El juicio por la Masacre de Magdalena entró en su última etapa de declaraciones testimoniales. En las últimas audiencias, los jueces escucharon al médico que estaba a cargo de sanidad la noche del incendio y a uno de los 17 penitenciarios imputados que quiso declarar. La próxima semana se escucharán los alegatos de las querellas, entre las que se encuentra la Comisión Provincial por la Memoria. 

Andar en la Justicia

(Agencia) Reimundo Héctor Fernández se desempeñaba como secretario de la unidad penal 28 de Magdalena en octubre de 2005. Está entre los 15 acusados de abandono de persona seguido de muerte, y enfrenta una expectativa de pena de entre 5 y 15 años de prisión. Es el segundo imputado que da su versión de los hechos frente al tribunal, la única en hacerlo hasta el momento había sido María del Rosario Roma, quien era por aquel entonces la jefa de la guardia exterior.

En su declaración, Fernández declaró que fue el último en salir y que las puertas estaban abiertas. Explicó que al replegarse caminó de espaldas hacia la salida y aseguró que no se cruzó con ningún obstáculo y que la puerta estaba abierta; pero no vio a nadie más salir después de él. Sin embargo, no supo explicar por qué si el humo era asfixiante y la salida estaba abierta los detenidos no salieron tras ellos.

También declaró que el personal trató de “hacer lo posible” para salvaguardar “la seguridad de todos” pero no pudo describir con exactitud qué maniobras realizaron para sacar a las personas que quedaban dentro del pabellón que se incendiaba. Tampoco recordó quién o quiénes habían quedado a cargo de la puerta y las llaves del pabellón durante el operativo para reprimir la pelea, aunque él fue quien lo coordinó y dio la orden de ingresar.

Estas declaraciones sorpresivas y a último momento de los imputados, se inscriben en una estrategia de la defensa para contrarrestar la contundencia de los relatos de otros testigos de la masacre, como lo han sido las personas que permanecían allí detenidas y que dieron cuenta de la responsabilidad de los agentes en los hechos.

De este modo no sólo pretenden instalar otra versión de los hechos para limitar o eludir sus responsabilidades sino que demuestran, una vez más, el espíritu de cuerpo y la defensa corporativa que las fuerzas de seguridad hacen de si mismas cada vez que deben comparecer frente a un tribunal de justicia por crímenes aberrantes perpetrados en nombre del estado.

El médico

El médico Nicolás Fernández Oliver estaba de guardia, junto a un enfermero, en el sector de sanidad de ella UP 28 la noche del 16 de octubre de 2005. Su testimonio ente el tribunal fue contradictorio respecto de lo que había declarado durante la instrucción de la causa y justificó las diferencias en olvidos por el paso del tiempo.

Lo más llamativo fue que a preguntas del presidente del tribunal, el juez Medrano, admitió haber constatado los fallecimientos “visualmente”. Dijo que sólo atendió a dos internos con problemas respiratorios y mientras realizaban esa asistencia empezaron a ingresar por el pasillo personas que cargaban a otras, sin vida, en mantas. “Tenían signos de estar quemados, olor a que habían fallecido por haber estado expuestos al humo y calor”, describió.

En su declaración quedó en evidencia, al menos, la inacción, falta de recursos y desidia en la atención a la salud y el abordaje de emergencias en el penal. En medio del caos que generó el incendio en la unidad el médico a cargo no intervino en las decisiones respecto de internaciones, derivaciones al hospital o identificación de las personas fallecidas.

Esto ha sido largamente denunciado por la Comisión Provincial por la Memoria y constituye para el organismo una forma de tortura en tanto inflige a las personas detenidas un profundo sufrimiento y forma parte de las condiciones inhumanas que se padecen en el encierro. Cientos de personas privadas de su libertad mueren en los lugares de encierro de la provincia por causas evitables. En el último informe anual presentado por la CPM se señala que fueron 156 las muertes ocurridas en el encierro durante 2016; de las cuales 111 fueron por razones de salud y podrían haberse evitado.

A partir del lunes, el juicio por la masacre de Magdalena entrará en su etapa final. En ese momento se conocerán los alegatos de cada una de las querellas y las defensas. Luego, restará esperar la sentencia.

La masacre de Magdalena es uno de los crímenes más graves de la historia del sistema de encierro en la provincia de Buenos Aires. Por eso, y también porque las condiciones que lo hicieron posible no sólo persisten sino que han empeorado notablemente, es necesario que la justicia avance con un fallo ejemplar que castigue a los responsables materiales y permita avanzar sobre los autores políticos.