La directora del programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad, de la CPM, explicó ante los magistrados del TOF 1 de La Plata el rol de DIPPBA sobre La Cacha y la confluencia y organización de las agencias de inteligencia de la dictadura

ANDAR en los juicios

(Agencia) Durante la audiencia del juicio La Cacha realizada el viernes 4 de julio, la directora del programa Justicia por Crímenes de Lesa Humanidad, Claudia Belingeri, realizó una exposición técnica ante los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata acerca del cuerpo documental que la CPM aportó al expediente judicial como material probatorio, a partir de los legajos, fichas personales e informes oficiales que la exDirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –DIPPBA- confeccionó, durante los años 70, sobre las víctimas de la represión, secuestradas y mantenidas en cautiverio en el CCD La Cacha.

Belingeri: “En el archivo de DIPPBA hay alrededor de 350.000 fichas de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”. FOTO: Helen Zout

Luego de aclarar que la organización, clasificación y preservación de los documentos del archivo de la exDIPPBA fueron cedidos por ley provincial a la CPM en el año 2000, la testigo explicó que el material en custodia registra no sólo las acciones de la agencia de inteligencia policial bonaerense sino también las de otros organismos de inteligencia de la dictadura como resultado de la planificación de lo que se conoce como “comunidad informativa”.

“Una línea fundamental del informe que presentamos desde la CPM ante este tribunal radica en que se muestra cómo estaban integrados los servicios de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Y sobre La Cacha, específicamente, demuestran que allí confluyeron la Armada, El Ejército, la Policía bonaerense, la Federal y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Esta idea de las multifuerzas dentro del CCD es necesario destacar para comprender cómo se estructuró la represión”, indicó Belingeri.

Acerca de los documentos aportados a la causa, describió un plano o croquis realizado por un comisario de Melchor Romero, cuyo valor reside en que el autor del boceto era parte del poder estatal y que conoció la existencia de La Cacha en la época en que el CCD estuvo operativo.

Asimismo, señaló que a partir de la aplicación de las directivas del Ejército 404/75 y 405/76, el territorio argentino se dividió en cinco zonas integradas por distintas agencias de inteligencia. Estas zonas estaban al mando de cuerpos del Ejército. Con respecto a la Provincia de Buenos Aires, formó parte de la zona 1 y tuvo el comando de tres cuerpos de Ejército.

Belingeri agregó que la parte norte de la Provincia fue parte del Primer Cuerpo, y se dividió a su vez en subzonas. De allí que La Cacha formó parte de la subzona 11, área 113, a cargo del Regimiento 7 de infantería del Ejército: “Esta zonificación fue muy importante porque establecía que la función operativa central fuera la de inteligencia. Todas las fuerzas que se integraron en este esquema lo hicieron en función de la idea de comunidad informativa, que planificaban los secuestros y posterior desaparición de las víctimas. Ambas directivas establecen claramente que la responsabilidad primaria de la ejecución del programa represivo era del Ejército, y que para poder desarrollarla en términos operativos debían realizarse tareas de inteligencia a través de las distintas fuerzas”.

[pullquote]La testigo explicó cómo interactuaban la Armada y el Ejército entre sí y con la DIPPBA  [/pullquote]

Del mismo modo que en el Ejército, la directora del Programa de la CPM explicó que la Marina también organizó un plan operacional interno. Ese plan dividía a la Argentina en zonas, en fuerzas de tareas y grupos de tareas: “Las fuerzas de tareas tenían un territorio bastante amplio, hubo alrededor de 15 en todo el territorio nacional, y la que nos interesa a nosotros es la número 5, que  abarcó la zona de Berisso, Ensenada y La Plata. Todos los acontecimientos que sucedieran en ese territorio iban a estar bajo la órbita de la fuerza de tareas 5, que se hacía llamar también Agrupación Río Santiago”.

“Estaba integrada por el Liceo Naval, el Hospital Naval Río Santiago, el Batallón de Infantería Naval –BIN 3-, la Prefectura naval de La Plata, y el Centro de Incorporación y Formación de Conscriptos de Infantería de Marina. Como todas las fuerzas tendrían una agencia de inteligencia, la Marina tenía la división de contrainteligencia de la Escuela Naval Militar. Esta fue la estructura de la represión de la Marina en esta zona. Hay muchos legajos en la DIPPBA sobre la intervención de la Marina en La Plata, Berisso y Ensenada”, agregó la testigo.

