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Home›Identidades y territorios›REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL INAI La CPM acompaña el pedido de tierras de la comunidad Iwi Imemby

REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL INAI La CPM acompaña el pedido de tierras de la comunidad Iwi Imemby

Por Ana Lenci
11 mayo, 2016
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El pueblo Ava Guaraní Iwi Imemby (Hijos de la Tierra) que reside en El Peligro viene reclamando desde hace años la entrega de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esta tarde, un grupo de la comunidad se reunió con autoridades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y firmaron un acta de compromiso para trabajar, en el marco de la mesa de diálogo ya abierta por el Defensor del Pueblo de la Nación, en la resolución urgente del problema. La Comisión Provincial por la Memoria viene acompañando y asesorando a la comunidad desde el 2013, y presentó una nota al Secretario de Derechos Humanos de la Nación solicitando la intervención del Estado para dar curso a la devolución de tierras.

ANDAR en pueblos originarios

(Agencia) “Se nos niegan nuestros derechos como pueblos originarios y estamos cansados de meses de reclamo sin tener respuesta ni diálogo”, dijo Patricia Segundo, miembro de la comunidad Iwi Imemby. Recién en septiembre de 2014, el INAI le entregó a la comunidad el registro de inscripción de su personería jurídica. A partir de ese reconocimiento, comenzó el reclamo de fondo: la devolución de tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano respetando la identidad y cultura como pueblo originario.

En el marco de ese reclamo, la Defensoría del Pueblo de la Nación convocó en marzo del año pasado a una mesa de diálogo y trabajo para resolver el pedido de la comunidad. Sin embargo, en todo este tiempo no han recibido respuesta. Ante esta situación,  un grupo de la comunidad se presentó hoy ante el vicepresidente del INAI, Gustavo Peters. Tras la reunión, se firmó un acta por la cual las autoridades se comprometieron a continuar la articulación con la Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano dependiente del Ministerio del Interior con el fin de atender de manera urgente este reclamo.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) estuvo presente en la reunión y volvió a exigir que se respeten los derechos que la Constitución Nacional y los tratados internacionales les confieren a los pueblos indígenas. El organismo también participa de la mesa de trabajo abierta por la defensoría del pueblo y, desde el 2013, viene asesorando a la comunidad.

Esta misma tarde, con las firmas de sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, la CPM envío una nota al Secretario de Derechos Humanos de la Nación en donde solicita que dé curso a la devolución de tierras aptas y suficientes que pide la Comunidad. Para la CPM, la entrega de tierras es un acto reparatorio y es, por lo tanto, un acto de justicia.

En el informe que acompañó la carta, el organismo señala que el reclamo de la comunidad se encuentra amparado por la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17. El mismo informe cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde remarca que “los miembros de los pueblos indígenas que  involuntariamente han perdido la posesión de  sus tierras, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual extensión y calidad”.

“La devolución de tierras aptas y suficientes para nuestro desarrollo comunitario es el reclamo primordial y, consecuentemente con eso, requerimos el acompañamiento para la producción: herramientas, insumos, subsidio del gasoil, electricidad”, mencionó Gumersindo Segundo —concejero general de la comunidad—, antes de reunirse con las autoridades del INAI.

La falta de acceso a su territorio extrema la precaria situación económica de las familias asentadas en El Peligro que se ven obligadas a arrendar la tierra y tomar préstamos usurarios para trabajarla o emplearse como medieros o porcentajeros. Por este motivo, en reiteradas oportunidades, la comunidad ha requerido que se contemple un acompañamiento técnico y económico por parte de las autoridades competentes para el desarrollo sostenible de la producción.

Para la comunidad Ava Guaraní, la tierra es un medio de desarrollo económico y cultural que permita sostener su identidad como pueblo agricultor. “La tierra nos enseña a sembrarla. No tener tierra afecta nuestra educación y subsistencia cultural”, dicen Leonel de 10 años y Andrés de 9. Ellos acompañaron a sus padres en el reclamo frente a la puerta de la exEsma donde funcionan las oficinas del INAI. La cosmovisión Ava Guaraní entiende que la comunidad pertenece y está implicada a la tierra como fuente de vida.

En ese sentido, el informe presentado por la CPM también señala que el efectivo acceso a la tierra por parte de los pueblos indígenas debe considerar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad a su territorio, que implica poder desarrollar su identidad cultural. Sobre este punto, el Comité de los derechos del niño estipula que debe adoptarse el principio del interés superior del niño y exige que los Estados adopten activamente políticas que tengan “en cuenta los derechos culturales del niño indígena y su necesidad de ejercerlos colectivamente con los miembros de su grupo […]Una mejor situación económica y social de los niños indígenas y el ejercicio efectivo de sus derechos a la cultura, a la religión y al idioma constituyen unos cimientos esenciales de un Estado culturalmente diverso que, en armonía con sus obligaciones en materia de derechos humanos, cumpla esas obligaciones”.

Los pueblos indígenas son uno de los colectivos más perseguidos y reprimidos. Durante la última década, el avance de la siembra de soja a gran escala los obligó a peregrinar en busca de un poco de tierra sin respetársele su derecho ancestral. Sufrieron el despojo, la violencia y el exilio interior.

Ante esta situación, la Comisión Provincial por la Memoria reafirma el acompañamiento a los miembros de la comunidad Iwi Imemby y exige que los órganos del Estado atiendan el reclamo de devolución de tierras aptas y suficientes, ya que está en juego no sólo la reparación histórica sino también el derecho de la comunidad indígena al desarrollo cultural  de las generaciones futuras.

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