Al cumplirse 8 años de la masacre de Magdalena, en la que perdieron la vida 33 detenidos, la Comisión Provincial por la Memoria reitera el pedido de justicia, denuncia que muchas de las condiciones que originaron la masacre aún persisten, y refuerza el reclamo a los poderes del estado para que se modifiquen las condiciones estructurales del sistema penal-penitenciario.

El sábado 15 de octubre de 2005, en horas de la noche, 33 de 58 detenidos que se encontraban hacinados en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, murieron asfixiados y quemados.

Esa noche se produjo una pelea en el interior del pabellón 16, que fue la excusa para el personal del Servicio Penitenciario y personal de la División Canes para meterse al pabellón portando escopetas con munición anti tumulto. En esas circunstancias, algunos detenidos iniciaron un foco de fuego en el sector de las últimas camas, y se propagó rápidamente en su interior. Ante ello, los agentes penitenciarios se replegaron y procedieron a cerrar la puerta que divide el sector de la oficina de vigilancia y el pasillo que conduce al patio de recreo. No obstante la situación de peligro cierto que corrían la vida de las personas privadas de su libertad y la obligación legalmente impuesta a los agentes penitenciarios de salvaguardar su integridad física, no abrieron la puerta delantera para habilitar la salida de las personas que se hallaban en el interior, privándolos del auxilio necesario para sobrevivir.

La causa penal iniciada transitó por los laberintos del Poder Judicial; luego de diversos planteos de los querellantes -entre ellos la CPM- respecto a los sobreseimientos y la calificación menor dispuesta en la instancia de apelación, se encuentra a la espera de la fijación de la fecha del juicio oral por el delito de abandono de persona seguida de muerte.

Tal como expresáramos en los diversos informes presentados ante autoridades provinciales y nacionales y en el marco de la causa penal, lo ocurrido el 15 de octubre de 2005 en la Unidad 28 de Magdalena no fue un episodio azaroso, sino que tuvo condiciones objetivas y responsabilidades individuales y políticas que lo hicieron posible. La superpoblación, la ausencia de medidas de seguridad y la acción concreta de quienes decidieron mantener encerrados a los detenidos del pabellón 16 integran el conjunto de acciones que causaron las muertes. No se trata de situaciones aisladas sino de condiciones estructurales del sistema penitenciario y de la realidad del sistema penal provincial, que fomentan y convalidan condiciones de detención que suponen la tortura sistemática.

Los muertos de la masacre de Magdalena reflejan que el sistema penal-penitenciario presenta como rasgo estructural su carácter clasista. En este sentido, es dable destacar que las víctimas eran mayoritariamente jóvenes pobres que se encontraban con prisión preventiva por delitos contra la propiedad. Este clasismo implica a su vez una jerarquización de las víctimas que determina la respuesta política y judicial; el mantenimiento en el cargo de los máximos responsables políticos al momento del hecho y las demoras del Poder Judicial en la resolución de la causa son datos concretos que avalan esta afirmación.

A ocho años de la masacre, ya no hay colchones de goma espuma en las cárceles pero se mantienen condiciones estructurales que hacen pensar en la posibilidad de que un hecho similar ocurra: superpoblación, hacinamiento, instalaciones eléctricas deficientes, ausencia de protocolo y entrenamiento del personal, falencias en los sistemas para combatir incendios, candados como mecanismo de cierre de puertas, deficientes salidas de emergencia.

Asimismo, los poderes del estado siguen orientando sus intervenciones a la persecución de los eslabones más débiles de la cadena del delito, omitiendo el desarrollo de políticas públicas que, en base al respeto irrestricto de los derechos humanos, avancen en el control de los mercados ilegales y se comprometan con el abordaje de los conflictos sociales.

Este modelo sigue fomentando que las cárceles sean el depósito de los pobres, y profundiza una realidad en la que el estado omite su deber de garante de los derechos y se constituye en victimario.