En un contexto de recorte y achicamiento de las políticas públicas para la agricultura familiar, el Ministerio de Agroindustria relanzó un programa de asistencia técnica que excluye a los pequeños productores migrantes. La decisión desconoce la realidad del sector donde, día a día, una gran cantidad de familias productoras de origen de países limítrofes garantizan la producción de hortalizas en los cordones verdes de todas las provincias. La Unión de Trabajadores de la Tierra en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular denunciará al Ministerio ante el INADI por discriminación. Esta medida, a pocos meses del decreto de reforma de la ley de migraciones, vuelve a avanzar contra las garantías constitucionales y los derechos de las personas migrantes.

ANDAR en las quintas

(Agencia) La resolución 249-E/2017 del Ministerio de Agroindustria, que relanzó Cambio rural —un programa que brindaba asistencia técnica para pequeños y medianos productores—, define que para ser beneficiario debe ser “nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo”. “Es una cuestión completamente irracional, desprovista de todo concepto, porque esta producción está casi totalmente provista por trabajadores migrantes”, señala Nahuel Levaggi, referente de la Unión de Trabajadores de la Tierra en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (UTT-CTEP). En el último mes, 780 grupos de pequeños productores se dieron de baja del programa.

La medida no es sólo irracional porque desconoce la realidad del sector productivo: es más grave aun porque resulta a todas luces discriminatoria. “Todo este entramado es parte de un proceso más amplio de profundización del odio, la xenofobia y la estigmatización negativa de los sectores populares que luchan por sus derechos”, denunciaron en un comunicado desde la UTT-CTEP. “La concepción del campo que tiene el Ministerio es clara: sólo piensa en los grandes productores de granos y todo lo otro parece no existir”, agregó Levaggi.

La discriminatoria resolución ministerial se publica algunos meses después del decreto de necesidad y urgencia 70/2017 que consagró un mecanismo para la criminalización y deportación. En ese momento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció, ante los distintos poderes del Estado, que la reforma era inconstitucional porque restringía derechos garantizados por ley, invocando una situación de necesidad y urgencia que no se acreditaba. En líneas generales, el decreto equipara la condición de migrante a la de delincuente y vulnera la garantía del debido proceso.

Mientras este decreto sigue vigente, la nueva medida del Ministerio de Agroindustria profundiza una línea política xenófoba y discriminatoria que vulnera a los sectores migrantes y atenta contra el desarrollo de su principal rama de actividad: la producción hortícola. “La quita de esta asistencia técnica significa menos recursos para producir y obtura la presentación de nuevos proyectos de economía popular en el sector quintero”, explica Levaggi.

Es decir, como expresa el comunicado de la UTT-CTEP, se excluye y discrimina al enorme sector de familias productoras de origen de países limítrofes que día a día garantizan la producción de hortalizas en los cordones verdes de todas las provincias. Sólo basta con dar una vuelta por las zonas quinteras para darse cuenta que la sociedad consume verduras diariamente gracias a esas manos, que en gran parte no nacieron en este país. Familias que en algunos casos hace más de 30 años que están produciendo alimentos.

Esta resolución se da en el marco de otros recortes de las políticas hacia el sector de los pequeños productores. “El presupuesto para el programa Cambio Rural ya se venía subejecutando. Al mismo tiempo, la Secretaría de Agricultura Familiar está desfinanciada, el monotributo social agropecuario, que significa una política positiva porque le permitía a los pequeños productores acceder a derechos sociales como jubilación y obra social, también está detenido”, aclara el referente de los trabajadores de la tierra.

El desfinanciamiento de estas áreas y el recorte de políticas públicas para pequeños y medianos productores terminan por agravar la crítica situación que viene atravesando el sector de la agricultura popular. “En los últimos tiempos, mediante los verdurazos hemos dado a conocer la realidad de miles y miles de familias quinteras; realizamos muchas propuestas para lograr mejores condiciones de vida, y en vez de dar respuesta a esto, el Ministerio de Agroindustria lanza políticas discriminatorias”, sentencia la declaración de la UTT-CTEP. Y adelanta que denunciará al Ministerio ante el INADI por discriminación.

Al tomar conocimiento de esta situación, y en el marco del trabajo que se viene realizando con la comunidad migrante, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) acompañará el reclamo de la UTT-CTEP y realizará presentaciones a los fines de poder revertir el carácter regresivo y discriminatorio de esta política ministerial.