminalización de la comunidad migrante se inscribió y justificó en “doctrina de las nuevas amenazas”, que procura identificar e inhabilitar supuestos enemigos internos que conformen redes criminales de narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, etc. Bajo esta doctrina, como ya se denunció, se pretende justificar un estado de excepción que diluye gravemente los derechos constitucionales de los migrantes y otros colectivos vulnerables.

En ese marco, la derogación del DNU 70/2017 es una gran noticia y debe marcar un camino para comenzar a desandar el grave retroceso que significó la instalación de la “doctrina de las nuevas amenazas” en materia judicial y de seguridad.