Desde las 13:30 del lunes 23 de agosto la jueza Lidia Moro, provisionalmente a cargo del Juzgado Correccional 3 de La Plata, informará si el único imputado en el juicio, el ex subdirector del centro cerrado Copa, Juan José Fallesen, es hallado culpable o no por los delitos de severidades, vejaciones y apremios ilegales cometidos en 2016 contra un grupo de jóvenes que, según la versión de las autoridades, habrían intentado fugarse de esa institución. En sus alegatos, el equipo de abogados y abogadas de la CPM consideró completamente acreditada la acusación.

ANDAR en la JUSTICIA

(Agencia) El juicio tuvo solo tres jornadas de debate: las dos primeras, para los lineamientos de apertura y producción de prueba de las partes, y la tercera para la lectura de alegatos, que se realizó el miércoles 18 de agosto. Para el equipo de la CPM que patrocina a uno de los jóvenes y al padre de otra de las víctimas, fue “un debate positivo porque, aunque 5 años después, quienes padecieron la violencia pudieron ser escuchados”.

“Creemos que fue muy importante que la justicia escuchara a las víctimas porque los propios jóvenes necesitaban contar lo que habían padecido hace más de 5 años atrás. De hecho uno de ellos, luego de su declaración testimonial, dijo que había sido un ‘día hermoso’ porque pudo quitarse un gran peso de encima. Como parte del estrés postraumático que los tres jóvenes aún padecen, está la expectativa que antes tenían en la institución y su personal para ayudarlos a mejorar sus vidas y la profunda decepción que luego tuvieron que enfrentar”, explicó a ANDAR la abogada de la CPM, Carla Ocampo Pilla.

No obstante, agregó que el juicio también evidenció las graves falencias en la instrucción de la causa –que incluso estuvo archivada durante más de un año- y la reticencia del poder judicial para investigar la violación a los derechos  humanos en los términos exigidos por la legislación nacional e internacional.

“No hubo celeridad, imparcialidad, debida diligencia, entre otros de los principios relevantes. Por otra parte, creemos que la gravedad del hecho generó una situación límite con el delito de tortura por las graves consecuencias que aún padecen los jóvenes producto de la violencia y brutalidad ejercida por quienes debían cuidarlos. De todos modos, en este debate se acreditaron, sin dudas, los delitos de severidades, vejaciones y apremios ilegales”, explicó la abogada.

En este sentido, los alegatos de la CPM mantuvieron la calificación original de los hechos investigados en esta causa aunque con el pedido de pena máxima -6 años de prisión y de cumplimiento efectivo- en virtud del grave daño a la salud y las amenazas como agravantes, y por las circunstancias adicionales de la cantidad de víctimas, la edad de los jóvenes (todos menores de 18 años), la nocturnidad en la que ocurrió el hecho, la responsabilidad institucional del imputado Fallesen y la utilización de armas, entre otras.

En similares términos se manifestó la fiscalía en sus alegatos, aunque solicitó una pena de 3 años de prisión en suspenso para Fallesen por considerarlo coautor de los delitos de vejaciones, severidades y apremios ilegales.

Asimismo, el Ministerio Público consideró como posible motivo de tanta brutalidad por parte de Fallesen y los otros funcionarios del centro cerrado Copa a la dificultad y los problemas laborales a los que se tendrían que enfrentar por la fuga de 11 jóvenes. En ese sentido, el fiscal aludió a la venganza y castigo como el desencadenante de tanta violencia.

En cuanto a los alegatos de la defensa, la abogada particular de Fallesen volvió a insistir en la absurda versión de que los hechos investigados en esta causa nunca existieron y que, por el contrario, todo se trataría de una historia inventada y orquestada por la CPM para que los jóvenes cobraran una indemnización y que al mismo tiempo uno fueran  pasados al régimen de adultos una vez que cumplieran la mayoría de edad.

Llegó incluso a reclamar que el equipo de abogados de la CPM no había citado a testigos que hablaran de la inocencia de Fallesen, exigencia abiertamente inverosímil por parte de una defensa a la parte acusadora.

Cabe recordar que en las primeras dos jornadas del juicio la defensora de Fallesen había pedido no sólo la nulidad completa de toda la investigación penal por presunta inexistencia del hecho  sino que había  afirmado que los profesionales de la CPM –psicólogos y asistentes sociales- que intervinieron desde el comienzo en favor de las víctimas habrían inventado la historia de la persecución y las golpizas, fraguado la causa penal y presionado a los jóvenes para que declararan falsedades sobre el ex subdirector de Copa.

En aquellas jornadas iniciales la defensora también había señalado que en la respuesta al habeas corpus presentado por la CPM en agosto de 2016, la jueza que lo tramitó había rechazado los pedidos del organismo en favor de las víctimas y había denunciado penalmente a los integrantes de la CPM por haber falseado la historia. Nada de todas estas acusaciones fue sustentado con documentos o testimonios durante el debate.