El día martes 28 de marzo se iniciaron las audiencias del juicio político contra el Agente Fiscal de la entonces Unidad Fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, Claudio Scapolán.

A lo largo de estas jornadas han transitado más de 30 testigos, de los cuales un gran número de ellos han narrado los detalles de la empresa criminal conformada por agentes policiales del área de drogas ilícitas, informantes o «buches» que intervinieron en allanamientos sin control judicial, excesos jurisdiccionales de la fiscalía en materia de drogas, tareas de inteligencia ilegales, falsos testigos de actuación para los allanamientos ilegales, abogados de la matrícula utilizados para las prácticas extorsivas y cohecho, y sobre todo, funcionarios judiciales del ministerio público fiscal de San Isidro encabezados por el Fiscal Scapolán. Todo ello con objetivos ilícitos y de una gravedad institucional inédita: hechos de violencia institucional y graves violaciones a los derechos humanos como armado de causas, extorsión de detenidos, hechos de sicariato o el robo de enormes cargamentos de drogas para su posterior comercialización.

En este marco, la CPM es querellante en la causa judicial y se encuentra como veedora del juicio político que se está desarrollando.

Durante las jornadas del jury, varios testigos ofrecidos por la acusación a cargo de la Procuración General han referido amenazas en sus declaraciones, incluso de los testigos arrepentidos que forman parte del expediente. En algunos casos, grupos familiares enteros de testigos han manifestado ante el Jurado de Enjuiciamiento que en días pasados recibieron amenazas por parte de personal policial y han solicitado ser desistidos en su declaración.

Esto aporta una cuota de gravedad institucional al juicio que se esta desarrollando: un escenario de hostigamientos y amedrentamiento de personas que han sido víctimas de la organización criminal investigada y cuyo testimonio resulta vital para el esclarecimiento de los hechos y la suerte del jury.

El otro elemento sumamente preocupante lo constituye la defensa corporativa llevada a cabo por funcionarios del Ministerio Público Fiscal del Departamento Judicial San Isidro, que incluye a Agentes Fiscales y Fiscales Generales Adjuntos, quienes buscan con declaraciones equívocas y con escasos fundamentos jurídicos, validar prácticas absolutamente ilegales y sumamente lesivas de las garantías y derechos fundamentales, los cuales han sido ampliamente probadas en el expediente judicial en trámite ante la justicia federal que tiene como imputado al Fiscal Claudio Scapolán.

A todo este entramado se sumó hace pocos días, la intención de un grupo de legisladores de suspender el juicio requiriendo el envío del expediente a la Comisión Bicameral de la Legislatura provincial que de forma extemporánea lo pedía con el fin de aplazar el inicio del jury. La iniciativa no prosperó, pero dejó en claro la protección y defensa del fiscal enjuiciado de parte de ciertos grupos políticos que lo sostienen.

Protección corporativa de fiscales, protección de ciertos sectores de la política, amenazas policiales a testigos, testigos que no quieren declarar, policias que cambian sus declaraciones dadas en sede judicial, el juicio político contra el fiscal Scapolán es una bisagra que marcará el destino del poder judicial bonaerense.

Las declaraciones sacan a la luz los entramados mafiosos en la provincia de Buenos Aires que no solo incluyen bandas de narcotráfico integradas u operando conjuntamente con funcionarios de la policía bonaerense –muchos de ellos jerárquicos- sino también fiscales y funcionarios judiciales siendo parte de estos procedimientos escandalosos e ilegales, a lo que se agrega el respaldo político de ciertos legisladores y partidos políticas.

El tribunal del juicio político contra el Fiscal de San Isidro Claudio Scapolán está presidido por la Dra. Ana María Bourimborde e integrado por los conjueces legisladores Senador Juan Pablo Allan (Juntos), Diputado Daniel Andrés Lipovetzky (Juntos), Diputado Walter Carusso (Espacio Abierto Juntos), Senadora Sofía Vanneli (Frente Renovador -Todos) y Diputada María Eugenia Brizzi (Juntos) y los conjueces abogados Dres. Carlos Fernando Valdez, Héctor Benito Mendoza Peña, Carlos Garavaglia, José Manuel Del Cerro y Juan Emilio Spinelli.

En diciembre pasado, por una amplia mayoría de nueve votos a favor y solo uno en contra, este Tribunal admitió la acusación contra Scapolan, el funcionario fue suspendido y solo cobra el 40 por ciento de su sueldo. El único voto en contra de admitir la acusación fue el de la senadora del Frente Renovador Sofía Vannelli.

El poder judicial de la provincia de Buenos Aires se encuentra en un punto de inflexión que definirá su futuro: la impunidad de Scapolán dejara heridos de muerte los principios republicanos de gobierno y dañará gravemente nuestra democracia.

El resultado de este jury esta directamente relacionado con la verdadera decisión política de luchar contra el narcotráfico y las mafias policiales y judiciales que son parte de una trama delictiva compleja. Para que no suceda en la provincia de Buenos Aires lo que sucede en Rosario, se debe empezar con la expulsión de Claudio Scapolán del poder judicial.