El defensor Juan Losino (derecha) quiso interrogar a la testigo en base a declaraciones periodísticas de 2004. Las preguntas fueron rechazadas por el tribunal. FOTO: Helen Zout

¿Cómo interactuaban la Armada y el Ejército entre sí y con la DIPPBA? De acuerdo al repaso documental que realizó Belingeri ante los magistrados, desde el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército con sede en la Plata –calle 55 entre 7 y 8- se solicitaba a la dirección de inteligencia policial información relativa a determinados estudiantes, activistas gremiales o cuadros políticos que luego era utilizada para la concreción de los secuestros.

“En la Mesa B del archivo, legajo 133, consta que la DIPPBA envió al Destacamento 101 una lista de delegados y activistas de Swift. Ese legajo es muy amplio y describe cómo funcionaba la fábrica. Dentro de DIPPBA, la Mesa B estaba destinada a la persecución de activistas y perturbadores gremiales, como ellos los llamaban. Por lo tanto, esta Mesa es muy amplia, y allí aparece esta vinculación con el Destacamento 101”, explicó la testigo.

También mencionó otro documento, de abril del 76, apenas iniciada la dictadura: “Se intervienen todos los sindicatos y el de la carne se interviene en abril. En DIPPBA queda registrada esa intervención. Se hace presente en el sindicato el jefe coordinador del área 5 de Marina, con autoridades navales del BIN 3. Estas personas se hacen cargo de la intervención del sindicato”.

Es decir, la exDirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia no sólo producía sus propios partes, legajos e informes sino que también recibía encargos por parte de las fuerzas armadas y unificaba información recolectada por otras agencias de inteligencia.

[pullquote]la Policía de la Provincia no sólo producía sus propios partes, legajos e informes sino que también recibía encargos[/pullquote]

Avanzada la declaración de Belingeri, ocurrió, como en anteriores oportunidades, una intervención del defensor Juan Losino que llamó la atención del presidente del tribunal y que terminó siendo negada por improcedente. En efecto, Losino dijo a la testigo: “Señora, no la conocía, la encontré sólo una vez reclamando en el juzgado de Blanco porque no le aceptaban unos archivos que usted proponía para la causa. Esa vez usted estaba enojada y yo también…  ahora quisiera preguntarle sobre una nota periodística del 2004 en la que usted se refiere al archivo DIPPBA… usted dijo en aquella ocasión que ‘estos documentos que han servido para el mal hoy sirven para el bien’, ¿Es así?”

Antes de que se produjera la respuesta, Rozanski se adelantó: “Este tribunal en ningún momento investigó ni investigará a los testigos, por lo que de ningún modo voy a permitir que usted lo haga. Las preguntas que quiere hacer a la testigo son absolutamente impertinentes con respecto a los motivos por los cuales ella está aquí hoy. Si usted tiene algún problema personal o profesional, está en su derecho de hablarlo con ella en el lugar que corresponda y fuera de esta audiencia. Pero aquí, por supuestos dichos a medios periodísticos, no puede hacerlo”.

Pasado el episodio del defensor Losino, Belingeri retomó con la última parte de su exposición: explicó la persecución de la dictadura en fábricas del cordón industrial de La Plata, Berisso y Ensenada, especialmente el seguimiento y los secuestros realizados contra trabajadores del frigorífico Swift; el fraguado de supuestos enfrentamientos mediante el cual se pretendía ‘blanquear’ los asesinatos de los capturados en La Cacha; y las formas en que DIPPBA realizaba la persecución de los ciudadanos.

[pullquote]Toda la información relevada sobre cada víctima es previa al secuestro en La Cacha, aseguró Belingeri [/pullquote]

Sobre lo último, detalló: “De cada víctima se consignaba información sobre la edad, actividad política de la persona, nombre y datos personales, si era estudiante, trabajador o gremialista. Algunas víctimas aparecen en dos o más legajos. Lo importante es que la DIPPBA perseguía a las personas por sus actividades. Lo que ponía en juego la persecución era que la persona activaba en un gremio, en la universidad o en algún barrio”.

“Toda la información relevada sobre cada víctima es previa al secuestro en La Cacha. Lo que hace la inteligencia es disponer de los datos de cada uno para luego utilizarla en el secuestro y cautiverio de la víctima. En el archivo de DIPPBA hay alrededor de 350.000 fichas de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, concluyó Belingeri.