Yanina González está siendo juzgada por abandono de persona luego del asesinato de su hijita de 2 años. Ella no está acusada por el asesinato de Lulú pero hace dos años que está con prisión preventiva; su ex pareja, Alejandro Fernández, es el único imputado por la muerte de la niña y se encuentra en libertad. No hay una investigación que avance y esclarezca qué pasó en esa casa donde ambas mujeres, la madre y su hija, fueron víctimas de violencia de género. La CPM se presentó como veedora del proceso

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(Agencia) Yanina González es una joven de 23 años muy pobre y con retraso madurativo que se encuentra privada de su libertad desde el 13 de junio de 2013 luego de ser detenida en la Comisaría de la Mujer de Del Viso, en el noroeste del conurbano bonaerense, acusada por abandono de persona seguido de muerte de su hija Lulú. La niña de dos años y medio perdió la vida como consecuencia de la golpiza que le habría dado Alejandro Fernández, que en aquel momento era la pareja de su madre. Yanina estuvo detenida desde el primer momento y luego presa esperando el juicio oral; Fernández, sospechado del asesinato de Lulú y con denuncias previas por violencia contra niños y mujeres, goza de total libertad.

Yanina está siendo juzgada por el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de San Isidro, a cargo de los jueces Lino Mirabelli, Esteban Andregin y Agustín Gossn; la fiscal que lleva adelante la acusación, Carolina Carballido Catayud -curiosamente a cargo Fiscalía Especializada en Violencia de Género con sede en Derqui- no tuvo en cuenta en su alegato el contexto de violencia que signaba la relación entre ambos y el retraso madurativo que padece Yanina. Además, esta misma funcionaria judicial es la que inició paralelamente la investigación por el asesinato. La causa, virtualmente paralizada, se tramita ante otro tribunal pero la fiscal no informó esta situación a los jueces en obras ni a las partes implicadas.

Luego de tres jornadas de debate y lectura de alegatos, la fiscalía solicitó una pena de 6 años y 7 meses (la mínima condena en este tipo de delitos). Un espacio físico muy reducido -8 personas incluyendo a los medios de prensa- y la percepción de múltiples irregularidades motivó que la Comisión por la Memoria (CPM) presentara hoy un escrito detallando algunos pedidos concretos al Tribunal de cara a la lectura de la sentencia citada para el próximo miércoles 11 de marzo a las 10  hs en los Tribunales de San Isidro.

Margarita Jarque, directora del Programa de Litigio Estratégico de la CPM, puntualizó a esta agencia: “Al igual que los casos de Soledad Gudiño y Reyna Maraz Bejarano, la CPM ha intervenido en su acompañamiento: se trata de mujeres pobres y víctimas de violencia de género – entre otras múltiples vulneraciones de derechos- que mediante el accionar de la justicia terminan re victimizadas al ser colocadas como victimarias: prisioneras, acusadas y, muchas de ellas condenadas. Jueces y fiscales, en la inmensa mayoría de los casos, carecen de perspectiva de género y de derechos humanos, desconociendo de este modo la obligación estatal de respetar pactos, tratados y convenciones internacionales que no ceden frente al derecho penal interno”.

“Además de crear las fiscalías especializadas en género, el Estado debe controlar su funcionamiento. En el caso de Yanina, la fiscal Carolina Carballido Callatayud durante los alegatos mencionó sólo una vez la expresión ‘violencia de género’ para rápidamente reemplazarla por ‘violencia doméstica’, además de mostrar en todo momento una profunda animosidad en una causa plagada de irregularidades como denuncia la abogada de la defensa, todas ellas tendientes a perjudicar a la víctima hoy acusada”.

“El alegato de la defensa marcó las irregularidades de la fiscalía, muchas de ellas muy graves, tal como el inicio de actuaciones diferenciadas por el mismo hecho, en cuanto a Yanina en relación a Fernández, sin que la imputada ni su defensa en esta causa tuviera conocimiento, lo que implicó el pedido de encuadramiento de estafa procesal”.

“En relación al Tribunal hay que puntualizar que no se dio lugar a una publicidad efectiva y real de este juicio, dado que la sala de audiencias tenía lugar sólo para ocho personas del público incluyendo los medios de prensa y organizaciones. Por otra parte, la magnitud del operativo policial que había en la puerta del edificio donde se realizaba la audiencia, y que fue sostenido durante todos los días del juicio, es una actitud provocativa hacia los manifestantes que apoyan y denuncian la situación de Yanina”.

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