Luego que se conociera un audio de WhatsApp en el que el director de Seguridad de la policía provincial le pide a un comisario de Trelew que “trate meter gente en cana”, la Comisión contra la impunidad y por la justicia de Chubut presentó una denuncia penal para que se investiguen los hechos de abuso y violencia policial en el marco de los procedimientos policiales para cumplir con la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Las fuerzas nunca han sido razonables ni han respetado protocolos de actuación, muchos menos en este contexto excepcional donde ni siquiera hay un protocolo vigente”, sintetiza César Antillanca.

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(Agencia) “Zavala, por favor te pido, eh… activá en el centro, ahora… tratá de meter gente en cana. El ministro me está preguntando por qué la Primera no tiene detenidos. Si hay mucha gente… debe andar gente en infracción. Busquemos un poco, de última…lo demoras en el lugar, le haces el acta en el lugar o lo llevás unos minutos a la comisaría”, le decía el comisario general Paulino Gómez al jefe de la comisaría primera de Trelew, Mauricio Zavala.

Luego de que el audio se viralizara la semana pasada, el propio Gómez justificó públicamente su orden aunque presentó su renuncia; sin embargo, el ministro de Seguridad de Chubut Federico Massoni lo ratificó en su cargo sin siquiera ordenar una investigación ni la suspensión provisoria en sus funciones.

Para la Comisión contra la impunidad y por la justicia de Chubut se trató de una instrucción de órdenes ilegales y lo denunció penalmente ante la justicia provincial. “Los funcionarios involucrados estarían instruyendo a sus dependientes para que se ejecute una suerte de cacería de personas, lo que a todas luces excede la legalidad y resulta contrario a nuestra Constitución Nacional y Provincial”, explican en la presentación realizada el pasado 9 de abril.

“Las fuerzas nunca han sido razonables ni han respetado protocolos de actuación, muchos menos en este contexto excepcional donde ni siquiera hay un protocolo vigente. La pandemia exacerbó una cultura de odio que está internalizada en el proceder de las fuerzas de control y represión en la provincia”, expresa César Antillanca de la Comisión contra la impunidad y por la justicia de Chubut.

Además de este punto, la presentación judicial señala también que se investiguen las situaciones de abuso de detenciones llevadas a cabos en el marco de la emergencia sanitaria y el dictado de resoluciones contrarias a la Constitucional nacional. “El grado de incapacidad y el desconocimiento de la normativa legal por parte del ministro de Seguridad es manifiesta. Pero, insisto, se trata de un desconocimiento intencional, una decisión funcional e ideológica de perpetrar esas violencias con un claro sesgo represivo y racista”, agrega Antillanca. En ese sentido, remarca que muchas de las víctimas de estos controles para el cumplimiento del aislamiento son las personas que salen por una cuestión de supervivencia: “El trabajo informal está a la orden del día, hay compañeros que están saliendo a la changa porque no tienen otra alternativa, al trabajar día a día no tienen forma de quedarse en la casa”.

Los hechos de abuso y violencia policial en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio han sido constatados tanto por registros de Defensa Penal Federal, de la Defensoría General por los informes de la propia Comisión y otros organismos como la APDH regional Chubut y CORREPI.

A modo de ejemplo, en la denuncia penal se señalan dos casos que evidencian la discrecionalidad y la arbitrariedad de estos hechos que desconocen la misma normativa: la detención de un comerciante de Trelew cuando volvía a su hogar dentro del horario de circulación permitida y la detención y el secuestro del automóvil del secretario general del Sindicato de salud provincial cuando regresaba de cumplir tareas como enfermero del Hospital de Trelew. Este último procedimiento en la vía pública se realizó con la presencia del propio ministro Massoni y haciendo caso omiso del permiso que le permite circular por pertenecer al personal de salud.

“Nos encontramos en una situación excepcional de emergencia sanitaria a raíz del COVID 19 y las medidas de restricción y aislamiento dispuestas desde el Gobierno Nacional, pero que de ningún modo aniquila la democracia ni el estado de derecho vigente en ella, y mucho menos permite que se avasallen derechos ni se cometan abusos de ninguna índole”, sintetizan en la denuncia penal desde el organismo.